POR MARIELA CASTAÑÓN
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De acuerdo con el informe “Señales de una Crisis. Desplazamiento Forzado Interno por Violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, 2018”, existe un vínculo entre la incapacidad de los Estados de proteger a la población y la falta de voluntad de hacerlo, traducida en corrupción e impunidad. El informe señala que la corrupción se convierte en un conductor de desplazamiento forzado interno en los países del Triángulo Norte centroamericano.
El estudio fue realizado por diferentes organizaciones de la sociedad civil con presencia en Guatemala, Honduras y El Salvador, a través del Sistema de Monitoreo de Desplazamiento Interno, causado por violencia generalizada.
“Además de incluir estadísticas y análisis de casos registrados directamente por las organizaciones mencionadas (1 mil 946 personas), se abarcan registros, cifras y análisis sobre la situación de las víctimas en los tres países”, se explicó en un comunicado de prensa.
Ely María Zea, coordinadora nacional de Cristosal (una de las organizaciones), indicó que con este estudio pretenden visibilizar el desplazamiento forzado interno y reflejar que las personas están huyendo por miedo.
DETONANTES, AGRESORES Y PERFILES
De acuerdo con el estudio, los tres países son afectados por homicidios, extorsión y amenazas. Los detonantes similares de desplazamiento en estos países son: amenazas, extorsión y narcotráfico.
Los agentes agresores de ese desplazamiento son las pandillas, agentes de Estado, grupos empresariales, finqueros, individuos o civiles, narcotráfico y crimen organizado.
Por otro lado, sobre el perfil de las víctimas se detalló que en Guatemala y Honduras se identificó a la población indígena, como uno de los grupos que sufren desplazamiento, “en ambos países este desplazamiento está causado por los desalojos de terrenos vinculados a megaproyectos, debido a la riqueza de los recursos naturales de las zonas de asentamientos de estos grupos”.
Además, en Guatemala y El Salvador también se identificó que las familias pobres son otro grupo social afectado por el desplazamiento forzado por violencia.
RECOMENDACIONES
El informe señaló que es necesario evaluar el impacto de las políticas de seguridad que implementan los Estados, superando el enfoque punitivo que les ha caracterizado y asegurar el enfoque de derechos humanos.
Además, destacó que la ausencia del Estado como titular de las obligaciones en materia de derechos humanos e inactividad o insuficiencia de instancias estatales para la atención y protección a víctimas de violencia, desemboca en migración irregular de las personas.
