POR MARIELA CASTAÑÓN
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Un total de 1 mil 680 personas están detenidas en trece cárceles públicas o de la Policía Nacional Civil (PNC), que se ubican en al menos ocho departamentos, según el Ministerio de Gobernación (Mingob).
De acuerdo con información requerida por la Unidad de Información Pública, de las personas detenidas en comisarías, 1 mil 557 están en prisión preventiva y 123 en cumplimiento de condena.
En prisión preventiva, hay 1 mil 503 hombres y 54 mujeres, mientras que en cumplimiento de condena están 121 hombres y 2 mujeres.
Las cárceles públicas se ubican dentro de comisarías ubicadas en los departamentos de Jutiapa, Jalapa, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y Baja Verapaz.
Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), opinó que la Constitución es clara en relación a que institución debe atender el tema carcelario, en función de la rehabilitación. En este caso hay transgresión de la Ley, porque la normativa no demanda la rehabilitación en cárceles públicas.
El entrevistado dijo que han evidenciado la debilidad existente, sin embargo, las autoridades no han hecho el traslado de las personas detenidas en las cárceles de la PNC al Sistema Penitenciario (SP).
“Es una debilidad que se ha venido señalando y hasta ahora las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario no le han dado respuesta; debe ser un tema de coordinación con la Policía Nacional Civil para el traslado de la administración de las personas que están sujetas a prisión preventiva o cumplimiento de condena -en una cárcel pública-”, explicó Franco.
A criterio del entrevistado, se debe diversificar la respuesta para evitar la prisión preventiva, pero también debe existir un sistema que responda adecuadamente y que garantice que no habrá peligro de fuga de las personas sindicadas.
SIN INTERÉS POR CÁRCELES PÚBLICAS
Han transcurrido varios años, sin que ninguna administración de Gobierno presente una hoja de ruta o un plan para trasladar a las personas en cárceles de la PNC a las del SP.
En las gestiones de los exministros de Gobernación, Mauricio López Bonilla y Francisco Rivas, se hicieron las consultas sobre si existía un plan para atender esta problemática, pero ninguno de los dos implementó una estrategia o respuesta.
Esta mañana se consultó Fernando Lucero, portavoz del Mingob en la gestión actual (de Enrique Degenhart), pero al cierre de esta nota no fue posible obtener respuesta.
