Por CHRISTIAN GUTIÉRREZ
cgutierrez@lahora.com.gt
Miembros del Parlamento Europeo enviaron una carta dirigida al presidente Jimmy Morales y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, en la que manifestaron que lamentan la decisión de su gobierno de declarar por finalizada la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al tiempo que instaron al Presidente, a la canciller y al ministro de Gobernación a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
“De manera particular nos preocupa las medidas tomadas para impedir la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG; los señalamientos negativos públicos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos” indican en la carta.
Asimismo, muestran preocupación por la decisión del Ejecutivo de ignorar las decisiones de la misma CC “consideramos que tales hechos socavan la separación de poderes y ponen en entredicho los avances hechos en el combate a la impunidad y la corrupción en el país”.
“Nos preocupa sobremanera que las declaraciones negativas públicas del Ejecutivo, dirigidas también a entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, pudieran traducirse en intimidaciones y ataques directos a la seguridad de estas personas” mencionan en el comunicado.
Los parlamentarios indicaron que este clima, junto a otros graves problemas del Estado guatemalteco, ha permitido que en 2018 se produjesen 26 asesinatos contra personas que defienden derechos humanos.
“Por estas razones, lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por finalizada la labor de la CICIG de forma unilateral. Lamentamos igualmente la orden de expulsión contra sus empleados emitida el lunes 7 de enero y el llamado el mismo día, por parte del Sr. Presidente Jimmy Morales, a denunciar personas de la sociedad civil, que según él cometieron actos violatorios por oponerse a las medidas tomadas por el Ejecutivo en relación a la CICIG” añade la misiva.
“Por lo anterior, hacemos un llamado a todos los poderes del Estado guatemalteco a hacer lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el funcionamiento democrático” agregaron.
Por ello instan particularmente al presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Gobernación a acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y otros juzgados que han ordenado el respeto al Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, así como a resguardar la integridad física y psicológica de todas las personas empleadas por la CICIG.
“Finalmente como diputadas y diputados reiteramos nuestro compromiso con la lucha contra la impunidad y la corrupción como elementos centrales para mejorar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y, consecuentemente, la situación general de los derechos humanos en el país”, finaliza la carta.
Los parlamentarios firmantes de la misiva son: Josep-Maria Terricabras, Molly Scott, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Tania González, Estefanía Torres, Miguel Urbán, Xabier Benito y Lola Sánchez.
