Víctor Ferrigno F.
Ayer, el Pacto de Corruptos reeligió a Álvaro Arzú Escobar, a Felipao Alejos, a Galdámez, y a una caterva de impresentables, para terminar de hundir al Congreso de la República, desde su Junta Directiva. Los tres mencionados representan la alianza de empresarios venales, politicastros corruptos y genocidas impunes, que han respaldado el golpe de Estado técnico que Jimmy Morales gestó, al ignorar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los diputados de oposición, incapaces de fraguar alianzas y enfrentar a los corruptos, optaron por retirarse del Palacio Legislativo. Afuera, la sociedad civil, representada por el estudiantado universitario, intentó una débil protesta, reclamando el financiamiento constitucional para la Universidad pública. Evidentemente, la impunidad de los corruptos es proporcional a la debilidad ciudadana.
El Congreso de la República es, por excelencia, el ente fiscalizador del Estado. A él le corresponde verificar que el Ejecutivo respete la independencia y división de poderes, se apegue al régimen de Derecho y cumpla con las garantías políticas, económicas, culturales y sociales que la Constitución nos otorga.
Esta insustituible función fiscalizadora es la que se ha puesto en entredicho con los desmanes del Pacto de Corruptos y su negativa a permitir que Jimmy Morales sea enjuiciado. Los responsables deberán ser procesados penalmente, pero eso no le devolverá la credibilidad a un Congreso cuya honorabilidad ha quedado en entredicho.
Asumiendo que el Congreso debería ser el gran fiscalizador de los programas y de los actos de gobierno, la pregunta obligada es ¿quién le cuenta las costillas al Congreso? En este caso la respuesta es clara: los diputados deben ser fiscalizados por los electores y por la prensa.
En las actuales condiciones, con una legislatura dominada por el crimen organizado, la única solución plausible es depurarla, lo cual requeriría de una ciudadanía consciente, organizada y con un planteamiento claro y unitario, lo cual no existe. Por ello, si no actuamos, es previsible que los diputados infectos seguirán revolcándose en su porquería, y de inicio un nuevo proceso electoral, huérfanos de programas, auténticos partidos y candidatos con talla de estadistas.
Estuardo Galdámez, el diputado-kaibil, junto a su clica, cabildea una reforma constitucional para abolir la CC y seguir gozando de impunidad; pretenden que la reforma se consulte junto a las elecciones generales del año entrante.
En respuesta, acompañando cinco mil firmas, deberíamos solicitar que en la consulta popular se pregunte si hay acuerdo que esta legislatura cese en sus funciones, aunque sea unos meses antes de fenecer su período, para evitar que puedan ser reelectos, por carecer de idoneidad o, por lo menos, frenar la maniobra contra la CC.
En 1993, en el marco de la crisis del Serranazo, mediante una opinión consultiva la CC determinó la ruta para una depuración legal del Congreso, estableciendo que se podía acortar el período de una legislatura, efectuando una Consulta Popular, al amparo del Artículo 173 constitucional. Si el pueblo soberano la aprobaba, dijo, los diputados deberían renunciar y, lógicamente, se debería convocar a una nueva elección.
Las rutas constitucional y social están trazadas, lo que hace falta es sacudirse la modorra y decidirse a construir un futuro democrático.
