POR REDACCIÓN LA HORA
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) informó que 20 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que prestaban seguridad a ese ente internacional fueron retirados, una decisión que fue lamentada por el comisionado Iván Velásquez.
En un comunicado, se informó que el pasado 4 de julio la CICIG recibió un oficio por parte de la PNC, firmado por el subinspector de Policía, Hugo Leonel Barrera Girón, en el cual se informa que el comisario Wilson Petronilo López Maldonado, jefe de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC “ordena se reconcentra a esa División 20 Agentes de la Policía Nacional Civil, de los 45 asignados a la seguridad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG”.
Además, el pasado 26 de junio, el Comisionado Iván Velásquez recibió el Oficio N° 1218-2018 por parte de la PNC, con fecha 25 de junio de 2018, en el cual se denegaba la solicitud de 26 nuevos agentes de Policía que se realizara por parte de la Comisión en diciembre de 2017, y reiterada en febrero y marzo de 2018.
Velásquez respondió a estos oficios el jueves 5 de julio en el que lamentó “profundamente” que la cooperación que el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a prestar en cuanto a seguridad y protección del personal de CICIG, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio, se vea ahora limitada y confía que estas decisiones adversas sean reconsideradas.
Como lo solicitó la PNC, Velásquez dispuso ayer que queden a disposición de la institución policial los 20 agentes reclamados.
En el comunicado la CICIG señaló que continuará trabajando en función del mandato referido en el Acuerdo entre el Estado y las Naciones Unidas, en apoyar al Ministerio Público (MP), la PNC y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS).
Reiteró que seguirá trabajando en las recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los CIACS y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin.
