POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Una investigación realizada por la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y Madres Angustiadas, organizaciones que conforman el Movimiento Pro Justicia, señaló como uno de los principales retos para el sistema de justicia de Mayor Riesgo en el país, la falta de infraestructura apropiada en el Organismo Judicial (OJ) y la promoción de una gestión judicial adecuada para agilizar los distintos procesos penales.
El estudio concluyó que la infraestructura del OJ que es utilizada para tramitar los casos de Mayor Riesgo es “deficiente” y no cuenta con las condiciones adecuadas para resguardar la integridad de los sujetos procesales (abogados, sindicados, jueces, etcétera).
“Hay deficiencias en servicios básicos y no se cuenta con salas con la capacidad suficiente para la celebración de audiencias simultáneas”, señala el estudio.
Asimismo, se indica que estas deficiencias “contribuyen a retrasar los procesos penales “y agravan los riesgos de seguridad”.
Lilia del Río, analista jurídica de FADS, explicó que otro de los hallazgos fue que los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo no cuentan con un reglamento o una guía de conducta que rija cómo deben intervenir los sujetos procesales en las audiencias.
En el cuerpo del informe final se incorporó una tabla de buenas prácticas en las audiencias que ayudan a agilizar los procesos y se contrastó con conductas que tienden a entorpecer los procesos.
Según el estudio, en un modelo ágil, los jueces son puntuales para presentarse a la audiencia a la hora señalada y, previamente, su personal auxiliar revisó que todos los sujetos involucrados en el proceso estén presentes. Por otro lado, en un modelo de gestión “dilatorio” el juez llega más de una hora tarde a la audiencia y su personal aún no ha verificado la presencia de las partes.
Asimismo, se señala al litigio malicioso como una práctica que “retrasa” los procesos, afectando a la administración de justicia.
También se hizo alusión a la constante suspensión de audiencias en los distintos juzgados y tribunales. “Generan un desgaste significativo para el sistema de justicia y un desperdicio de los recursos”, se lee en el informe.
