POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Al respecto, la Cámara del Agro señaló que la política agraria contradice un modelo de desarrollo económico y social sostenible y con visión de largo plazo que beneficie y contribuya a la mejora de la calidad de vida de los guatemaltecos; poniendo en riesgo la certeza jurídica y enviando señales negativas a los inversionistas en detrimento del empleo y la competitividad del país.
Además la Camagro indicó que la misma tendría un efecto en el incremento de la burocracia estatal y en consecuencia un aumento en el presupuesto de funcionamiento, incrementando la conflictividad y la ingobernabilidad en el país.
Por su parte, para el analista Álvaro Pop, el lanzamiento de la Política Agraria constituye un avance importante y significativo para el país, esperando que realmente estuviera hecha para que el sujeto priorizado, que es el campesino, tenga también características de pertenencia cultural, es decir, el sujeto priorizado campesino e indígena que habita en distintas regiones de Guatemala.
“Esperaría que esta política sea capaz de empoderar a la mujer rural porque el potencial de desarrollo para el país que tienen las mujeres rurales es enorme… También que la política sea capaz de luchar contra los mecanismos clientelares que los últimos Gobiernos han implementado en el agro, tanto en la entrega de los fertilizantes como el otorgamiento de tierras, créditos y capacitaciones”, dijo Pop.
