Por Douglas Cuevas
dcuevas@lahora.com.gt
Analistas y conocedores del derecho penal consideran como factor clave para mostrar transparencia en el proceso de antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú, que el expediente avance con normalidad y no sea retenido.
Por cuestiones de trámite tras la recepción de la denuncia el sistema traslada la misma a un Juzgado de Primera Instancia, que debe de remitirlo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el nombramiento de una Sala Penal o Corte de Apelación, que confirmará o revocará la inmunidad al Alcalde, en caso se le dé tramite a la denuncia.
Por tal razón esos pasos deben de ir apegados a los tiempos de ley, de lo contrario podrían generar dudas en la población guatemalteca, según los entrevistados.
Christian Castillo, analista político, estima que el papel del juez encargado del proceso de pesquisas será crucial.
“Hay algunas experiencias de las que hay que aprender, sobre todo del reciente antejuicio por declaraciones de incidencia a la violencia, primero habría que quitar la posibilidad que se recusara el juez, (la CSJ debe elegir un pesquisidor) alguno que no pueda ser señalado de conflicto de intereses”, puntualizó.
Por su parte Álvaro Montenegro, integrante del movimiento Justicia Ya, estima que lo mejor es que el caso avance, para evitar desconfianza social.
“Esto debe resolverse lo más rápido posible y no prestarse a argucias legales que entrampen el proceso, esto puede darse de la forma más ágil posible y no prestarse al litigio malicioso que seguramente hará el Alcalde”, dijo Montenegro.
Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, señaló que el caso de Arzú debe apegarse a la ley, “ceñirse a como está la norma, ceñirse a lo que está en el procedimiento y asegurar que el alcalde Arzú tenga acceso al expediente y todos los medios de defensa, y que el MP y las partes también tengan su rol, acá lo importante para el OJ es ser garante para las partes”.
En el mismo sentido opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia: “Que la resolución en el antejuicio esté debidamente fundamentada, que cualquiera que sea la resolución cuente con una adecuada fundamentación y que el acta de la sesión esté disponible para quien quiera consultarla”, precisó.
