POR PAOLINA ALBANI
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La Hora consultó a guatemaltecos –elegidos al azar– para conocer su opinión del trabajo de la funcionaria, que la mayoría calificó como “deficiente”. “Su trabajo fue muy superficial. No se metió de lleno a supervisar las instituciones (…) no se sabe de casos en los que diera lecciones ejemplares”, opinó Juan José Chacón.
Otro de los entrevistados, Moisés Solís, respondió: “No ha sido el –resultado– que se esperaba y eso se ve en el aumento de casos de corrupción”. Por su lado, Eva Mayén aseguró que “la Contraloría es una entidad desgastada, que necesita cambios urgentes pues la población está decepcionada de ella”.
La segunda pregunta se enfocó en el reconocimiento de la labor de Segura. En esta parte, las personas parecieron tener una percepción no del todo negativa.
“Hacia adentro de la Contraloría se reconoce el beneficio salarial gestionado para los empleados, pero en cuanto a sus funciones como Contralora me parece poco que en 2013 apenas se impulsaran apenas 97 denuncias penales. Aunque ella califica su gestión de «exitosa» en función de su propio plan de trabajo”, agregó Mayén.
“Me parece que el trabajo para fiscalizar y liquidar los fideicomisos debe fortalecerse y concluirse. La CGC se queda con menos recursos para el control de las Compras del Estado al final de su gestión”, ahonda José Luis Lainfiesta.
DÉBIL FORTALECIMIENTO
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dice que la Contraloría tuvo suficientes herramientas para trabajar, luego de las reformas a Ley Orgánica de la Contraloría, aprobadas por el Congreso mediante el decreto 13–2013.
En dicha normativa se definieron las áreas en las que la Contraloría puede fiscalizar la calidad, la probidad y transparencia del gasto público, lo que implica un pleno control sobre los fideicomisos, dice el analista.
“Antes algunos Contralores ponían como excusa que no podían ir a fiscalizar la falta de transparencia o la mala calidad del gasto porque la ley no les daba el mandato legal –en los fideicomisos–”, cuenta Barrientos, y por eso el control de esas cuestionadas herramientas financieras fue débil.
Las reformas a la Ley Orgánica entraron en vigencia a mediados de noviembre del 2013, por lo que la ley estaría cercana a cumplir un año de “ejecución”. Este corto tiempo, según Barrientos, puede ser la excusa para que Segura en su informe de labores no presente avances significativos.
Y es que a criterio del analista, aún sin las reformas, la Contraloría pudo haber ido mucho más allá.
Un caso es la deuda flotante adquirida con los contratos de infraestructura sin respaldo presupuestario, en los que la Contraloría no llegó a ahondar, pese a las solicitudes constantes de información del Ministerio Público para investigar los presuntos casos de corrupción.
Por otro lado, Oscar Chile Monroy, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Auditores y Contadores de Guatemala (CPA), opina que a pesar de las reformas, la Contraloría operó con una Ley con “dientes de hule”, es decir, que no existe un marco jurídico adecuado para fiscalizar y aplicar debidamente los procesos de control.
Con una ley débil, aunque se pueda elegir al mejor Contador o auditor, la herramienta esencial no les permitirá ir más allá de las prácticas tradicionales que vienen de años atrás. “Si tiene de respaldo la misma ley va a ser siempre más de lo mismo”, asegura.
Por ello, los esfuerzos deben de concentrarse en reformar la ley a manera de que cambie su enfoque calificando la eficiencia del gasto, la razonabilidad de las adquisiciones y la comparabilidad de las obras permanentes con las del mercado actual, señala Chile Monroy.
Para optimizar a la Contraloría, se necesita hacer una revisión cuidadosa que va desde el momento en el que la Comisión de Postulación elige a los candidatos a ocupar el cargo, a manera de evitar los compadrazgos y las componendas políticas, argumenta.
De momento se sabe que el subcontralor Sergio Pérez aspira a ser el sucesor de Segura en el cargo, y justo antes de la integración de la postuladora, la institución otorgó bonos y beneficios a los trabajadores, que en su mayoría deberían participar en la elección de postuladores.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Hugo Maúl Figueroa, excomisionado presidencial para la Transparencia y Anticorrupción durante el gobierno de Óscar Berger, dice que Segura ha hecho un trabajo que podría no ser visible debido a ciertas vulnerabilidades estructurales, como la falta de cobertura, de legislación, de falta de personal, entre otros que influyen en el rendimiento de la institución.
No obstante, la cobertura de la CGC es limitada, por lo que solo escoge a ciertas municipalidades y ciertos casos para fiscalizar. “No hay una cobertura del ciento por ciento de las municipalidades (…) lo que repercute en un deficiente control”, señala el analista.
Un ejemplo de esto está en que “las veintiún delegaciones departamentales de la Contraloría General de Cuentas, realizan en su respectivo departamento únicamente labores administrativas; (y no cuentan) con personal técnico profesional, para realizar y descentralizar funciones de fiscalización permanente a las diferentes dependencias que operan dentro de su jurisdicción departamental”, agrega Maúl.
Además, “existe lentitud en el trámite interno administrativo para atender las solicitudes de viáticos, vehículos y pilotos, los cuales son necesarios para que los auditores y otros profesionales del máximo ente fiscalizador, ejecuten su labor de fiscalización en cualquier punto del territorio nacional e incluso en algunas ocasiones dentro del territorio centroamericano”, refiere la tesis de Francisco López Marroquín, titulada “Obstáculos que afronta la Contraloría General de Cuentas en la fiscalización del manejo de los Fondos Públicos del Estado”.
SIN CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
De acuerdo al trabajo investigativo de López Marroquín, la Contraloría a nivel nacional cuenta con 700 auditores quienes se encargan de fiscalizar un promedio de 11 mil unidades administrativas las cuales operan con un presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado, de aproximadamente 44 mil millones de quetzales.
De esta cuenta, el analista de Icefi concluye que la Contraloría de Cuentas no tiene la capacidad suficiente para fiscalizar a todos los entes del Estado que la Ley le confiere.
“Con el crecimiento de la administración pública y la creación de nuevas entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas e hibridas, el aparato estatal ha alcanzado dimensiones que impiden al máximo ente fiscalizador, poderlas controlar más eficientemente”, argumenta Marroquín en la tesis.
En esto coindice el presidente del CPA al decir que “la Contraloría no tiene la capacidad para evaluar la calidad del gasto público”.
Una de las razones por las que la CGC no se daría abasto en su tarea fiscalizadora es por el insuficiente presupuesto que se le asigna anualmente, que repercute en la limitada contratación de auditores, aunque por otro lado, Segura elevó considerablemente el salario de los trabajadores con bonos especiales, justo antes de que empezara el proceso de postulación para la elección de nuevo Contralor.
Aun así, Barrientos dice, que no puede perderse de vista, en temas de fiscalización, que la CGC tiene que constatar que el gasto público cuente con los más altos estándares de calidad que tendría que tener, “lamentablemente la fiscalización sobre la calidad, la transparencia y probidad del gasto, a pesar del fortalecimiento del mandato legal, es que no ha mejorado”.
AUDITORÍAS DE GABINETE
De acuerdo a Maúl Figueroa las auditorías que la institución realiza son de tipo “gabinete”, es decir, que se realizan sin salir a hacer revisiones sobre las obras públicas que auditan. Además de su carácter limitado por la falta de recursos para movilizarse, estas auditorías se efectúan después de haberse realizado las inversiones, y no antes y/o durante la realización del gasto.
Por ello, indica que hace falta a este órgano de control fortalecer el área preventiva para que las inversiones sean correctamente justificadas. En los documentos, las obras pueden parecer justificadas pero en la realidad, sucede que se ejecutan sin ingenieros que determinen si se utilizaron los materiales adecuados en la cantidad adecuada, y no se sabrá si la obra pública conserva un alto grado de calidad o si una parte de lo que correspondía a la construcción se utilizó para cubrir las comisiones ilegales que se utilizan para asignar obras a contratistas.
De manera que las auditorías de escritorio, como las llama, son “meros formalismos” para hacer cuadrar las cuentas, pero la falta de estudio presencial no permite detectar los problemas sino hasta que ya ocurrieron.
DECLARACIÓN PATRIMONIAL:
AUMENTO DEL MALESTAR
Uno de los puntos sensibles durante la administración de Nora Segura fue el tema de las declaraciones patrimoniales.
Pero Barrientos explica que le misma ley prohíbe la publicación de estos datos. “Si el principio jurídico dice que no debe de publicarse, porque deberíamos de decirle a la contraloría que lo publique”, se pregunta el analista de Icefi.
El artículo 21 Confidencialidad de la declaración jurada patrimonial, de la “Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos”, indica que los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad, se prohíbe su divulgación por cualquier medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial.
A pesar de la confidencialidad la CGC si está obligada a investigar la probidad de los bienes, aun si no publica los resultados y hallazgos, dice.
PRESIÓN POLÍTICA
Ligado a la declaración patrimonial, en septiembre del 2012, Nora Segura, habría presentado más de tres denuncias contra Adolfo Vivar, exalcalde de la Antigua Guatemala, por el mal manejo de fondos municipales por un monto de Q28 millones. Los hallazgos fueron detectados por la auditoría efectuada en 2011.
Respecto al tema, uno de los guatemaltecos consultados sobre la gestión de Segura dijo reconocer “la agilidad en el proceso contra el alcalde Vivar de Antigua Guatemala, que motivó su encarcelamiento después de enviar auditores para verificar las denuncias recibidas. Pero nuevamente esto sigue siendo efecto político, un caso aislado determinado por la presión ejercida desde la Vicepresidencia de Baldetti”, indica el ciudadano Pedro Coronado.
Actualmente, la Contralora de Cuentas carga con la percepción negativa que los guatemaltecos tienen de su trabajo, sobre todo ahora que se resiste a abandonar el cargo bajo el argumento que aún no se han cumplido los cuatro años de su gestión, a pesar de que la ley estipula que debía de renunciar el 13 de agosto aun si su sucesor aún no había sido elegido por el Congreso.
NATURALEZA Y FUNCIÓN
Artículo 48 del decreto 13–2013 Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 31–2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así: La Contraloría General de Cuentas es el ente técnico rector de la fiscalización y el control gubernamental, y tiene como objetivo fundamental dirigir y ejecutar con eficiencia, oportunidad, diligencia y eficacia las acciones de control externo y financiero gubernamental, así como velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado o que manejen fondos públicos, la promoción de valores éticos y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, el control y aseguramiento de la calidad del gasto público y la probidad en la administración pública.
RETRASO EN SALIDA
De acuerdo a las declaraciones recientes del analista, José Ramón Lam, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) “La Constitución es contundente y si dice que tiene que salir en tal fecha, debe hacerlo… Por problemas de posesión y de las Comisiones de Postulación de hace cuatro años, se atrasó la puesta en marcha de ella como Contralora; sin embargo, esto lo dilucidó la Corte de Constitucionalidad”.
