POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo resolvió 27 recursos de apelación dentro del caso denominado Cooptación del Estado. Los mismos fueron interpuestos por el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogados desde diciembre de 2016, en contra de distintas resoluciones que dictó el juez de Mayor Riesgo «B», durante la audiencia de primera declaración.
Nicté Ochoa, secretaria de la Sala de Mayor Riesgo, informó que una de estas apelaciones fue interpuesta por el MP en contra de la resolución del juez Gálvez que otorgó arresto domiciliar a favor de 16 sindicados, entre quienes se encuentra el abogado Mario René Cano Gutiérrez, Edín Raymundo Barrientos, Álvaro Mayorga Girón, Edna Maribel Berganza Colindres y Max Roberto Burgos, entre otros
La CICIG, por su parte, también impugnó la decisión del juez de otorgar faltas de mérito en relación a delitos que le fueron imputados a 7 sindicados. Los beneficiados por la resolución el Juzgado fueron: Marvin Estuardo Díaz Sagastume, Julián Muñoz Jiménez, Raúl Eduardo Castillo Castillo, Luis Fernando Montiel Dávila, Berganza Colindres, Cano Gutiérrez y Rafael Francisco Cetina Gutiérrez.
En tanto, otras 24 apelaciones fueron planteadas por abogados defensores, con las cuales buscaban revocar la prisión preventiva que fue dictada en su contra de sus patrocinados.
No obstante, la totalidad de los recursos fueron rechazados por los magistrados de la sala y, por tanto, se confirma la resolución que emitió en momento el Juzgado de Mayor Riesgo «B».
RETRASOS
La secretaria de la sala indicó que, para la resolución de las impugnaciones, los magistrados de la sala tuvieron que realizar un análisis por cada apelación, lo cual implicó escuchar los audios de las audiencias en las cuales el juez Gálvez emitió su resolución.
«No se acogió ningún recurso de apelación a los que se hizo referencia. Luego de que los magistrados realizaron el análisis de cada recurso interpuesto, tanto por la Comisión como por los procesados, llegaron a determinar que la resolución dictada por el juez se encuentra apegada a derecho», dijo Ochoa.
