Jorge Santos
Lamentablemente Guatemala en todos y cada uno de los informes de diversas instituciones de prestigio reconocido, es colocada en cuanto a indicadores políticos, económicos y sociales como un país de enormes déficits. Desnutrición comparable a países del África Subsahariana, las menores tasas de escolaridad de la región centroamericana, una de las cargas tributarias más bajas del continente, independencia judicial casi inexistente y una débil democracia en donde se cree que a través de la violencia y el rompimiento institucional se solucionarán los problemas. Sin embargo, cada vez que se habla de transformar el Estado, sus instituciones y con ello acabar con el status quo, las élites económica, política y militar asustan refiriendo que nos convertiremos en Cuba, en Venezuela o cualquier otro país en donde impere otro régimen distinto al que les provea de sus privilegios.
Ahora que se están discutiendo en el Congreso de la República las Reformas Constitucionales al sector justicia, a estas élites les brota la paranoia y junto a ella mienten, engañan y pretenden desviar o confundir a la población con argumentos vacíos o bien llenos de odio y miedo. Primero iniciaron anunciando que el proceso de discusión y elaboración de la propuesta no era el adecuado dada la ausencia de participación, lo cual es totalmente falso dado que la metodología usada no solo contó con amplia participación sino con mecanismos para incorporar observaciones, consensos y disensos. Luego al darse la posibilidad de reforma al Artículo Constitucional 203, con el cual se reconocería la pluralidad jurídica existente en el país, brotó lo más rancio y racista del conservadurismo criollo y se esgrimieron argumentos llenos de ignorancia y miedo que denotan la imposibilidad de estas élites a reconocer que este país es plurilingüe, pluricultural y multiétnico y con ello no reconocer la existencia misma de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio.
Luego las Autoridades Ancestrales dieron cátedra política, al retirar la propuesta de reforma a dicho Artículo Constitucional, con lo cual dejó sin argumentos a estos grupos. Una vez superada esta etapa, no había ninguna excusa para que el Congreso de la República aprobara las Reformas, sin embargo, ahora han salido de nuevo con la paranoica idea de que de aprobarse la misma, nos estaremos convirtiendo en otra Venezuela, partiendo de la falsa premisa, que estamos mejor que aquel país. Esta reforma tiene como propósito central que las y los jueces y magistrados se dediquen a las funciones jurisdiccionales, dejando de lado las labores de orden administrativo, con lo cual sin lugar a dudas permitirá agilizar el Sistema, disminuir la injerencia en decisiones judiciales y reduciendo en gran medida la impunidad existente.
De tal cuenta, que nuestra enorme tarea como sociedad, es aislar los mensajes que estos grupos de élite construyen al amparo del miedo, ignorancia, racismo y odio, para darle paso a la construcción de democracia en donde la libre expresión de ideas fundamentadas prolifere y se constituya en nuestro ejercicio cotidiano. Por lo tanto, las Reformas deben ser aprobadas tanto en el Congreso de la República y en la eventual Consulta Popular.
