POR KATERIN CHUMIL
kchumil@lahora.com.gt
Cinco sindicados del Caso Bufete de la Impunidad deberán regresar a prisión preventiva debido a que la Sala Cuarta de Apelaciones revocó las medidas sustitutivas que gozaban. Otros dos sindicados también fueron beneficiados, pero ya se encuentran detenidos por el Caso “La Línea”.
La sala de apelaciones dio la razón al Ministerio Público, que consideró equivocada la resolución del juez Mynor Motto con la cual se benefició a siete sindicados del proceso penal.
[bsa_pro_ad_space id=13]
El pasado 9 de junio, el togado autorizó que los procesados permanecieran bajo arresto domiciliario, mientras se tramitaba el caso en su contra. Ese mismo día, pagaron cauciones económicas entro los Q10 mil y Q25 mil para salir en libertad.
Los beneficiados fueron José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”; Ruth Emilsa Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, José Luis Montenegro Santos y Luis Fernando Mendoza Zapata.
Para Francisco Javier Ortiz Arraiga y Miguel Ángel Lemus Aldana también se autorizó arresto domiciliario, pero la medida no se efectuó porque también están sujetos al Caso “La Línea”.
JUEZA Y SU HIJO SIGUEN EN LIBERTAD
La jueza Marta Sierra de Stalling, señalada por este caso, también debería regresar a prisión preventiva, ya que la sala de apelaciones así lo ordenó en mayo pasado; sin embargo, según explicó el fiscal del caso, Roberto Chiquín, el juez no ha hecho efectivo este fallo.
Por otro lado, la medida sustitutiva de Roberto Stalling Sierra no ha sido impugnada por el Ministerio Público.
EL CASO
Tras la captura de más de 20 personas por el Caso “La Línea”, la jueza Sierra de Stalling resolvió dejar en libertad a tres cabecillas de la estructura, quienes eran representados por el bufete de José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”.
El MP sospecha que la togada recibió un beneficio económico a cambio de beneficiar a los sindicados.
De acuerdo con las investigaciones, el Bufete de la Impunidad, liderado por Morales Rodríguez, era una estructura de abogados que se dedicaba a influir y sobornar operadores judiciales para obtener fallos favorables para sus clientes.
Salvador Estuardo González Álvarez, alias “Eco”, actúa como colaborador eficaz en esta causa. Coopera con el Ministerio Público desde el pasado 4 de marzo, fecha en la que se firmó el convenio entre ambas partes.
De acuerdo con sus declaraciones, Roberto Stalling fue la persona que se encargó de la negociación de la medida sustitutiva.
