POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) en expedientes de los contratistas del Estado del 2014 a la fecha, en el Registro de Precalificados, en donde los descubrimientos, a decir de analistas, podrían partir de un sistema corrupto de parte de los gobiernos anteriores.
Según lo indicó Aldo García Morales, titular del Micivi, son al menos mil 200 expedientes los que están revisando, esto tras identificar algunas anomalías.
Detalló que anteriormente la Contraloría General de Cuentas (CGC) había realizado algunas auditorías identificando irregularidades y añadió que al tomar posesión se llevó a cabo otra auditoría y coincidía con los hallazgos de la CGC, lo que derivó en cuatro denuncias.
Las denuncias fueron interpuestas contra cuatro empresas constructoras: Constructora de Desarrollo (Construdesa), Kirios, Scabare y OV, en donde esta última es por falsedad material.
El Micivi informó a través de un comunicado, que el MP decomisó los expedientes por orden del juez undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, José Eduardo Cojulum Sánchez.
El documento refiere que el Registro de Precalificados de Obras de ese ministerio, hace del conocimiento de todos los usuarios y público en general que todas las funciones de la dependencia en mención estarán suspendidas mientras duren las diligencias del ente investigador.
SISTEMA CORRUPTO
A criterio de Lisandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) los hallazgos podrían partir de un sistema corrupto de parte de los gobiernos anteriores, en donde conforme a las investigaciones se está avanzando y van surgiendo nuevos casos que están siendo llevados a los tribunales correspondientes.
De acuerdo con el experto esto surge por evadir lo que establece la Ley de Contrataciones, la cual indica que todas las contrataciones deben ser de manera pública y existen tres categorías para que el Estado realice adquisiciones: por compra directa, cotización y licitación.
En el primer caso, cuando no se supera los Q90 mil; la segunda, cuando el monto alcanza los Q900 mil y la última, si lo adquirido es arriba de Q900 mil.
Señaló que existe secretividad en los contratos, una modalidad utilizada por varias instituciones para no dejar rasgos y son bien planificados por personas que conocen los sistemas y estrategias, que son usados al margen de la ley. “Son delitos de cuello blanco”, explicó el experto.
Considera que es positivo que los hechos salgan a la luz, lo que demuestra que las instituciones estatales están respondiendo al clamor social en la lucha contra la corrupción.
