En un país de justicia cooptada, donde un usurpador rector se siente rey sobre la ley, el allanamiento a la Usac da esperanza.
No es una esperanza ingenua. Es la esperanza de quien ha visto, durante años, cómo el Ministerio Público se plegaba al silencio y cómo la Corte de Constitucionalidad cuidaba al usurpador Walter Mazariegos como se cuida lo más preciado. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, el Estado no llegó al campus a tomar huellas de estudiantes que protestan. Llegó a buscar el rastro de quienes fueron borrados del sistema. Eso no cierra la herida. Pero abre una rendija. Y en Guatemala una rendija, cuando se sostiene, puede volverse puerta.
En julio, decenas de estudiantes descubrieron que ya no existían para la Universidad de San Carlos. Tenían constancia de inscripción para 2026. Al asignarse cursos, el sistema les dijo que no estaban inscritos. No hubo expulsión. No hubo resolución. Se evaporó el expediente. Ellos le pusieron el nombre justo: muerte académica.
La coartada oficial —las tomas de 2022 y 2023— no resiste el menor examen. Hay afectados con carné 2024 y 2025. Hay quien esperaba graduarse. Hay trabajadores que estudian, a veces dos carreras, a quienes les robaron de un golpe el semestre, el certificado, la tesis, la posibilidad de continuar. La coincidencia política no es un rumor: la mayoría se había opuesto al segundo fraude rectoral, el del 8 de abril de 2026, gemelo del 24 de marzo de 2022.
Borrar un registro es una tecnología de poder. Es un delito. En la guerra se desaparecía el cuerpo. En esta paz institucional se desaparece el archivo. El resultado, para el sentido de una vida, es el mismo: se cancela el futuro y se finge que el pasado no ocurrió.
Por eso el allanamiento de hoy importa. No porque un operativo sea ya justicia, sino porque por fin el aparato penal mira hacia el archivo y no solo hacia la plaza.
He escrito aquí que la crisis de la Usac no es un problema universitario. Es la forma más concentrada de un Estado capturado. Quien controla la San Carlos no controla solo aulas: controla una llave de las altas cortes. Por eso la destazan. Por eso el legalismo se volvió autocracia judicial: la ley como escudo del usurpador, no como límite.
Bajo Consuelo Porras, el MP no investigó el fraude ni la persecución registral. Sí persiguió la protesta. Esa alianza entre universidad-botín y fiscalía selectiva parecía inamovible. Hoy hay otro fiscal general. Gabriel García Luna autoriza diligencias en el campus por el caso que los estudiantes construyeron con memoriales, PDH, denuncias y persistencia. El comunicado pide reserva “para no entorpecer”. Está bien: que no entorpezcan, pero que investiguen de verdad.
La esperanza no consiste en canonizar al MP. Consiste en no declarar de antemano que nada puede cambiar. Un pueblo que solo espera la traición termina ayudando a que la traición se cumpla. Un pueblo que exige restitución, responsables y nexo con el fraude convierte la diligencia en tarea.
La esperanza es una vivencia que llega al fondo de la existencia, moviliza los resortes de la vida y plantea la pregunta del sentido y del futuro. Se sitúa antes de la ideología y de la religión. Esperar algo es, de algún modo, esperar todo.
