Septiembre, se puede afirmar, es el mes de las independencias hispanoamericanas. México celebra el 16 de septiembre; Centroamérica, el 15; Chile, el 18. Las fechas recuerdan la ruptura con la monarquía española, pero también permiten plantear una cuestión histórica más profunda: ¿qué fue exactamente lo que nació con las independencias? ¿Nacieron las naciones o nacieron los Estados?
La respuesta exige distinguir dos conceptos que la modernidad política ha tendido a identificar: nación y Estado. Una nación es una comunidad humana que comparte, en mayor o menor medida, memoria histórica, territorio, lengua, costumbres, instituciones, vínculos culturales y un sentimiento de pertenencia. El Estado, en cambio, es una organización política soberana que ejerce autoridad sobre un territorio y una población.
Desde esta perspectiva, las independencias hispanoamericanas presentan una característica fundamental: los nuevos Estados no surgieron sobre sociedades sin historia, sino sobre comunidades históricas que ya existían.
Antes de 1821, por ejemplo, no existía la República de Guatemala, pero sí existía una sociedad guatemalteca integrada dentro de la Capitanía General de Guatemala. Tampoco existían las actuales repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pero sí existían comunidades, ciudades, provincias, cabildos, redes comerciales, instituciones religiosas y tradiciones locales que daban forma a identidades particulares.
Lo mismo puede decirse de México. La República Mexicana nació en 1824, pero la sociedad novohispana llevaba tres siglos desarrollando una identidad propia. La Nueva España no era simplemente España trasladada a América. Con el tiempo se habían desarrollado instituciones, costumbres, intereses económicos, devociones religiosas, relaciones sociales y una memoria histórica específicamente americana.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de las independencias. La construcción de los Estados fue relativamente rápida; la construcción de las naciones políticas fue mucho más lenta.
Cuando España perdió el control sobre sus territorios americanos, hubo que responder una pregunta que no tenía una solución evidente: ¿qué unidad política debía sustituir al antiguo orden imperial? La respuesta no estaba clara ni mucho menos determinada de antemano.
En Centroamérica, el Acta de Independencia de 1821 no creó inmediatamente cinco Estados nacionales. El territorio permaneció inicialmente unido y posteriormente formó parte del Imperio Mexicano del libertador Agustín de Iturbide. Después surgieron las Provincias Unidas del Centro de América y, tras su disolución en 1823, surgió la República Federal de Centroamérica para formar después las repúblicas independientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
Esto puede demostrar que la nación y el Estado no necesariamente coincidían. Sin duda existían identidades locales y regionales anteriores a las fronteras republicanas. Las nuevas fronteras políticas fueron, en buena medida, el resultado de decisiones institucionales, conflictos, intereses económicos, rivalidades regionales y circunstancias históricas.
El problema se repitió en toda Hispanoamérica. El antiguo imperio español había organizado América mediante diversas jurisdicciones, virreinatos, capitanías generales, audiencias, intendencias y otras competencias legales. Las repúblicas tuvieron que transformar esas estructuras político-administrativas en Estados soberanos.
Pero había una dificultad adicional: ¿quién sería el sujeto de la soberanía?
Durante la monarquía, los habitantes eran súbditos del rey. Con la independencia comenzaron a convertirse jurídicamente en ciudadanos. Esto implicaba una transformación extraordinaria. Ya no bastaba con administrar un territorio; había que construir una comunidad política capaz de reconocerse como sujeto de derechos y obligaciones.
Por eso las constituciones adquirieron tanta importancia. Las nuevas repúblicas necesitaban establecer quién podía votar, quién podía gobernar, cuáles eran los derechos individuales, cómo se distribuía el poder y cuál era la relación entre las nuevas autoridades nacionales y las comunidades locales.
La dificultad consistía en que el Estado moderno exigía una unidad política que la realidad social todavía no proporcionaba plenamente.
De ahí que el siglo XIX hispanoamericano estuviera marcado por una tensión entre centralismo y federalismo, unidad y autonomía, poder nacional y poderes regionales. No se trataba únicamente de una disputa constitucional. Era también una discusión sobre qué nación existía realmente y cuál debía ser el territorio del nuevo Estado.
La construcción nacional fue, por tanto, un proceso posterior a la independencia. Las escuelas públicas, los ejércitos nacionales, los símbolos patrios, los himnos, las fiestas nacionales, los mapas y los relatos históricos contribuyeron a transformar poblaciones diversas en ciudadanos individuales que comenzaron a imaginarse como miembros de una misma comunidad política.
En este sentido, las fiestas de septiembre cumplen una función particularmente importante. No solamente recuerdan acontecimientos de 1810 o 1821, sino que ayudan a construir una memoria colectiva. El Estado celebra determinados acontecimientos porque necesita también construir una narrativa común sobre su propio origen.
Pero esto no significa que las naciones hispanoamericanas sean una invención posterior a la independencia. Más bien significa que una identidad histórica preexistente fue transformándose en una identidad política nacional.
La diferencia es fundamental. Una comunidad puede compartir historia, territorio y cultura sin tener todavía un Estado soberano propio. La independencia convierte esa comunidad en potencial sujeto de soberanía, pero no garantiza que el nuevo Estado sea estable, democrático o capaz de representar adecuadamente a toda su población.
Por eso septiembre debería ser entendido no solamente como el mes de la independencia, sino como el mes en que Hispanoamérica comenzó una de sus tareas históricas más complejas: convertir comunidades históricas en comunidades políticas y transformar territorios heredados de la monarquía en Estados nacionales.
La independencia resolvió quién ejercería la soberanía externa. Sin embargo, no resolvió automáticamente quién ejercería el poder dentro del nuevo Estado, cuáles serían sus límites ni cómo se integrarían las distintas comunidades que lo componían.
Esa segunda tarea continúa siendo, en muchos sentidos, el problema central de Hispanoamérica. La independencia creó Estados; la historia posterior tuvo que intentar convertirlos en naciones políticas capaces de reconocerse mutuamente como comunidades de ciudadanos bajo un mismo orden jurídico.
Septiembre recuerda, por ello, tanto un nacimiento como un comienzo. El nacimiento fue el de los Estados soberanos. El otro comienzo ha sido un proceso mucho más difícil: construir las naciones políticas.
