Inicio este artículo con la mayor vergüenza que pueda tener como maestro guatemalteco; realmente encuentro no sólo denigrante la última categoría que ostentamos como el país más atrasado del continente americano y uno de los últimos en el mundo, en materia de formación educativa en los rubros de lectura, ciencias y matemáticas.
Atribuyo no sólo a los alumnos este descalabro educativo, es también responsabilidad del sector docente por su falta de preparación pedagógica, didáctica y el mercantilismo de dicho trabajo; el Ministerio de Educación durante los últimos treinta años ha sido dirigido por personas políticas completamente ajenas al proceso de la enseñanza, quienes jamás han impartido clases y desconocen el proceso educativo.
Es diferente dar clases en las universidades de élite en Guatemala, que impartir docencia en las escuelas de primaria, institutos de educación básica y diversificado del sector público, éstos con sus eternas carencias económicas y, de hecho, supervisados en su administración, pero no en los aspectos torales de la educación: pedagogía, didácticas del aprendizaje, supervisión educativa, evaluación, organización escolar y psicología entre otros.
El resultado está a la vista y no se puede justificar bajo ningún parámetro; los docentes, en su mayoría, no se han preocupado por acrecentar su acervo cultural y aplicarlo a sus labores diarias, pues en la mayoría de los casos la obtención de grados académicos solo les ha servido para justificar el nuevo ascenso económico aplicado por el escalafón magisterial.
El Mineduc por su parte, no se ha preocupado por aplicar un control pedagógico, al menos en el sector público, por lo que, la enseñanza ha derivado en un trabajo de transmisión de datos y conocimientos sin explicar a los alumnos el para qué, cómo, dónde, y cuándo; en otras palabras, no se les ha enseñado a pensar ni a resolver problemas, al grado que una gran mayoría de alumnos de educación básica apenas si saben utilizar las tablas de multiplicar y aún cuentan con los dedos.
La supervisión educativa en manos de maestros rurales o reubicados que nunca ejecutaron un trabajo administrativo, se desempeñan sin conocer las leyes educativas, desarrollan sus labores sobre la base de su lógica común, pero no están preparados académicamente para supervisar las actividades como lo requiere la Ley de Educación Nacional ¿cuándo un supervisor educativo ha escuchado una clase en primaria, básico o diversificado y como producto de su observación ha proporcionado o recomendado a los maestros o catedráticos alguna orientación pedagógica o didáctica?
Los padres y madres de los estudiantes también tienen responsabilidad en este descalabro; recordemos que la comunidad educativa está formada por padres y madres de alumnos, los alumnos y la escuela; por lo tanto, la obligación de controlar el desarrollo educativo de los hijos es de los padres, pero en el caso de dejarlos al abandono, de no interesarse por su desarrollo escolar dará como resultado que el alumno no rinda porque no tiene control alguno.
Aún es tiempo de dejar algo positivo a la población: la creación de una dependencia dirigida por verdaderos profesionales de la educación en la cual se imparta de forma obligatoria para maestros y catedráticos cursos de por lo menos una semana de duración para su actualización docente y a posteriori un seguimiento por medio de la supervisión educativa.
Ya basta que el proceso educativo en Guatemala sea memorístico y repetitivo, los maestros en general deben actualizar sus conocimientos de forma directa bajo la tutela del Ministerio de Educación; pero para ello, se necesitará una dirigencia verdaderamente pedagógica que sepa hacia dónde va y no sólo confiar el proceso en forma administrativa.
El resultado de estos exámenes internacionales debe considerarse un bofetón cultural internacional y una vergüenza nacional de la que son responsables quienes dirigieron el Ministerio de Educación: abogados, ingenieras en sistemas, maestras de educación primaria, administradores de empresas, psicólogos y un montón de supuestos licenciados y doctores en cualquier disciplina, pero, sin créditos académicos de carácter educativo para realizar el trabajo de ministro de educación.
