La Corte Suprema de Justicia decidió que el Organismo Judicial presentara una denuncia penal por la presunta venta de plazas y ascensos dentro de la institución. El acuerdo fue adoptado el 2 de septiembre, después de que La Hora publicara esa misma mañana una segunda investigación sobre el cobro de dinero a una aspirante a cambio de un puesto de trabajo. Sin embargo, el Organismo Judicial no responde si cumplió con la decisión de los magistrados.
El acuerdo del pleno fue explícito: la Asesoría Jurídica debía actuar en representación del Organismo Judicial, como parte agraviada, y presentar una denuncia penal por la posible comisión de hechos ilícitos. Además, el punto fue declarado de efecto inmediato.
La falta de información sobre el cumplimiento de esa decisión contrasta con la contundencia del acuerdo adoptado por los magistrados. La Hora ha preguntado desde el 4 de septiembre a la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial, dirigida por Alisha Moguel, si la denuncia ya fue presentada. Las consultas se han repetido durante varios días sin obtener una respuesta concreta.
Ante la ausencia de información, este medio preguntó directamente si existía una resistencia de la presidenta del Organismo Judicial, Claudia Paredes, a presentar la denuncia y señaló que, de no existir una respuesta, se entendía que esta todavía no había sido presentada.
La respuesta de la Secretaría de Comunicación Social no aclaró el punto. “Muy buenas tardes, se procesarán (las consultas) con gusto”, fue el mensaje recibido.
PLENO DE LA CORTE SUPREMA ACORDÓ DENUNCIAR
La decisión de denunciar llegó después de que La Hora publicara dos investigaciones sobre un mecanismo para obtener plazas y ascensos dentro del Organismo Judicial mediante pagos, recomendaciones políticas y la intervención de personas vinculadas con el sindicato.
La primera publicación apareció el lunes 24 de agosto. La investigación documentó una conversación en la que una trabajadora vinculada con Recursos Humanos ofrecía a un aspirante una plaza presupuestada a cambio de dinero. En la conversación también se mencionaban como posibles vías de ingreso las recomendaciones de políticos o diputados y el sindicato.
La publicación tuvo una consecuencia inmediata fuera del Organismo Judicial. Dos días después, el Ministerio Público, dirigido por Gabriel García Luna, anunció que había abierto de oficio una investigación por la presunta venta de plazas y ascensos y que el caso había sido asignado a la Fiscalía contra la Corrupción.
Para la sesión ordinaria del pleno del miércoles de esa semana, Paredes no abordó públicamente el contenido de la investigación, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por este medio.
La segunda publicación de La Hora apareció el miércoles 2 de septiembre. En ella volvía a escucharse la misma voz de la trabajadora de Recursos Humanos, esta vez en una conversación con una aspirante que realizaba una pasantía y a quien se le planteaba la posibilidad de quedarse trabajando en el Organismo Judicial a cambio de un pago equivalente a un salario. La trabajadora incluso proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el depósito.
Ese mismo día, durante la sesión del pleno, el magistrado Estuardo Cárdenas puso nuevamente el asunto sobre la mesa. Según fuentes de la presidencia de la Corte, Cárdenas hizo del conocimiento de los magistrados la nueva publicación de La Hora sobre la presunta venta de plazas y propuso que el Organismo Judicial presentara una denuncia.
El pleno aprobó la medida.
PAREDES CANCELÓ VACACIONES
La decisión fue adoptada mientras Paredes se encontraba de vacaciones. Durante su ausencia, Carlos Lucero, vocal I, presidía la Corte en funciones.
El acuerdo de los magistrados no dejó la denuncia como una posibilidad futura ni condicionó su presentación a una nueva investigación interna. Ordenó a la Asesoría Jurídica presentar una denuncia penal en representación del Organismo Judicial y estableció expresamente que la resolución tendría efecto inmediato.
Tras la aprobación de la denuncia, las fuentes internas aseguran que se informó al pleno de la Corte Suprema que Paredes había decidido cancelar sus vacaciones y regresar a sus funciones al día siguiente, pese a que su retorno estaba previsto para el domingo.
La situación coloca ahora a la presidenta de la Corte frente a una decisión adoptada por el pleno que preside cuando se encuentra en funciones: llevar los señalamientos sobre una posible red de venta de plazas ante el MP, el único ente encargado de la persecución penal.
La demora adquiere especial relevancia porque el propio Organismo Judicial aparece como la institución que podría resultar agraviada por los hechos investigados.
CASO QUE YA ES INVESTIGADO POR EL MP
La denuncia que los magistrados ordenaron presentar se sumaría a la investigación que el MP de García Luna abrió de oficio después de la primera publicación de La Hora.
La investigación periodística se sustentó en grabaciones y entrevistas con 15 trabajadores y funcionarios judiciales. Tres de ellos aseguraron haber recibido directamente ofertas para obtener plazas o ascensos a cambio de dinero, con montos que llegaron hasta Q80 mil.
La segunda grabación agregó nuevos elementos. La trabajadora afirmó que tres personas ya habían pagado para quedarse laborando después de sus pasantías y explicó a la aspirante que debía entregar la mitad del salario de la plaza de inmediato y la otra mitad después de recibir su primer pago.
Tras investigación de La Hora, MP abre pesquisa por presunta venta de plazas y ascensos en el OJ
El pago, según la conversación, debía realizarse mediante depósito bancario. La trabajadora proporcionó los datos de una cuenta y dijo que, una vez realizado el depósito, debía ser informada para avanzar con el nombramiento y la partida presupuestaria.
Por ahora, la pregunta de si ya se presentó la denuncia penal que el pleno de la Corte Suprema ordenó presentar con efecto inmediato se encuentra sin respuesta oficial. La Secretaría de Comunicación Social sigue en silencio.
