Realmente, ¿qué fue nuestro 15 de septiembre? ¿Fue una forma de separarnos de España? Pues creo que sí: una separación sin verdadera independencia.
No hay evidencia histórica de una conmemoración de victoria alguna que marcara un punto de inflexión y el surgimiento de nuevos líderes. Tampoco existe evidencia de un cambio sustancial en el bienestar y beneficio de todos. Claro está, el Acta de Independencia ofreció un panorama más amplio de beneficios para la población (exactamente lo mismo que en estos momentos ofrecen los partidos políticos), pero todo ello culminó con la persistencia de la corrupción. Los indígenas y los ladinos continuaron en condiciones similares.
Los ojos siempre los ponemos en la paja ajena. Muchos historiadores y sociólogos señalan que el 15 de septiembre no fue una gesta de liberación popular ni una victoria militar contra el Imperio español, sino una maniobra política de las élites para adelantarse a los acontecimientos y proteger sus propios privilegios. Y aquí resalta, según diversos escritos sobre aquel entonces, que las élites criollas, un pequeño grupo de terratenientes, comerciantes y autoridades eclesiásticas, al observar lo que sucedía en México con la guerra de independencia y el Plan de Iguala, temían que el descontento indígena y mestizo estallara en una revuelta incontrolable en Centroamérica, como había ocurrido con los movimientos de Hidalgo y Morelos.
De tal manera que declarar la independencia fue una medida preventiva para conservar el control del poder y pasar la estafa de la explotación de un liderazgo a otro, pero manteniéndola en las mismas manos y, muchas veces, en los mismos apellidos y parentescos.
Gabino Gaínza y los firmantes del Acta de Independencia buscaron mantener intacta buena parte de la estructura colonial. Se protegieron privilegios eclesiásticos y privados ya existentes, se mantuvieron los tributos y se preservó el monopolio comercial de las familias criollas más poderosas. El cambio fue, en buena medida, estrictamente administrativo: cambió el personal que ejercía el poder. A esos acontecimientos no podemos llamarles independencia, ni entonces ni ahora.
El documento fundacional (como sucede con tantos documentos de los gobiernos que nos han gobernado) prometía bienestar general, división de poderes, derechos y justicia. Promesas vacías, muy similares a las promesas electorales y gubernamentales actuales y en consecuencia, en la práctica política de más de dos siglos, el pueblo jamás ha sido debidamente convocado a debatir el proyecto de nación, ya que, desde entonces, las bases del Estado se han redactado a espaldas de la gran mayoría de la población.
Incluso diría yo que, si el acontecimiento de 1821 puede llamarse independencia, esta fue de un cariz muy particular: la independencia de la corrupción.
Para la población indígena, la gran mayoría de la población de aquel entonces, la independencia significó el inicio de una etapa aún más dura. Durante el período liberal posterior, especialmente a partir de 1871, se expropiaron masivamente tierras comunitarias para destinarlas al cultivo del café y se legalizaron formas de trabajo forzoso —como los mandamientos y las leyes contra la vagancia— para abastecer de mano de obra a las grandes fincas.
Los ladinos pobres o mestizos rurales tampoco vieron mejoras reales. Bajo un régimen que conservaba muchos de los rasgos económicos y sociales heredados de la colonia, pasaron de ser súbditos coloniales a peones endeudados y trabajadores explotados en un sistema de profundas desigualdades.
Creo que nuestros antepasados, al observar lo que sucede hoy, nos dirían: ¡Muchá! Ustedes solo cambiaron la palabra independencia por democracia y lo harían teniendo la razón dado que las grandes estructuras de poder y desigualdad, rara vez se destruyen con la redacción de documentos y firmas; con frecuencia, solo cambian de ropaje semántico y de apellidos para asegurar que nada de fondo se modifique.
Así como en 1821 se firmó un acta para establecer el autogobierno sin transformar sustancialmente la suerte de las mayorías, los procesos de democratización formal, como el iniciado a partir de 1985, a menudo heredan las mismas taras estructurales. En ellos, el ejercicio democrático siempre ha terminado reducido a elegir periódicamente quién administrará los privilegios y punto.
Como bien dijo Luis Cardoza y Aragón: «La historia de Guatemala es la historia de sus malentendidos y de sus dolores más puros, administrados por los mismos herederos de la colonia».
