La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente decidir sobre 145 plazas de jueces de Primera Instancia y de Paz. Mientras los magistrados preparan los nombramientos, al menos 10 aspirantes y jueces entrevistados por La Hora describen un sistema en el que el mérito y los concursos pueden quedar relegados frente al dinero, los padrinazgos y la influencia. Los testimonios hablan de pagos de hasta Q350 mil, compromisos para resolver determinados casos y una red de intermediarios que tendría que llegar hasta quienes tienen la última palabra: los magistrados de la CSJ.
Hay quienes llevan años preparándose para ponerse una toga. Cumplen todos los requisitos, estudian, cuentan con reconocida honorabilidad, culminan los procesos de formación y esperan aparecer algún día en una resolución de la Corte Suprema de Justicia que los convierta en jueces de paz. Otros ya son jueces de paz, pero buscan un ascenso para ser jueces de primera instancia, en ambos casos permanecen en los listados de elegibles a la espera de que se abra una oportunidad.
Pero, según al menos 10 aspirantes y jueces entrevistados por La Hora, existe otra manera de llegar. Una especie de exoneración final que puede garantizar el ejercicio de la toga. El precio, dicen, puede comenzar en Q100 mil.
Para algunos puestos alcanza los Q150 mil. Para una plaza de Primera Instancia puede llegar a Q300 mil y, dependiendo del juzgado, subir hasta Q350 mil. El dinero no sería, sin embargo, el único requisito. Los testimonios describen también una segunda condición: la lealtad.
Resolver determinados casos de determinada manera cuando aparezca un expediente que interese a quienes facilitaron el nombramiento. Eso convertiría el pago de una plaza en algo más que una transacción por un empleo. La deuda continuaría después de recibir la toga.
La Corte Suprema tiene ahora en sus manos una nueva tanda de nombramientos. Son 145 plazas: 91 jueces de Primera Instancia y 54 jueces de Paz, distribuidas en distintos departamentos del país. Los magistrados comenzaron a negociar internamente las propuestas, de acuerdo con un reportaje publicado por este medio en donde cinco fuentes con conocimiento directo de las discusiones dentro de la Corte dan fe de ello.
El trabajo de los jueces de Paz y de Primera Instancia tiene un impacto directo en el comportamiento de la sociedad guatemalteca, pues son parte de una justicia con función pedagógica. Estos jueces autorizan capturas y allanamientos, conocen las primeras declaraciones y resuelven sobre medidas de coerción. Además, tienen la facultad de condenar o absolver a los acusados. Sus decisiones buscan no solo resolver los conflictos, sino también contribuir a la prevención del delito y corrección de quienes infringen la ley.
Por eso la pregunta no es solamente quién ocupará 145 plazas. Es quién tendrá la capacidad y los méritos para decidir sobre una parte importante de la justicia que se imparte en el país.
UNA PLAZA TIENE REQUISITOS, Y SEGÚN TESTIMONIOS, TAMBIÉN PRECIO
En el papel, el camino está definido. Para ser juez se debe ser guatemalteco de origen, estar en el goce de los derechos ciudadanos, ser de reconocida honorabilidad, tener la calidad de abogado y estar colegiado activo. Además, los aspirantes deben participar y aprobar los programas de formación inicial y los concursos de oposición organizados por el Consejo de la Carrera Judicial.
Ese es el procedimiento, pero los testimonios recogidos por La Hora describen otro.
Una de las personas aspirantes aceptó conversar con este medio bajo una condición poco habitual: no quiere que se publique su nombre ni que se identifique siquiera su sexo por temor a que le cierren más la puerta en el Organismo Judicial. Dice que le ofrecieron ingresar con una plaza como juez de paz a cambio de Q150 mil.
La cantidad podía bajar. Si no tenía el dinero completo, le explicaron, podía pagar Q100 mil. Pero habría una condición adicional: cuando apareciera un caso de interés para quienes estaban detrás del nombramiento, tendría que resolverlo de la manera que ellos quisieran.
Las leyes quedarían en segundo plano. También la Constitución. Y las resoluciones que correspondiera aplicar en cada expediente. Finalmente no aceptó. “Creo que firmé mi propia condena para nunca llegar a ser juez, como siempre he soñado”, admite como arrepintiéndose.
Desde entonces continúa relegada en los listados, pese a haber culminado el Programa de Formación Inicial para jueces de Paz y ser elegible para el cargo. No consiguió la plaza, pero tampoco contrajo la deuda que venía con ella. “Era firmarle mi vida al diablo”, subraya.
DE Q100 MIL A Q350 MIL PARA SER JUEZ
Otro testimonio, esta vez desde uno de los departamentos del país, coincide en lo esencial. Ser juez de Paz puede costar entre Q100 mil y Q150 mil, asegura. Para un juez de Primera Instancia, el monto puede alcanzar los Q300 mil. Pero hay algo más.
No todas las judicaturas tendrían el mismo valor. “No es lo mismo ser juez de Primera Instancia de Escuintla que de los departamentos del occidente, donde hay mucho tema de narcos”, relata la fuente.
Tampoco sería igual ocupar un juzgado que conoce asuntos ordinarios que llegar a una juzgado o tribunal de Mayor Riesgo en la capital, donde pueden terminar expedientes contra políticos, empresarios, banqueros o integrantes de estructuras del crimen organizado. “Esos cuestan más”, asegura.
La cantidad que habría escuchado para una de esas plazas: Q350 mil. El precio, según su testimonio, estaría acompañado de una condición. La lealtad para resolver determinados casos de determinada manera. “Esto es justicia a la carta”, dice.
La expresión resume uno de los principales riesgos que plantean los testimonios: que el dinero utilizado para conseguir una plaza no termine con el nombramiento, sino que genere una obligación hacia quienes ayudaron a obtenerla.
Los testimonios recabados por La Hora describen que el dinero no necesariamente llegaría a una sola persona ni se quedaría en un único nivel del Organismo Judicial. Las fuentes hablan de intermediarios, operadores, personas vinculadas a la estructura administrativa y también de magistrados de la Corte Suprema que tendrían participación o conocimiento en las negociaciones.
En algunos casos, aseguran, el pago serviría para abrir la puerta; en otros, para conseguir el respaldo de quien tiene capacidad de influir en el nombramiento. La ruta exacta del dinero es precisamente una de las preguntas que por ahora no se pueden responder: quién lo solicita, quién lo recibe, quién intercede y, sobre todo, hasta dónde llega cuando la plaza que está en juego es la de un juez.
EL PADRINO TAMBIÉN CUENTA
¿Cómo se llega a ser juez fuera de lo que establece la ley? Los testimonios no permiten establecer un único mecanismo. Sí describen distintas rutas.
Un aspirante a juez de Paz cuenta que una persona lo citó bajo el argumento de que quería contratar sus servicios como abogado. Cuando llegó a la reunión, la conversación tomó otro rumbo. La persona sabía que estaba intentando convertirse en juez y le ofreció ayudarlo a cambio de Q130 mil.
Otros aspirantes, cuenta la misma persona, reciben llamadas en las que la propuesta es más directa. Algunos saben incluso con qué magistrado pueden hablar para intentar negociar un nombramiento.
Otro juez consultado por La Hora señala una vía que, según dice, resulta más sencilla: un diputado. “Los diputados son los padrinos de los magistrados, ellos son sus meros meros”, no duda en asegurarlo.
Según el juzgador, el aspirante busca primero el respaldo del congresista. El diputado, después, tendría la posibilidad de acercarse al magistrado y pedirle que apoye el nombramiento. La Hora documentó el año pasado los vínculos de padrinazgo alrededor de los magistrados de la Corte Suprema y cómo esas relaciones podían convertirse en una fuente de influencia dentro del Organismo Judicial.
Así, para algunos de los entrevistados, la ruta hacia una toga no necesariamente comenzaría en el concurso. Podría comenzar en una reunión, una recomendación, un regalo, en un gremio de abogados o en el despacho de un diputado.
UNA CORTE QUE YA REPARTIÓ JUECES
Los señalamientos sobre la venta de plazas llegan mientras la actual Corte Suprema enfrenta un proceso de nombramientos que tiene un antecedente reciente.
En junio de 2025, La Hora reconstruyó, a partir del acta 15-2025 y de listados internos de la propia Corte, cómo nueve magistrados —del denominado bloque dominante— definieron prácticamente sin contrapesos los nombramientos y traslados de jueces de Primera Instancia y de Paz aprobados en una sesión extraordinaria del 3 de abril de ese año.
Los registros permitieron identificar qué magistrado promovió a cada juez y cuántas de sus propuestas fueron aceptadas.
En Primera Instancia, Teódulo Cifuentes Maldonado consiguió seis nombramientos o traslados. Luis Mauricio Corado Campos y Gustavo Morales Duarte lograron cinco cada uno. Claudia Paredes, Jenny Alvarado y Carlos Ramiro Contreras obtuvieron cuatro propuestas aceptadas cada uno. Igmaín Galicia consiguió tres, Clemen Juárez dos y René Girón Palacios una.
En los jueces de Paz el patrón volvió a aparecer.
Cifuentes encabezó nuevamente la lista, con siete candidatos posicionados; Corado y Ramiro Contreras consiguieron seis cada uno; Paredes y Morales Duarte, cinco; mientras Juárez, Galicia y Alvarado aseguraron cuatro nombramientos cada uno.
La investigación permitió observar algo más que una lista de nombres. Los magistrados tenían candidatos y esos candidatos llegaban al pleno para ser votados. Las fuentes consultadas entonces señalaron que las designaciones respondían también a acuerdos internos entre el bloque dominante de la Corte.
Ahora el proceso vuelve a repetirse. Con más plazas. Y con una correlación de fuerzas diferente.
¿145 CUOTAS DE PODER?
Entre las 145 plazas que llevan más de un mes pendientes de decisión hay nombres que ya han aparecido en expedientes de alto impacto. Pero mientras los magistrados del bloque dominante —que controla la mayoría de la Corte— negocian los nombramientos, la falta de jueces ya comienza a pasar factura dentro de los tribunales.
Según fuentes de la Presidencia de la Corte Suprema y del Consejo de la Carrera Judicial, los magistrados todavía no alcanzan acuerdos para definir a quiénes nombrarán en las plazas vacantes. La demora no ocurre en un sistema con jueces de sobra. La propia Corte reconoció recientemente que ya no cuenta con suficientes suplentes para cubrir las ausencias.
El caso de la jueza Rosmery Rosil Santos muestra hasta dónde puede llegar esa falta de decisiones. Desde el 8 de junio fue designada para atender, además del Juzgado Séptimo de Paz Civil que dirige, el Juzgado Sexto de Paz Civil de Guatemala, cuyo titular se ausentó para participar en el Programa de Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia. Durante semanas, una sola jueza quedó al frente de dos despachos.
Rosil Santos reclamó que esa carga era «materialmente imposible» de cumplir y pidió que la Corte nombrara a otro juez para cubrir la vacante. A su juicio, la decisión vulneraba derechos laborales y terminaba afectando también a los usuarios del sistema de justicia. Finalmente, presentó su renuncia y la aceptaron.
Mientras la Corte reconoció que no tenía suficientes jueces para cubrir sus propias vacantes, 145 plazas permanecen pendientes de nombramiento. “Los magistrados autorizan esos dobles cubrimientos de juzgados para que se cansen y renuncien, asi pueden meter a los suyos: es un despido indirecto”, coinciden trabajadores del Organismo Judicial.
En ese mismo escenario, a espera de nombramientos, también está en juego el Juzgado de Mayor Riesgo B.
Eduardo Orozco ocupa actualmente una plaza como juez suplente y busca convertirse en titular de uno de los órganos que históricamente conoce procesos relacionados con corrupción, crimen organizado y estructuras de poder político. Ese juzgado ligó a proceso al expresidente Otto Perez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti.
Edy Otoniel de León también figura entre los aspirantes. Su nombre fue cuestionado por haber dictado una sentencia absolutoria en el caso Dos Erres y ordenar la destrucción de la prueba material. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó posteriormente al Estado abstenerse de ejecutar esa decisión para preservar la evidencia relacionada con la masacre.
Juan José Jiménez, exjuez de Mayor Riesgo D, también aspira a una plaza. Fue denunciado por un presunto pedido de soborno al exministro de Comunicaciones José Luis Benito a cambio de favorecerlo con arresto domiciliario en procesos relacionados con el Libramiento de Chimaltenango y el hallazgo de Q122 millones en una residencia de La Antigua Guatemala.
En el Juzgado de Primera Instancia en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala aparece José Eduardo Cojulún, contra quien el Ministerio Público solicitó retirar la inmunidad en 2021 dentro del caso Fénix por supuestas resoluciones irregulares.
Y también busca regresar a la judicatura Geisler Samille Pérez, incluido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel por, según ese gobierno, socavar procesos democráticos al obstruir enjuiciamientos relacionados con las Comisiones Paralelas 2020.
OJ EN SILENCIO
El Organismo Judicial (OJ), presidido por la magistrada Claudia Paredes, fue consultado sobre el motivo del retraso para nombrar a togados en las 145 plazas vacantes de jueces de Paz y de Primera Instancia, así como su postura sobre los señalamientos de jueces y aspirantes que aseguran que existen cobros y negociaciones para acceder a una judicatura.
También se preguntó qué medidas ha adoptado la institución ante estas denuncias y qué opinión le merecen estos señalamientos. Al cierre de esta nota, el OJ no había respondido a las consultas.
LAS GRABACIONES POR VENTA DE PLAZAS
La investigación sobre la posible venta de plazas no comenzó con los jueces. En agosto, La Hora reveló una grabación en la que una trabajadora vinculada a Recursos Humanos del Organismo Judicial ofrecía a un aspirante una plaza presupuestada a cambio de dinero. La conversación incluía otras posibles vías de ingreso: recomendaciones de políticos o diputados y el sindicato.
Tres entrevistados aseguraron entonces haber recibido ofertas directas para obtener puestos o ascensos a cambio de dinero. Los montos llegaron, según los testimonios, hasta Q80 mil.
Dos días después de aquella publicación, el Ministerio Público (MP), que dirige el fiscal general Gabriel García Luna, anunció una investigación de oficio asignada a la Fiscalía contra la Corrupción. La presidenta de la Corte Suprema, Claudia Paredes, también admitió que este año el Organismo Judicial recibió una denuncia, pero al no tener suficientes elementos la desestimaron internamente, omitió presentar la denuncia ante el MP.
Después La Hora reveló una segunda grabación con la misma voz de la trabajadora. Esta vez, a una aspirante le ofrecieron entrar al Organismo Judicial por medio del sindicato y quedarse laborando después de concluir su pasantía. El precio equivalente era un salario completo depositado a una cuenta bancaria.
Ahora una decena de abogados ha relatado de propia voz como han sido solicitados estos sobornos. Los testimonios conducen a la misma pregunta. Si el nombramiento de los jueces corresponde a la Corte Suprema, ¿quién conecta al aspirante que paga con el magistrado que vota?
Las aspirantes y jueces hablan de diputados. De abogados, gremios, reuniones, de regalos, de intermediarios y de magistrados que, según los testimonios, pueden apadrinar a determinados aspirantes.
