La jueza de Paz Rosmery Janeth Rosil Santos, quien semanas atrás cuestionó ante la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) —la máxima autoridad— la decisión de mantenerla al frente de dos juzgados simultáneamente, dejará el Organismo Judicial.
El pleno de la Corte Suprema aceptó el pasado 26 de agosto su renuncia al cargo de jueza titular del Juzgado Séptimo de Paz del Ramo Civil del municipio y departamento de Guatemala. La dimisión será efectiva a partir del próximo 16 de septiembre.
La decisión introduce un nuevo elemento en un caso que La Hora reveló a principios de agosto y que dejó expuesta una de las consecuencias de la falta de jueces dentro del sistema judicial: la propia Corte Suprema había reconocido que ya no contaba con suficientes jueces suplentes para cubrir las vacantes temporales.
El acuerdo del pleno conocido ahora no precisa los motivos de la renuncia de Rosil Santos. Por ello, no es posible establecer, con la información disponible, si su salida guarda relación con la controversia que había planteado semanas antes por la designación que la obligaba a atender simultáneamente dos órganos jurisdiccionales.
LA JUEZA QUE CUESTIONÓ A LA CORTE
La Hora documentó el pasado 7 de agosto que Rosil Santos había reclamado a la Corte Suprema por haber sido designada, desde el 8 de junio, para cubrir la ausencia del titular del Juzgado Sexto de Paz Civil sin dejar de ejercer sus funciones como titular del Juzgado Séptimo.
En un escrito remitido a la Cámara Civil, la jueza sostuvo que la medida había convertido una carga laboral ya elevada en una responsabilidad imposible de cumplir. «Materialmente imposible», resumió al referirse a la obligación de estar presente y atender simultáneamente dos juzgados.
Su reclamo iba más allá de una inconformidad administrativa.
Rosil Santos advirtió que la situación podía afectar directamente a los usuarios del sistema de justicia, al dificultar que las solicitudes y procesos fueran atendidos oportunamente. También cuestionó que una medida inicialmente presentada como excepcional se prolongara durante meses, pese a que la ausencia del juez al que debía sustituir se extendería aproximadamente un año.
La jueza argumentó que mantenerla al frente de ambos tribunales podía vulnerar derechos y garantías constitucionales y solicitó que se nombrara a otro juez para cubrir la vacante temporal.
LA RESPUESTA: NO HAY SUFICIENTES JUECES
La respuesta de la Corte Suprema, sin embargo, no entró a analizar de fondo los señalamientos de la jueza.
En una comunicación firmada por el secretario de la CSJ, Emanuel Molina Castañeda, la institución justificó la designación por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de justicia y reconoció que ya no disponía de jueces suplentes para cubrir todas las ausencias.
Según explicó la Secretaría de la Corte, los jueces suplentes disponibles habían sido distribuidos para atender distintas vacantes temporales, entre ellas las generadas por 80 plazas ocupadas por aspirantes que participan en el Programa de Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia.
Ante esa falta de personal, la Corte recurrió a designaciones extraordinarias para impedir que algunos órganos jurisdiccionales dejaran de funcionar.
La explicación oficial convirtió el caso de Rosil Santos en algo más que una disputa individual. Por primera vez, una jueza cuestionaba públicamente las consecuencias de una medida adoptada para enfrentar una escasez que la propia Corte Suprema admitía oficialmente.
Ahora, su renuncia añade una nueva interrogante: quién cubrirá la plaza que quedará vacante en el Juzgado Séptimo de Paz Civil y cómo resolverá la Corte una situación que, en el caso de la jueza saliente, había llevado a que una misma persona fuera requerida para atender dos tribunales.
UNA CRISIS QUE VA MÁS ALLÁ DE UNA PLAZA
El caso ocurre en un contexto de déficit de jueces que La Hora ha documentado con anterioridad.
Información oficial obtenida por este diario mediante la Ley de Acceso a la Información Pública estableció que Guatemala cuenta con 7.7 jueces por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad de los 17 jueces por cada 100 mil habitantes que suelen utilizarse como referencia internacional para garantizar un acceso adecuado a la justicia.
La distribución, además, es desigual. Mientras el departamento de Guatemala concentra una mayor cantidad de jueces por habitante, otros departamentos enfrentan una presencia significativamente menor.
Especialistas consultados previamente habían advertido que esa insuficiencia de personal terminaría reflejándose en sobrecarga laboral, retrasos procesales y mayores dificultades para acceder a la justicia.
El caso de Rosil Santos parecía confirmar esa advertencia desde el interior del propio sistema: la falta de sustitutos había llevado a la Corte a trasladar temporalmente la responsabilidad de un juzgado a una jueza que ya dirigía otro.
