Autor: Alejandro Solorzano
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Imagine que el piloto de un avión pretende despegar, pero antes admite que no sabe ni abrocharse el cinturón de seguridad. Absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que acaba de pasar en la carrera por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Durante la recepción de expedientes para dirigir el órgano fiscalizador del país, 58 contadores decidieron aceptar el reto de participar para dirigir la Contraloría. Tras una primera revisión formal, 18 de ellos (un escandaloso 31% del total) fueron descartados de la lista por incumplir los requisitos de la convocatoria. No por un debate sobre su visión de Estado, sino por torpezas tan elementales como entregar actas notariales mal faccionadas o incumplir las instrucciones básicas de la convocatoria.
Hablamos de profesionales que aspiran a auditar presupuestos millonarios, desenredar entramados de corrupción y vigilar la legalidad de cada quetzal público, pero que tropezaron con la primera piedra: su propia papelería.
Cuando observamos con cabeza fría la arquitectura del poder en Guatemala, el fenómeno revela un resultado cínico y trágico: la incompetencia es una estrategia deliberada. En la alta gerencia pública, presentar un expediente impresentable no siempre es un descuido torpe; a menudo es un engranaje calculado.
Dentro de los procesos muchas veces se saturan las nóminas con perfiles inviables para simular una competencia amplia y democrática. Al final, el filtro desecha a algunos y obliga a negociar dentro de una baraja reducida donde solo quedan los jugadores alineados al poder.
Las exigencias formales no ahuyentan al malintencionado; eliminan al novato sin padrinos. Debido a que el sistema suele hipervigilar la falta de un timbre fiscal, mientras históricamente le pone alfombra roja a la falta de idoneidad moral.
En la fase de tachas y pruebas de descargo, la opinión pública presenciará el habitual malabarismo legal: aspirantes utilizando piruetas jurídicas para argumentar porqué a pesar de no ser honorables, capaces e idóneos, sí pueden ocupar los cargos públicos.
El artículo 113 de la Constitución Política de la República no es un adorno poético ni una sugerencia optativa; exige el cumplimiento de los requisitos que cualquier funcionario debe tener: capacidad, idoneidad y honradez. Quien demuestra incapacidad en su postulación o tiene señalamientos en su carrera que cuestionan su honorabilidad ha reprobado automáticamente los tres mandatos constitucionales.
Un contralor incapaz de seguir reglas básicas es un peligro para la estabilidad institucional. Una Contraloría sometida a la mediocridad o a la negociación política solo sirve para dos propósitos: operar como garrote de persecución contra las voces incómodas o funcionar como una fábrica de impunidad para las redes aliadas al Congreso de turno.
Aceptar a un fiscalizador perteneciente a estas redes y con padrinazgos es resignarse a que la ley sea solo una trampa para el ciudadano común y una sugerencia para el poderoso. Si como ciudadanía convalidamos en silencio que las instituciones del país sean entregadas a quienes no superan un examen básico de admisión, la culpa ya no será de los aspirantes, sino de una sociedad que aceptó, voluntariamente, firmarle un cheque en blanco al cinismo.
