¿Cuál dirían ustedes que es el más importante de los “tres poderes del Estado”? Yo siempre he pensado que es el judicial.
Quizá es una influencia profesional o un sesgo de recencia, pero nunca he podido evitar pensar en lo distinto que sería el país si tuviéramos buenos jueces.
Creo que la frase con la que resumimos la función jurisdiccional, “aplicar la ley”, no permite dimensionar el rol tan grande de estas instituciones. Claro, tenemos a la CC, encargada (en teoría) de velar que la Constitución sea respetada por las autoridades y de detener los peores impulsos del electorado que amenazan los derechos del pueblo. También la CSJ, que conoce algunos de los antejuicios más importantes, hace y deshace en el Organismo Judicial, y es la última instancia para la mayoría de casos. Pero no solo son estos grandes y extravagantes tribunales los que importan. Cada juez o jueza del país tiene un poder, quizá excesivo, sobre nuestro país al “aplicar la ley”.
En 2023, el derecho colectivo a la democracia de un país entero casi fue desconocido por las absurdas resoluciones de un miserable juez de primera instancia penal. Los votos de miles de ciudadanos en todo el país, quienes escogieron a X o Y partido para representarlos, son tirados a la basura mediante resoluciones de “amparo” proferidas por juzgados incompetentes (en ambos sentidos de la palabra), quienes anulan resultados, descalifican candidatos o les impiden ejercer el cargo.
Nuestros derechos a la libertad de expresión, reunión y justicia son mermados por los juzgadores que permiten la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos. La grave erosión del Estado de derecho liderada por Consuelo Porras nunca hubiera ocurrido si hubiera habido jueces valientes que le pusieran un alto—lamentablemente, los que se atreverían a hacerlo fueron forzados al exilio.
Los malos jueces destruyen las buenas políticas. No hay fuerza policial que alcance si se deja libres a los narcotraficantes. No hay código de ética que sea suficiente si los corruptos saben que podrán pagar su libertad con una fracción de lo robado. Los convenios de la OIT no pueden competir con jueces de trabajo que consienten las prácticas laborales abusivas de las grandes empresas. Ningún programa para atraer inversión pesará más que el miedo a que un juez civil resuelva arbitrariamente en favor de “su cuate”.
Estas prácticas, tan aborrecibles y conocidas, han dado lugar a una desconfianza generalizada en el sistema de justicia. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que he escuchado a personas rehusarse a demandar porque saben que solo se someterán a un proceso eterno y desgastante, donde tener la razón no les garantiza obtener justicia. Cada vez más personas apoyan la justicia vigilante, los linchamientos y el trato de “culpable hasta que muestre lo contrario” repopularizado por Bukele, ante una evidente desconfianza en que la justicia estatal pueda dar lugar a una verdadera rendición de cuentas.
¿Y cómo no va a permear este cinismo en la sociedad? Si tan solo en el último mes hemos visto reportajes sobre la venta de plazas en el OJ, sobre cómo los magistrados de la CSJ mantienen jueces “temporales” para usar los puestos como fichas de intercambio y cómo alteran los procesos para proteger a sus aliados, o sobre cómo los familiares de un juez pueden cometer homicidio vehicular y salirse con la suya por el miedo de la policía. Un libro recién publicado narra cómo algunos oficiales de justicia están dispuestos a ser sobornados con una pizza.
Además, el poder judicial funciona de manera tan opaca y compleja (el sistema de integración de cortes es de lo más confuso y absurdo que existe), que es completamente entendible que la población se quiera desentender de él.
Pero esto es peligroso. El sistema de justicia no va a desaparecer, y no nos podemos permitir deshacernos de él. El ignorarlo solo da lugar a que continúe siendo infiltrado y controlado por actores corruptos, quienes seguirán dando una justificación “legal” a las violaciones a nuestros derechos y, eventualmente, al autoritarismo.
No pretendo tener la solución a este problema, creo que es tan complejo y multifacético que requiere tratarlo por varios frentes. Sin duda el trabajo de sociedad civil y de la prensa son indispensables para combatir esta crisis, pero quizá sigue siendo un tema relativamente impopular en el contexto de las grandes demandas sociales. No estoy seguro de cuál es la solución, pero de lo que sí estoy seguro es esto: sin buenos jueces no hay buen país.
