Leonel Salas Juárez
En Guatemala, el maíz y el frijol no son un simple cultivo, es parte de nuestra dieta alimenticia, de nuestra cultura y la economía de las familias guatemaltecas. Es por eso por lo que el efecto del Súper Niño se convierte en un problema que deja de ser exclusivamente agrícola y se convierte en un tema de interés nacional e internacional, pues su efecto ya ejerce gran presión sobre la economía de las familias guatemaltecas, situación que debe llamar la atención de las autoridades en todos los niveles, así como de productores y consumidores. Cuando la producción disminuye, inevitablemente surgen presiones sobre los precios, y quienes primero sienten sus efectos son las familias de menores ingresos, ya que destinan una mayor proporción de su presupuesto a la alimentación.
La situación del país es preocupante, al menos 15 cultivos se encuentran en riesgo por las altas temperaturas, entre ellos maíz, frijol, arroz, hortalizas y otros productos esenciales. También se han identificado 106 municipios con déficit de lluvias. Estos datos reflejan una realidad que Guatemala no puede seguir enfrentando únicamente cuando las pérdidas ya ocurrieron.
Las condiciones actuales confirman que el clima y la economía están estrechamente relacionados. El Gobierno de Guatemala ha advertido que la sequía prevista para 2026-2027 representa un riesgo importante para cultivos estratégicos como el maíz y el frijol, especialmente en regiones vulnerables como el Corredor Seco. Sin embargo, no se tiene claro un plan de emergencia que pueda ayudar a las familias afectadas por los problemas climáticos.
En este contexto difícil, surge una pregunta fundamental: ¿estamos preparados para enfrentar una agricultura cada vez más afectada por la variabilidad climática?
La respuesta, desde mi punto de vista, todavía es insuficiente.
Durante años hemos hablado de cambio climático, pero muchas veces seguimos produciendo como si las condiciones climáticas de décadas anteriores fueran a mantenerse. El agricultor siembra, espera la lluvia y, cuando esta no llega, pierde parte o incluso toda su cosecha. Después vienen los programas de emergencia, las entregas de alimentos y las ayudas temporales. Sin embargo, este modelo debe cambiar. No es suficiente.
Guatemala necesita pasar de una política predominantemente reactiva a una política de prevención y adaptación. Hay señales positivas: el MAGA ha anunciado medidas relacionadas con conservación de humedad del suelo, cosecha de agua, diversificación productiva, uso eficiente del recurso hídrico y fortalecimiento de sistemas de alerta temprana; sin embargo, aún falta mucho para su implementación y capacitación real.
Estas acciones deben llegar realmente al pequeño productor y no quedarse en documentos, reuniones o programas institucionales. El campesino necesita asistencia técnica, semillas adaptadas, acceso al agua, infraestructura de almacenamiento, seguros agrícolas, crédito y mercados donde pueda vender a precios justos.
También debemos criticar la cadena de comercialización del cultivo. El productor enfrenta los costos y riesgos de la producción, mientras que entre el campo y la mesa intervienen diferentes actores. Casi siempre el agricultor vende a un intermediario, quien posteriormente transporta y comercializa el producto. Por ello, no basta con observar cuánto aumenta el precio al consumidor: también debemos preguntarnos cuánto recibe realmente quien produce el alimento.
El problema no concluye con el precio del maíz. La SESAN clasificó para julio-septiembre de 2026 alrededor de 3.2 millones de personas en Fase 3 o superior de inseguridad alimentaria, esto va asociando con la posible intensificación de la sequía y las presiones sobre los precios de los alimentos. Además, recientemente se reportaron más de 116 mil hectáreas de cultivos afectadas por la sequía, con pérdidas económicas superiores a Q600 millones, según información presentada por diferentes fuentes ante el Congreso.
Entonces, Guatemala necesita dejar de considerar la sequía como una emergencia ocasional y comenzar a tratarla como un desafío estructural. El futuro de nuestra seguridad alimentaria dependerá de nuestra capacidad para producir con menos agua, conservar nuestros suelos, diversificar los sistemas productivos y utilizar la información climática para tomar decisiones oportunas. Proteger al agricultor significa también proteger al consumidor. Las alzas de precio del maíz y frijol en el mercado es una advertencia. No debemos esperar a que la tortilla sea demasiado cara para reconocer que detrás de cada alimento existe un productor, un suelo, agua y un clima. Si queremos garantizar alimentos para las próximas generaciones, la adaptación climática debe dejar de ser una opción y convertirse en una prioridad nacional.
