
El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 plantea un cambio de escala en el gasto público.
Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) real se proyecta con un crecimiento de 4%, el presupuesto aumenta 13.8%, con lo que pasa de representar 16.6% a 17.6% de la producción nacional.
La apuesta del Gobierno es que el mayor gasto, particularmente el destinado a inversión pública, contribuya a elevar la productividad y genere condiciones para un mayor crecimiento económico.
Sin embargo, el incremento también implica una mayor necesidad de financiamiento y un aumento del déficit fiscal.
Adicional, representa dudas respecto de que los montos destinados no sean utilizados para financiar obras que pudieran estar sobrevaloradas o susceptibles a corrupción.
LAS CUATRO COSAS QUE PESAN EN LA PROPUESTA
1. Q23 mil 930.6 millones para inversión estratégica
Uno de los principales cambios planteados para 2027 está en la inversión estratégica. El Gobierno contempla Q23 mil 930.6 millones, equivalentes a 2.2% del PIB, para proyectos de infraestructura y obra pública.
Entre los principales destinos figuran Q4 mil 800 millones para la ampliación de Puerto Quetzal, Q3 mil 517.6 millones para proyectos viales prioritarios a través del Fondo para la Vivienda Popular (FOVIP) y Q2 mil 550 millones para la nueva Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
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A estos recursos se suman Q3 mil 015.4 millones para el Programa Mano a Mano, Q1 mil 200 millones para proyectos de agua y saneamiento y Q800 millones para transporte, puertos y aeropuertos.
La distribución refleja una apuesta por ampliar la infraestructura productiva del país, con proyectos que buscan mejorar la conectividad, la logística y el acceso a servicios básicos.
INVESTIGACIÓN REVELA POSIBLE SOBREVALORACIÓN DE OBRAS
La magnitud de esa apuesta cobra relevancia a la luz de investigaciones recientes de La Hora.
Una de ellas documentó adjudicaciones de puentes realizadas por invitación, con una posible sobrevaloración de Q148 millones.
El caso plantea una pregunta que acompañará la discusión del presupuesto: si el Estado tendrá más dinero para construir, ¿también tendrá mejores controles para decidir cómo y a quién se adjudican esas obras?.
Durante La Ronda, La Hora, consultó al presidente respecto de una afirmación que él mismo en 2023 cuando hizo referencia a que al menos el 40% del presupuesto nacional se destinaba a corrupción.
¿Cómo garantiza a los guatemaltecos que esa corrupción no se ha multiplicado y cuáles son las evidencias de que el sistema que usted prometió cambiar realmente ha cambiado?
El mandatario respondió: “Estamos usando figuras de ley que están en la Ley de Infraestructura Estratégica Prioritaria”, afirmó Arévalo al referir que se solicitó a la Contraloría General de Cuentas, auditorías concurrentes para evitar y prevenir cualquier tipo de dudas.
Aseguró que no se están creando formas de contratación fuera de la legislación vigente.
La pregunta tomó como referencia la adjudicación de tres puentes por Q276.94 millones bajo figuras contempladas en la Ley de Infraestructura Estratégica Prioritaria Vial.
La investigación de La Hora identificó una diferencia de aproximadamente Q148.6 millones entre el monto adjudicado y una estimación realizada por una empresa con experiencia en construcción de puentes, tomando como referencia los mismos planos y especificaciones técnicas de los concursos.
AUDITORÍAS CONCURRENTES
Al respecto, el mandatario explicó a qué se refiere con «auditoría concurrente», y es que esta se hace en todo momento dentro de un proceso.
En una auditoría posterior, la revisión ocurre después de que una institución ejecutó el proyecto o una parte importante del mismo.
En cambio, una auditoría concurrente permite que la Contraloría acompañe la ejecución desde sus primeras etapas, según explicó.
En una auditoría posterior, la revisión ocurre después de que una institución ejecutó el proyecto o una parte importante del mismo.
En cambio, una auditoría concurrente permite que la Contraloría acompañe la ejecución desde sus primeras etapas, según explicó.
2. SALUD Y EDUCACIÓN CONCENTRAN LOS MONTOS MÁS ROBUSTOS
El otro eje de la propuesta es la inversión social. De acuerdo con el Gobierno, más del 46% del presupuesto estará destinado a este rubro, con educación, salud y seguridad entre las principales prioridades.
Para Educación se plantean Q27 mil 898 millones, de los cuales Q3 mil 985.7 millones corresponden al programa de alimentación escolar.
En Salud, la asignación propuesta asciende a Q18 mil 615.5 millones, con énfasis en atención del cáncer, niñez y combate a la desnutrición.
El Ministerio de Gobernación tendría Q10 mil 490 millones, que incluyen recursos para incorporar a 3 mil 500 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil y Q773.8 millones destinados a centros penitenciarios.
Por su parte, Defensa recibiría Q6 mil 374.7 millones, mientras que Desarrollo Social tendría Q5 mil 500 millones, un incremento de 31%.
3. MÁS RECAUDACIÓN Y MÁS DEUDA
Para financiar este mayor nivel de gasto, el Gobierno proyecta Q131 mil 635.9 millones en ingresos tributarios, equivalentes a 12.1% del PIB.
La meta supone un crecimiento de 9.9% en la recaudación de la SAT y, según la propuesta, se buscaría alcanzar mediante mejoras en eficiencia, fiscalización y combate al contrabando, sin aumentar las tasas de impuestos.
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El mayor desafío está en el déficit fiscal. La versión actualizada del proyecto lo ubica en Q48 mil 300.1 millones, equivalente a 4.4% del PIB, por encima del 3.8% previsto para 2026 y también de la proyección preliminar de 3.7%.
Para cubrir esa brecha, el Gobierno contempla recurrir al mercado interno. El financiamiento interno neto alcanzaría Q40 mil 150 millones, mientras que se prevén Q42 mil 750 millones en nuevas emisiones de deuda.
4. DEUDA PÚBLICA CRECE
El efecto de este esquema de financiamiento será un aumento del saldo de la deuda pública. Según las cifras del proyecto, pasaría de Q280 mil 708.3 millones en 2026 a Q320 mil 443.3 millones en 2027.
Como proporción de la economía, la deuda subiría de 27.6% a 29.4% del PIB.
A esto se suma el costo del servicio de la deuda, que para 2027 requeriría Q24 mil 601.1 millones.
De esta manera, el Presupuesto 2027 plantea una ecuación con dos caras: un aumento importante de recursos para infraestructura y programas sociales, pero financiado en buena medida mediante mayor endeudamiento.
El desafío para el Gobierno será demostrar que ese gasto adicional se convierte en obras, servicios y mayor capacidad productiva, mientras mantiene bajo control las cuentas fiscales.







