Miguel Martínez no acepta el fallo de la jueza de Estados Unidos que lo mantiene sancionado financieramente a nivel internacional y, a través de su abogado, busca revertir la decisión con una apelación para que se proceda a un juicio sumario, como él lo había solicitado.
El exdirector del extinto Centro de Gobierno de la era de Alejandro Giammattei insiste en que se realice un juicio sumario; es decir, Martínez quiere que se realice una versión resumida del caso para que el juez lo resuelva de manera anticipada, sin necesidad de celebrar un juicio completo ante un jurado.
Además, en la nota de La Hora, Miguel Martínez alega persecución política por parte de la OFAC y dice “sufrir daño económico” pedía que el Departamento del Tesoro de EE. UU., la parte demandada por él, le reparara económicamente por estar sancionado supuestamente sin justificación.
El pasado 24 de julio, la jueza Beryl A. Howell falló en contra de Martínez, concediendo la petición del Departamento del Tesoro de un juicio sumario cruzado. Este tipo de recurso pide que el juez falle a favor de la parte contraria, en lugar de la solicitante, sin que el caso llegue a juicio, explica Keystone Law Group.
«Tras examinar la Moción de Sentencia Sumaria del demandante Luis Miguel Martínez Morales, la Moción Cruzada de Sentencia Sumaria de los demandados (el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros), los escritos jurídicos pertinentes presentados en apoyo y en oposición a dichas mociones, así como la totalidad del expediente de la causa, y por los fundamentos expuestos, se ordena que se deniegue la Moción de Sentencia Sumaria del demandante. Asimismo, se
ordena que se conceda la Moción Recíproca de Sentencia Sumaria de los demandados», se lee en la resolución de la jueza Beryl A. Howell.
APELACIÓN DE MARTÍNEZ
Si bien la jueza ordenó el cierre del caso, quedó la puerta abierta a la posibilidad de una apelación.
En la última oración del texto de fallo, se hace la salvedad de que se trata de una orden definitiva, pero susceptible de apelación.
El Cornell Law School explica que en la legislación estadounidense, cuando un juez falla a favor de un juicio sumario cruzado, «la parte que presentó la moción inicial debe presentar y notificar una respuesta a cualquier moción cruzada de sentencia sumaria dentro de los 15 días siguientes a la notificación de dicha moción cruzada, o se considerará que ha consentido a la misma».
Es exactamente lo que hizo el abogado de Miguel Martínez. Antes de que venciera el plazo de los 15 días, Alexei Schacht, el abogado de Martínez, presentó la apelación.
El 10 de agosto se notificó que Martínez presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia contra la Orden y la Opinión Razonada del tribunal a cargo de la jueza Beryl A. Howell.
LA DEMANDA DE MARTÍNEZ CONTRA EL TESORO DE EE. UU.
El 1 de diciembre de 2023, Martínez fue incluido en la lista negra financiera de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Como consecuencia, quedaron congelados sus activos y transacciones bancarias y/o financieras en todas las entidades del mundo que tengan relación con entidades estadounidenses.
La razón para ser sancionado de esa manera es que Estados Unidos lo señala de la compra millonaria fraudulenta de las vacunas rusas contra el Covid-19, Sputnik V.
Dos días después de la medida del Tesoro, Martínez contrató al abogado Schacht para presentar una demanda contra ese departamento y la OFAC.
El caso avanzó con la presentación de argumentos de ambas partes y, del lado de Martínez, se exigía que se declarara ilegal su inclusión en la lista negra financiera, por lo que se pedía una orden para que la OFAC lo retirara de dicha lista.
La demanda de Martínez también exigía que se le costearan los gastos honorarios del abogado que tenía que invertir en su caso como acción de reparación a su favor. El 11 de septiembre de 2025, Martínez presentó la solicitud de un juicio sumario.
Sin embargo, los argumentos no convencieron a la jueza, ya que durante el desarrollo del proceso, el Departamento del Tesoro y la OFAC le aclararon a Martínez que no está sancionado con la Ley Global Magnitsky, sino con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump emitida durante su primer mandato.
En la nota de La Hora OFAC responde a Miguel Martínez por demanda y dice que fue sancionado con norma emitida por Trump se explica dicha inconsistencia argumentada por Martínez y la respuesta del Tesoro.
Martínez fue sancionado financieramente con la Orden Ejecutiva 13818 «Bloqueo de la propiedad de personas involucradas en abusos graves de derechos humanos o corrupción».
