La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares de cualquier democracia. Pero precisamente porque protegen la posibilidad de informar, denunciar, cuestionar y opinar, también nos obligan a reflexionar sobre la responsabilidad que implica hacer públicos señalamientos de enorme gravedad. Una cosa es la crítica política; otra, una acusación relacionada con la posible planificación de un asesinato.
EL PROBLEMA: Hay diferencias entre un periodista, el director de un medio de comunicación, alguien que genera opinión y un influencer. Es un debate que hemos tenido desde hace tiempo: qué entendemos por libertad de prensa, qué protege la libertad de expresión, hasta dónde llegan y qué responsabilidades acompañan su ejercicio.
Por segunda semana consecutiva vuelvo sobre el mismo tema. El director de un medio de comunicación con presencia principalmente en redes sociales hizo pública una acusación que involucra a un posible candidato presidencial y al Presidente del Congreso de la República. Lo que particularmente me preocupa es la dimensión del señalamiento: estamos hablando de la supuesta planificación de un atentado contra la vida de una persona.
No es cualquier cosa. Una acusación de esa naturaleza puede difundirse en minutos, multiplicarse miles de veces y tener consecuencias antes de que quienes la reciben cuenten con elementos suficientes para determinar qué ocurrió realmente. Por eso merece ser tratada con toda la seriedad que corresponde.
¿QUÉ PASÓ? El caso ya es ampliamente conocido. Según lo denunciado públicamente, existiría un supuesto plan para atentar contra la vida del director del medio y de otras personas de su equipo. La versión incluye detalles sobre reuniones, participantes y hasta una supuesta contratación de sicarios.
No me corresponde determinar si eso ocurrió o no. Precisamente por la naturaleza de los señalamientos, corresponde que las autoridades competentes establezcan los hechos.
Un asunto de este calibre no puede agotarse en hacerlo público. Si existen elementos que sustenten una denuncia, deben ser conocidos por las instituciones responsables de investigar. La población merece conocer la verdad, y esa verdad no debería depender de los políticos, de las partes involucradas ni de lo que se diga o multiplique en las redes sociales.
NO SE VALE que la discusión termine reducida a quién cree la denuncia, quién la rechaza o de qué lado se coloca cada sector. Lo fundamental es establecer si los hechos ocurrieron y, a partir de una investigación, determinar las responsabilidades que correspondan.
Una acusación pública de esta magnitud puede afectar seriamente la reputación de cualquier persona y, cuando involucra a actores políticos, incluso puede tener consecuencias electorales. Reconocerlo no significa restarle importancia a una denuncia ni cuestionar el derecho a hacerla pública; significa recordar que una acusación, por grave que sea, no equivale por sí misma a una responsabilidad demostrada.
En el capítulo de ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana (platicando con el hombre al que le aplicaron un artículo constitucional, por primera vez, para no dejarlo ser candidato. Alfonso Portillo) intento llamar la atención precisamente sobre ese punto. Una acusación se publica, inmediatamente se replica, aparecen respaldos y rechazos y algunos actores políticos comienzan a incorporarla a su propio discurso. El riesgo es que aquello que todavía debe investigarse termine instalado ante la opinión pública como una verdad o una mentira antes de que existan elementos suficientes para concluir cualquiera de las dos cosas.
Y allí aparece mi otra preocupación: la campaña electoral. No quiero atribuir intenciones a nadie en este caso, pero acusaciones de esta naturaleza pueden afectar la imagen y eventualmente la participación política de las personas. Si este fuera el tono de lo que viene, podríamos terminar sustituyendo el debate sobre planes de gobierno por acusaciones, ataques personales y destrucción de reputaciones.
YA ES HORA de que dimensionemos lo que significa una acusación de esta naturaleza, independientemente de quién denuncia y de quién es señalado. Ni una trayectoria política, ni una posición pública, ni una simpatía partidaria pueden determinar anticipadamente quién tiene razón. Para eso existen las instituciones, las investigaciones y el debido proceso.
Nuestra Constitución establece que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Esa garantía debe valer para todos y será particularmente importante recordarla conforme se acerquen las elecciones.
Los antecedentes que hemos vivido alrededor de finiquitos, procesos judiciales y posibilidades de participación electoral demuestran lo delicado que resulta mezclar una acusación con las aspiraciones políticas de una persona. Por eso debemos ser especialmente cuidadosos: investigar lo que deba investigarse, proteger a quien pueda encontrarse en riesgo y garantizar los derechos de quien sea señalado.
QUE NOS DUELA ver con qué facilidad una acusación pública de esta magnitud puede convertirse en parte de la confrontación política. Que no sustituyamos el debate de ideas y planes de gobierno por acusaciones, peleas e insultos. Que ese dolor nos mueva a exigir responsabilidad, informarnos y participar en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
