Una trabajadora vinculada a Recursos Humanos ofrece a un aspirante una plaza 011, le pregunta si tiene “cuello político”, le plantea la vía del sindicato y le explica que debe pagar una parte del dinero de inmediato y otra después de recibir su primer salario. La Hora contrastó la grabación con 15 entrevistas a trabajadores y funcionarios judiciales. Tres aseguran haber recibido directamente ofertas para comprar plazas o ascensos. Los testimonios describen un sistema en el que el dinero y las conexiones políticas pueden abrir las puertas de una institución encargada de administrar justicia.
“¿Usted tiene algún cuello político? Perdone que hable así, pero soy clara. ¿O entra por el sindicato?”.
La pregunta la hace una trabajadora vinculada a la Gerencia de Recursos Humanos del Organismo Judicial durante una llamada telefónica de poco más de seis minutos, a la que tuvo acceso La Hora. Al otro lado está un aspirante a una plaza. Ella no le habla de un concurso de oposición ni de los requisitos para competir por un puesto. Le ofrece opciones que le aseguran el puesto.
Como si se tratara de un menú de restaurante, la trabajadora le ofrece un abanico de posibilidades, toda vez acceda a pagar un soborno. Hay una plaza 011 disponible. También un ascenso que dejará libre un puesto de oficial III. Puede enviarlo a San Antonio La Paz, Sansare o Guastatoya. También existe la posibilidad de un juzgado de familia. El aspirante puede escoger.
Cuando el hombre pregunta por la forma de ingresar, la trabajadora le explica que existen distintas alternativas. Una de ellas es conseguir una propuesta de un político o diputado. Otra pasa por el sindicato. Y para esta última, según le advierte, hay que “cancelar”.
“Así han entrado muchos”, le dice a manera de minimizar el tráfico de plazas.
La conversación, a la que La Hora tuvo acceso, es una evidencia poco habitual de una práctica que trabajadores del Organismo Judicial han denunciado durante años sin contar con una prueba de cómo funciona. La voz del aspirante fue distorsionada y La Hora no ha podido establecer el nombre de la trabajadora.
Pero la llamada no es la única evidencia.
Durante esta investigación, La Hora entrevistó por semanas a 15 secretarios, oficiales, notificadores, comisarios, jueces, trabajadores administrativos y letrados de la Corte Suprema de Justicia. Tres afirmaron que recibieron directamente ofertas para obtener una plaza o un ascenso a cambio de dinero. Los montos relatados llegan hasta Q80 mil.
Las demás fuentes describieron distintos mecanismos mediante los cuales, según sus experiencias, una recomendación de un diputado, un padrino dentro de la Corte o el pago de dinero pueden pesar más que los méritos de un trabajador desplazando así la carrera judicial.
La mayoría pidió mantener el anonimato. Temen perder su puesto, afectar sus posibilidades de ascenso o enfrentarse a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
EL PRECIO DE UNA PLAZA
En la grabación, la trabajadora ofrece al aspirante la posibilidad de ingresar directamente a una plaza 011. En el Organismo Judicial, este tipo de plaza corresponde a un puesto presupuestado dentro de la institución.
La mujer le explica que un ascenso dejará disponible una plaza de oficial III y comienza a mencionar los lugares donde podría ser asignado. El aspirante pregunta por Guastatoya y ella le explica que allí podría tener posibilidades de crecimiento.
La conversación cambia cuando ella le pregunta si tiene algún respaldo político. “¿Usted tiene algún cuello político?”, le dice.
Después menciona al sindicato y explica que una plaza presupuestada puede ser una forma de ingresar de inmediato. El aspirante escoge esa opción. Entonces llega la pregunta sobre el dinero.
“¿Cuenta usted con lo mínimo necesario? Porque tendría que cancelar la mitad, porque es con plaza de una vez. La mitad es ahorita y la otra mitad hasta cuando reciba su primer salario”, explica la trabajadora.
El aspirante pregunta si el primer pago debe realizarlo de inmediato. “Ahorita”, responde ella. Él le dice que tendría que pedirle el dinero prestado a su padre porque no cuenta con la cantidad. La trabajadora le dice que puede hacerlo y continúa con la gestión.
En otro momento de la conversación vuelve a aparecer una alternativa política. “Puede solicitar alguna propuesta de algún político, diputado, que son las que se están dando ahorita”, le dice. El aspirante responde que no cuenta con esa posibilidad.
La mujer también menciona que hay otra persona interesada en la plaza. Se trata de una mujer a la que identifica como “Susan”, de quien dice que es hermana de un abogado y que se encuentra de licencia.
“Están dos. Está usted y está Susan”, le advierte. El aspirante finalmente decide que buscará el dinero. La llamada termina con la trabajadora indicándole el número telefónico del Organismo Judicial para continuar la comunicación.
HASTA Q80 MIL POR UN ASCENSO
El contenido de la llamada coincide con lo relatado por trabajadores que conocen desde dentro el funcionamiento del Organismo Judicial.
Uno de ellos, un oficial entrevistado por La Hora, contó que el año pasado le ofrecieron un ascenso para convertirse en oficial de un juzgado ubicado en un departamento del interior del país. El precio que le solicitaron fue de Q60 mil.
No pudo pagarlo en ese momento. Pero, más allá de la falta de dinero, decidió rechazar la propuesta. “Nunca haría eso ni pagaría por un acceso. Eso es corrupción y yo no me presto para eso. La justicia está vendida como las plazas”, dijo.
Otro juez de primera instancia contó a La Hora que uno de los trabajadores de su tribunal recibió un ofrecimiento similar para ser secretario. El trabajador estaba próximo a graduarse de abogado y notario y, según el juez, tenía buen desempeño. La propuesta para ascender implicaba pagar dinero.
Finalmente renunció al Organismo Judicial. “Él estaba próximo a graduarse de abogado y notario, era un buen trabajador, pero se vio orillado a dimitir ante la decepción y ahora trabaja para una reconocida firma de abogados”, relató el juez.
Para quienes permanecen dentro de la institución, estos casos muestran una de las dificultades para construir una carrera judicial desde los puestos administrativos: el ascenso no siempre dependería de la experiencia, preparación o desempeño.
Los testimonios recopilados por La Hora no hablan de una única tarifa. Tres de los 15 entrevistados aseguraron que recibieron directamente ofertas para obtener plazas o ascensos mediante pagos. Las cantidades mencionadas son distintas y llegan hasta Q80 mil.
Las fuentes no aseguran que todos los nombramientos dentro del Organismo Judicial se realicen mediante este mecanismo. Tampoco que todos los magistrados estén involucrados. Lo que describen es la existencia de redes de influencia que permiten que determinadas personas lleguen a plazas mediante recomendaciones, padrinos políticos o pagos.
Una fuente interrumpió incluso la entrevista mientras La Hora tomaba sus declaraciones. “Por favor cierre la libreta. No quiero que apunte lo que digo, esto me pone nerviosa”, dijo mientras se apretaba las manos.
El miedo a represalias fue una constante entre las personas consultadas.
LOS MAGISTRADOS QUE CONTROLAN RECURSOS HUMANOS
La Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación, encargadas de gestionar las plazas del Organismo Judicial, están bajo el control de los magistrados Luis Mauricio Corado Campos y Clemen Vanessa Juárez, según tres fuentes vinculadas a esa área consultadas por La Hora. Ambos integran el bloque dominante de la Corte Suprema de Justicia.
Las fuentes aseguran que el control de estas dependencias forma parte de las cuotas de poder que los magistrados han negociado desde que asumieron la actual Corte.
Según estas fuentes, Recursos Humanos y la Unidad de Dotación elaboran o reciben los listados de las personas que serán favorecidas y estos son trasladados al bloque dominante de la CSJ. Después, en el pleno, los magistrados votan para formalizar los nombramientos.
La negociación, según los testimonios, no se limitaría a una plaza específica ni a un solo tipo de cargo. Las fuentes sostienen que el mecanismo alcanza desde puestos administrativos hasta cargos judiciales.
La influencia sobre los nombramientos de jueces de primera instancia y de paz penal ya había sido documentada por La Hora en investigaciones publicadas el año pasado. En junio, este medio reveló que Corado Campos influyó en el nombramiento de cinco jueces penales, entre ellos José Maximino Morales González, quien tramitó un caso en el que su hijo participó. Juarez también consiguió jueces de paz y penal.
Ahora, las fuentes consultadas para esta investigación señalan que esa influencia también habría descendido a puestos considerados de menor jerarquía dentro de los tribunales: secretarios, oficiales, notificadores y comisarios.
Es decir, el control de las plazas no se limitaría a decidir quién ocupa un juzgado. Según las fuentes, también alcanzaría a quienes trabajan directamente bajo las órdenes de esos jueces y sostienen buena parte de la operación cotidiana de los tribunales.
JUÁREZ NIEGA SEÑALAMIENTOS; CORADO NO RESPONDE
La Hora intentó obtener la versión de los magistrados. Juárez no respondió una llamada, mientras que Corado la atendió y, al conocer que se trataba de este medio, indicó que se encontraba “ocupado”. Posteriormente, ambos recibieron consultas por escrito.
De esa cuenta, la magistrada respondió a través del vocero de la Corte Suprema y negó tener injerencia en la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación. Aseguró que su función es “eminentemente jurisdiccional” y que su intervención en asuntos de personal se limita a su despacho y a las decisiones colegiadas que corresponden a la autoridad nominadora.
La magistrada también rechazó los señalamientos sobre la negociación de plazas y cualquier vínculo con pagos. “No, jamás he solicitado, recibido ni tenido conocimiento de pagos o cobros indebidos para el nombramiento o ascenso de personal”, respondió al ser consultada específicamente por las plazas de secretarios, notificadores, oficiales y comisarios.
También negó haber recibido o trasladado al pleno listados de personas para ocupar plazas y calificó ese señalamiento como “completamente falso”. Sobre la participación de diputados o sindicatos, sostuvo que toda plaza debe otorgarse “con estricto apego a la ley y a los procedimientos técnicos de oposición”.
Corado, en cambio, no respondió a la consulta de La Hora al cierre de esta publicación.
LAS PLAZAS QUE SOSTIENE LA JUDICATURA
Los puestos que aparecen en la conversación no son cargos secundarios.
Los secretarios dirigen la gestión administrativa del juzgado, dan fe de las actuaciones y supervisan al personal. Los oficiales trabajan con los expedientes y elaboran proyectos de resoluciones. Los notificadores comunican las decisiones judiciales a las partes y los comisarios cumplen funciones operativas dentro de los tribunales.
En otras palabras, son trabajadores que participan directamente en el funcionamiento cotidiano de la justicia. Por eso, para los entrevistados, la discusión sobre la venta de plazas no es únicamente un problema de contratación pública.
“Si una persona llega porque pagó, ¿qué puede esperarse después?”, cuestionó uno de los trabajadores consultados.
La frase pronunciada por la trabajadora de Recursos Humanos durante la llamada es una de las piezas centrales de esta investigación. “Así han entrado muchos.”
No dice que podría ocurrir. Habla de personas que, según ella, ya habrían ingresado de esa forma. Los testimonios recopilados por La Hora apuntan a una práctica que, según las fuentes, no se limita a un solo cargo ni a un solo tribunal.
PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA EN SILENCIO
La Hora también intentó obtener la versión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes. La magistrada atendió la llamada, pero al conocer que se trataba de este medio respondió: “Agh, estoy en una reunión”.
Paredes pidió que las consultas fueran trasladadas a la Secretaría de Comunicación Social del Organismo Judicial. La Hora también le envió un mensaje en el que explicó que realizaba una investigación sobre la posible negociación y venta de plazas dentro del Organismo Judicial y que necesitaba conocer su postura, debido a que los nombres de dos magistrados aparecen vinculados con algunos de los señalamientos que estaban siendo verificados.
La Hora ha recurrido anteriormente a la Secretaría de Comunicación Social para solicitar la postura institucional del Organismo Judicial en otras investigaciones, sin haber recibido respuesta.
Se buscaba obtener la postura de la presidenta de la Corte Suprema sobre la grabación y cuál es el procedimiento para ocupar una plaza 011, si un diputado puede recomendar a un candidato, qué participación tiene el sindicato en los nombramientos y qué medidas existen frente a denuncias de cobros por plazas.
También se buscaban respuestas sobre el control de la Gerencia de Recursos Humanos y la Unidad de Dotación y sobre los señalamientos contra los magistrados Corado y Juárez.
Mientras tanto, la llamada muestra algo que durante años ha sido señalado dentro de los tribunales sin una prueba pública de cómo ocurre: una plaza puede convertirse en una negociación en la que intervienen un puesto presupuestado, un padrino político, el sindicato y un pago.
La pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cuesta una plaza. Es quién decide quién entra a trabajar en el Organismo Judicial y bajo qué condiciones.
