La infraestructura vuelve al centro de la discusión económica de Guatemala en un año marcado por el inicio del ciclo electoral.
Mientras el Gobierno asegura que varios proyectos ya entraron en fase de ejecución, el sector privado reconoce los avances, pero advierte que el verdadero reto será garantizar recursos, cumplir los plazos y evitar que las obras vuelvan a detenerse con un cambio de administración.
El punto de coincidencia es claro: Guatemala necesita acelerar la inversión en carreteras, puentes, puertos y otros proyectos estratégicos. La diferencia está en cómo garantizar que esa inversión no quede atrapada entre trámites, falta de presupuesto y los cambios políticos.
GOBIERNO: “YA ESTAMOS EN TRABAJOS PRELIMINARES”
De manera reciente, la Ministra de Comunicaciones, Norma Zea, confirmó que 4 de los 5 distribuidores viales están reactivados.
“A excepción de Santa Elena Barillas, ya están en levantamiento topográfico, marcación de áreas y en algunos casos ya se construyen vigas en el lugar”, explicó.
La prioridad inmediata está en 3 frentes:
La primera es el Puente Belice 2. No es solo el puente. El proyecto incluye 3.9 kilómetros de carriles de aproximación e interconexiones.
“Damos prioridad a la construcción del puente en sí, y ver qué tanto avanzamos con los carriles”, detalló Zea. El contratista se comprometió a ejecutar un 60% del proyecto.
La segunda ya concluida es el paso a desnivel Roosevelt: ya finalizaron los trabajos de seguridad, limpieza y señalización. Es completamente operativo.
Finalmente, la atención se centra en los corredores CA-1, CA-2 y CA-9: “Esperamos que al final de este año ya tengamos un cambio significativo”, aseguró la ministra.
“Yo sé que todo el mundo quiere ver las máquinas en el punto, pero eso lo vamos a ver pronto”, agregó en referencia a proyectos que parecen no avanzar. “Confiamos que la mayoría de los proyectos del plan de movilidad, a excepción de Belice 2, avancen este año y el siguiente”, refirió la funcionaria.
El Gobierno de Guatemala impulsa una cartera estratégica de 13 proyectos viales prioritarios para el área metropolitana y un portafolio de 10 proyectos bajo alianzas público-privadas, respaldados por la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024) y gestionados a través de la DIPP.
SECTOR PRIVADO RECONOCE AVANCES Y PIDE MÁS
El sector privado coincide en que la infraestructura debe mantenerse como una prioridad nacional, pero considera que el siguiente paso es convertir las leyes aprobadas y los proyectos anunciados en obras con financiamiento y continuidad.
El presidente de CACIF, Carlos Arias, señaló que Guatemala debe mantener los proyectos estratégicos independientemente del proceso electoral.
“Guatemala debe seguir avanzando en temas de desarrollo y económicos sin importar que haya elecciones. Lo que quisiéramos ver es la madurez política necesaria para tomar los temas de país”, afirmó.
Uno de los ejemplos planteados por Arias es la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Aunque el sector reconoce que la normativa establece los plazos para poner en marcha la nueva autoridad portuaria, ahora considera que corresponde al Ejecutivo avanzar con su implementación.
“Ahora le toca al Ejecutivo moverlo hacia adelante. Insistiremos en que esto no se quede rezagado y que se cumpla dentro de la ley”, señaló.
El otro caso es la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Según Arias, la aprobación de la normativa no es suficiente si los recursos para ejecutarla no están disponibles.
“Ahí la ley pasó pero se quedó parada. El Gobierno no ha hecho el funding, no ha puesto los fondos que se necesitan”, afirmó.
Para el empresariado, el desafío no está únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en financiar los proyectos y crear mecanismos que permitan que las inversiones trasciendan los períodos de gobierno.
Arias también adelantó que en las próximas semanas llegará al Congreso la propuesta de Ley de Aeropuertos, otro de los proyectos que el sector considera estratégicos para mejorar la competitividad del país.
EL DESAFÍO, QUE LA REACTIVACIÓN NO SEA TEMPORAL
Las posiciones de Gobierno y sector privado terminan encontrándose en un mismo punto: la infraestructura necesita continuidad.
El Ejecutivo asegura que las obras comenzaron a reactivarse y que los avances serán visibles en los próximos meses. El sector privado, por su parte, pide que esos avances estén respaldados por presupuesto, planificación y reglas que permitan mantener los proyectos durante los próximos años.
La discusión también llega en un momento particularmente sensible. El país se aproxima al ciclo electoral y varios de los proyectos que hoy comienzan a ejecutarse podrían extenderse más allá del actual período de Gobierno.
Por eso, el indicador no será únicamente cuántas obras comienzan, sino cuántas logran mantenerse en ejecución, con recursos y contratos vigentes, independientemente del cambio político.
A esto se suma un reto que suele quedar en segundo plano: el mantenimiento de la infraestructura existente. El caso del puente Aguilar Batres, con restricciones de tránsito derivadas de daños en su estructura, evidencia que el país no solo necesita construir nuevas obras, sino también contar con diagnósticos, mantenimiento y planes de contingencia.
LA PREGUNTA ES DE FONDO
Guatemala tiene leyes recientemente aprobadas, proyectos viales en marcha y una agenda de infraestructura que incluye carreteras, puertos y aeropuertos.
El desafío ahora es determinar si esa agenda tiene los recursos, la capacidad de ejecución y la continuidad institucional necesarios para convertirse en infraestructura terminada.
El sector privado ya planteó su condición: avanzar, pero dentro de la ley y con fondos.
El Gobierno responde que las obras ya comenzaron a moverse.
La diferencia entre ambas posiciones se medirá en los próximos meses: no solo por las máquinas que lleguen a las carreteras, sino por las obras que logren mantenerse y concluirse.
