La ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, no confirmó ni negó si regresará a ser parte del Congreso de la República para participar en la discusión de la iniciativa 6816, Ley de Aguas, como diputada.
Ante una consulta de La Hora sobre su eventual retorno al Legislativo con el fin de operar la Ley de Aguas, la oficina de Comunicación Social del MARN no se refirió directamente a la situación de Orantes ni aclaró si la funcionaria tiene previsto regresar al Congreso como legisladora para continuar abordando desde esas funciones la propuesta.
La respuesta del Departamento de Comunicación de la cartera, fue: «Gracias por el interés sobre la iniciativa 6816 Ley de Aguas, es importante que informen a la ciudadanía sobre tan importante ley, ahora la discusión y aprobación le corresponde a los diputados de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y el Pleno del Congreso. La Ministra continuará apoyando la discusión desde el MARN y esperamos trabajar de manera conjunta con los diputados para hacer avanzar juntos esta ley».
Con el objeto de dejar en clara la postura de Orantes, La Hora volvió a preguntar: «¿Esto quiere decir que la Ministra no volverá al Congreso de la República de ahora hasta que termine el período de Gobierno?», a lo que no se recibió respuesta. Al tenerla, la incluiremos en este espacio.
La consulta se produce en medio de los primeros pasos de la iniciativa 6816 en el Congreso y de reuniones que distintos sectores han comenzado a tener alrededor de la propuesta.
LA PROPUESTA INICIÓ DESDE 2025
La iniciativa que ahora está en el Congreso se ha preparado por medio de un proceso del MARN desde el 22 de abril de ese año, cuando el Ministerio anunció el inicio del llamado Proceso Nacional del Agua, con el que buscaba recorrer distintas regiones del país durante varios meses para escuchar ideas de la población y de distintos sectores.
El MARN realizó recorridos y reuniones con sectores productivos, sector privado organizado, autoridades indígenas, academia, organizaciones sociales y comités de agua.
De acuerdo con lo informado posteriormente por la cartera, los recorridos nacionales involucraron a cerca de 3 mil 200 personas.
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En noviembre de 2025, el MARN informó que el proceso de recepción de propuestas ciudadanas había terminado con 1 mil 117 comentarios recibidos mediante la plataforma habilitada para ese propósito.
ASÍ LLEGÓ LA INICIATIVA 6816
Después de meses de reuniones y mesas de trabajo, la propuesta finalmente llegó al Congreso, pero no fue presentada directamente por el Gobierno de Bernardo Arévalo.
El 3 de agosto de 2026, diputados oficialistas presentaron la iniciativa 6816. La decisión fue que el proyecto naciera desde el Legislativo con respaldo de varios diputados, en lugar de ingresar como una propuesta exclusiva del Ejecutivo.
Los firmantes son:
- José Carlos Sanabria Arias.
- Juan Carlos Rivera Estévez.
- Randy Araely Coc Figueroa.
- Mirna Victoria Godoy Palala.
- César Augusto Fión Morales.
- Samuel Andrés Pérez Álvarez.
- Mercedes Rosario Monzón Escobedo
Según explicó el diputado José Carlos Sanabria, la estrategia buscaba darle respaldo multipartidario a la propuesta desde su ingreso al Congreso y facilitar su discusión tanto en la comisión como posteriormente en el Pleno.
En la comisión también hay dos integrantes de la UNE, pero ninguno aparece entre los firmantes de la iniciativa.
ESTO ES LO QUE PLANTEA LA INICIATIVA
La iniciativa 6816 busca establecer reglas para ordenar, administrar, planificar y proteger el uso del agua en el país.
Uno de los cambios más significativos sería la creación de una Superintendencia del Agua, que tendría el deber de gestionar un registro de derechos de aprovechamiento y también se encargaría de la planificación y política del recurso.
También plantea diferenciar el uso común y doméstico del agua de aquel destinado a actividades productivas y comerciales.
Para los usos comerciales se contempla un sistema de licencias y el pago de un canon de agua, donde el cobro sería progresivo.
Comenzaría en 10 por ciento durante el primer año y aumentaría hasta alcanzar el 100 por ciento en el séptimo año. A partir del octavo año, los valores se actualizarían con base en la inflación acumulada del año anterior.
La propuesta también contempla un Fondo del Agua, al que ingresarían los recursos obtenidos mediante el canon de agua y el canon de vertido. Según el proyecto, estos recursos deberían reinvertirse en las cuencas hidrográficas de donde provenga el pago.
Además, plantea un registro único de derechos de aprovechamiento de agua, sistemas de gestión colectiva y disposiciones sobre servidumbres de agua y de paso.
CACIF BUSCA ACERCAMIENTO CON DIPUTADOS
En ese contexto, una carta de invitación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) a diputados de la Comisión de Ambiente generó reacciones entre algunos legisladores.
La invitación planteaba un desayuno de trabajo para este jueves 13, para abordar el tema de la Ley de Aguas. La carta fue publicada en redes sociales por el periodista Ramón Hernández y está firmada por el presidente de CACIF, Carlos Arias.
La Hora intentó obtener una postura de CACIF sobre la invitación, pero no obtuvo respuesta del director ejecutivo de la entidad, Diego Marroquín.
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La diputada independiente Victoria Godoy Palala, integrante de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, consideró que el acercamiento debe darse de acuerdo con la institucionalidad y el cronograma que establezca el Congreso.
Asimismo, indicó que el sector empresarial tendrá oportunidad de exponer sus planteamientos cuando la comisión establezca los espacios correspondientes.
EL PAPEL DEL MARN EN LA NUEVA PROPUESTA
Aunque la iniciativa fue presentada por diputados, el contenido tiene como antecedente directo el trabajo realizado durante meses por el MARN y otras áreas del Ejecutivo con comunidades, autoridades locales, etc.
Orantes ha señalado que la propuesta no nació de cero y que también tomó como referencia proyectos de Ley de Aguas que habían sido presentados anteriormente en el Congreso.
La ministra también ha sostenido que el objetivo es crear reglas que permitan administrar mejor el recurso, generar infraestructura para almacenar agua y establecer responsabilidades institucionales que actualmente no están asignadas de manera específica.
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