Pasan las semanas, cambian los titulares y aparecen nuevas controversias, pero las preocupaciones de los guatemaltecos siguen siendo prácticamente las mismas: el costo de vivir, el tránsito, la inseguridad, los impuestos y una creciente desconfianza en las instituciones. Mientras tanto, la política empieza a mirar hacia las próximas elecciones. El peligro es que volvamos a hablar más de candidatos que de soluciones.
EL PROBLEMA: No podemos dejar de hablar del IUSI. Como hemos mencionado antes, es un impuesto que ha sido mal diseñado y aplicado, generando inconformidad, evasión y cuestionamientos. Aunque muchas personas recibieron con satisfacción las recientes reformas, también debemos analizar sus posibles problemas y las observaciones que ya han planteado especialistas e instituciones conocedoras de la materia.
Imposible dejar de hablar también del tránsito. Cada día perdemos más tiempo trasladándonos de un lugar a otro, mientras el Presidente de la República avanza en las metas que ha presentado en materia de movilidad. Hay que conocerlas, fiscalizarlas y, cuando corresponda, apoyarlas. En ese contexto también aparecen los cuestionamientos a proyectos como el Aerómetro, donde debemos aprender a distinguir entre las críticas técnicas y la oposición meramente política.
Tampoco podemos dejar de hablar de seguridad, porque todos estos problemas terminan relacionados. Si los impuestos municipales se tradujeran en mejor iluminación, espacios públicos seguros y servicios eficientes, probablemente la población percibiría de otra manera lo que paga. Y de poco serviría mejorar el transporte público si las personas tienen miedo de utilizarlo por temor a ser asaltadas.
¿QUÉ PASÓ? La población sigue hablando de lo mismo porque los problemas siguen siendo los mismos. ¿Hizo finalmente el Congreso algo que la ciudadanía verá con buenos ojos al reformar el IUSI o creó nuevos problemas? ¿Conocemos realmente las metas presidenciales de movilidad? ¿Los cuestionamientos a los grandes proyectos responden a razones técnicas o políticas? ¿Y podemos seguir tratando la inseguridad como un asunto de percepción cuando afecta diariamente la vida de las personas?
A esto se suma que la política electoral comienza a moverse. Surgen nombres, posibles candidaturas, nuevos partidos, cambios de organización y especulaciones sobre quién competirá y con quién. Es natural que ocurra conforme se acerca el proceso electoral, pero preocupa que empecemos a discutir candidatos antes de discutir qué país queremos que gobiernen.
La ciudadanía continúa desconfiando de la clase política y, en general, de quienes ejercemos o hemos ejercido responsabilidades públicas. Recuperar esa confianza será mucho más difícil que lanzar una candidatura o cambiarle el nombre a un partido.
NO SE VALE que no participemos. Lo he dicho una y otra vez. No podemos limitarnos a quejarnos del IUSI, del eterno problema del tránsito, de la violencia o de las decisiones del Congreso y después desentendernos de cómo se toman esas decisiones.
En el capítulo de ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana hablo de todo un poco, pero sin abandonar un tema sobre el que seguiré insistiendo por su enorme importancia: quién será el próximo Contralor General de Cuentas. ¿Quién fiscalizará a quienes administran los recursos públicos? ¿Quién tendrá bajo su responsabilidad un instrumento tan determinante como el finiquito?
La Comisión de Postulación deberá proponer seis candidatos y, finalmente, será el Congreso quien elija. Parece un asunto lejano para el ciudadano común, pero no lo es. El Contralor tiene una enorme incidencia sobre la administración pública y también sobre quienes aspiran a ocupar cargos públicos.
YA ES HORA de ver las cosas de otra manera: participar, proponer y no simplemente criticar. Nuestro sistema institucional muestra señales preocupantes de desgaste y el ambiente preelectoral puede profundizarlas.
Las constantes interpelaciones a ministros son un ejemplo que merece análisis. La fiscalización del Congreso sobre el Ejecutivo es indispensable en una democracia; otra cosa es utilizar los mecanismos constitucionales de control como herramientas para paralizar la administración pública o aumentar la presión política. Allí también debemos distinguir entre fiscalización legítima y cálculo electoral.
El diseño constitucional buscó pesos y contrapesos entre los organismos del Estado, no que uno impidiera permanentemente funcionar al otro. Cuando esos equilibrios se desnaturalizan, quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano.
Que nos duela comprobar que los problemas siguen siendo los mismos y que, mientras comienza a hablarse de nombres y candidaturas, todavía cuesta encontrar propuestas nuevas para resolverlos. Que ese dolor no nos lleve a la resignación. Que nos obligue a informarnos, cuestionar, proponer y participar. Porque antes de preguntarnos quién quiere gobernar Guatemala, deberíamos preguntarnos qué propone hacer con la inseguridad, el tránsito, los impuestos, la debilidad institucional y todos esos problemas que seguimos arrastrando.
Que ese dolor nos mueva a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
