Durante los últimos años, Estados Unidos ha ampliado el alcance de sus acciones contra funcionarios y particulares guatemaltecos. Las investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero han llevado a alcaldes, diputados y otros actores a ser señalados, sancionados o incluso procesados en territorio estadounidense.
Pero el foco de las autoridades estadounidenses también se ha extendido hacia funcionarios del sistema de justicia señalados de favorecer intereses particulares, socavar la democracia o participar en posibles esquemas de corrupción, con sanciones de visa y otras medidas.
La Hora conoció que el juez del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, figura en una investigación liderada por autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades en su actuación como juzgador. De avanzar la pesquisa y determinarse responsabilidades que lo vinculen con delitos perseguidos por ese país, el caso podría incluso derivar en una solicitud de extradición hacia territorio estadounidense.
La investigación, según la información recabada por La Hora, no se concentraría únicamente en Bremer. Las autoridades estadounidenses también estarían tratando de establecer si otros operadores del sistema de justicia guatemalteco recibieron recursos de una persona investigada en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.
El interés estadounidense surge en un contexto en el que varios funcionarios judiciales guatemaltecos han sido señalados y sancionados por socavar la democracia o estar vinculados con actos de corrupción.
La Hora ha dado a conocer en repetidas ocasiones como los procesos en contra de jueces y magistrados se han entrampado desde la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, hasta en la Corte de Constitucionalidad (CC), por ello, analistas remarcaron la necesidad de reformar la Constitución y la Ley de Antejuicio.
Analistas consultados por La Hora para esta nota consideran que el caso de Bremer evidencia la necesidad de que las investigaciones y eventuales acciones de Estados Unidos también alcancen al sector justicia, especialmente cuando existan indicios de posibles actos de corrupción o vínculos con personas investigadas por delitos financieros. A su juicio, la dificultad para avanzar en Guatemala contra funcionarios judiciales hace necesario revisar los mecanismos de antejuicio y responsabilidad de jueces y magistrados.
FUNCIONARIOS JUDICIALES SANCIONADOS
Estados Unidos ha puesto la mira en funcionarios del sistema de justicia guatemalteco que se han visto envueltos en actos de corrupción y socavado procesos democráticos. Desde 2021, el Departamento de Estado sancionó dentro de la Lista Engel a al menos 14 magistrados, jueces y quienes ocuparon estos cargos en su momento.
Entre los sancionados figura el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Duarte Barrera, quien según Estados Unidos socavó “procesos o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular la designación de jueces para los puestos de los tribunales superiores”.
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Estados Unidos también sancionó al juez Mynor Mauricio Moto Morataya, quien bajo su cargo de juez “debilitó y participó en una corrupción significativa cuando obstruyó la justicia y recibió sobornos para una decisión legal favorable».
Estas sanciones también pesaron por el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Néster Mauricio Vásquez Pimentel, quien fue señalado por Estados Unidos debido a que socavó, “proceso o instituciones democráticas al abusar de su autoridad para influir y manipular de manera inapropiada el nombramiento de jueces para cargos de la alta corte”.
El Departamento de Estado norteamericano también incluyó al exmagistrado de Corte de Apelaciones y juez, Geisler Smaille Pérez Domínguez, por socavar “los procesos democráticos al obstruir los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para llenar la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones con jueces corruptos”.
El magistrado de Corte de Apelaciones, Erick Gustavo Santiago de León, también fue incluido por haber incurrido en una importante corrupción, así como por obstruir investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en casos ante él.
En esta lista también fue incluido Nery Oswaldo Medina Méndez, exmagistrado de la CSJ, por desvirtuar el proceso o las instituciones democráticas al participar en el caso Comisiones Paralelas 2020 para llenar la Corte Suprema y las Corte de Apelaciones con jueces corruptos. Por esta misma razón también fue incluida Vitalina Orellana y Orellana.
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El juez Décimo Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, también fue incluido por entorpecer las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
EL CASO DE ORELLANA, BREMER, VALDÉS Y PANIAGUA
En medio de las elecciones de 2023, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana Letona, también fue incluido por socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
En esa misma fecha fue incluido el juez Bremer, quien ahora sería investigado por Estados Unidos, por socavar “procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas, por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
En esta lista también está incluida la exmagistrada de la CSJ, Patricia Valdés Quezada, quien “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”.
Además, la magistrada suplente de la CC, Claudia Paniagua, fue sancionada por Estados Unidos, ya que en su calidad de togada de la alta Corte estuvo involucrada en importantes actos de corrupción al aceptar sobornos a cambio de sentencias favorables dentro del Tribunal Constitucional.
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MORALES: SE DEBE TOMAR CON SERIEDAD LAS ACUSACIONES DE EE. UU.
Óscar Adolfo Morales Montúfar, abogado penalista, constitucionalista y analista independiente, explicó que los jueces y cualquier funcionario público están sujetos al proceso de antejuicio cuando son denunciados por la posible comisión de delitos o faltas a la ley.
Señaló que, una vez retirado el derecho de antejuicio, es decir, la inmunidad, el funcionario queda a disposición de los tribunales para que se determine su responsabilidad.
El experto resaltó que, si Estados Unidos persigue a un juez por algún delito, las autoridades de ese país, como los Departamentos de Seguridad y de Estado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) o la Administración de Control de Drogas (DEA), pueden solicitar su extradición.
En ese caso, una vez retirada la inmunidad, el juez podría ser puesto a disposición de las autoridades estadounidenses y enfrentar la justicia en ese país, como cualquier otro ciudadano guatemalteco sujeto a un proceso de extradición, según explicó Morales Montufar.
El experto afirmó que ningún funcionario tiene más poder sobre otro, pero el sistema judicial de Guatemala se ha visto afectado por cientos ámbitos de opacidad y compadrazgo.
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“Sin embargo, yo creo que cuando es Estados Unidos quien solicita una extradición ahí todo el mundo tendría que poner a remojar las barbas porque están hablando de algo de un tema muy serio. No es criminalidad interna, sino ya es criminalidad incluso con intencionalidad. Que podría constituir crimen organizado”, sostuvo.
A criterio de Morales Montufar, las pretensiones de Estados Unidos son serias y hay que tomarlas de manera seria, porque sus acusaciones no son bromas.
También, remarcó que el sistema de justicia guatemalteco debe fortalecerse para evitar resoluciones que no están apegadas a derecho. “A mí me consta que hay buenos jueces, muy buenos magistrados, muy buenos operadores de justicia, pero los hay malos también”, subrayó.
A su vez, sostuvo que los “pequeños grupos malos” deben ponerse a pensar porque las resoluciones de las peticiones de Estados Unidos son serias.
En cuanto a la facilidad para remover a los jueces vinculados en actos ilícitos, Morales Montufar indicó que el Organismo Judicial (OJ) tiene un órgano disciplinario para evaluar a los juzgadores cuando cometen faltas o algún tipo de actuación que podría caer en un delito.
“Para poder modificar esas normas habría que evaluar en algunos casos esa normal, esa ley para ver si pueden hacerse cambios”, indicó.
Al mismo tiempo, sostuvo que en Guatemala debe pasarse una reforma constitucional, pero si no se alcanza a aprobar, se deben presentar solicitudes ante el Congreso para que modernicen la ley de antejuicio y poder hacer más breve, más pronto y más certero este proceso.
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Lo anterior, explicó que debe tener como fin brindar seguridad jurídica a la población para que funcionarios, jueces o cualquier persona que tenga protección constitucional, pueda ser removido de manera más sencilla.
ORELLANA DICE QUE SI EE. UU. TIENE PRUEBAS, SE DEBE PROCEDER
Al respecto, el abogado Ovidio Orellana indicó que en caso Estados Unidos tenga la información, así como la evidencia de los hechos se debe proceder como legalmente corresponde, es decir con una solicitud de extradición.
De acuerdo a Orellana, una vez sea solicitada la extradición, el Estado de Guatemala deberá proceder como corresponde a determinar, por lo que deberá iniciar con la solicitud.
“Si los jueces que deben conocer buscan mecanismos para no atender la solicitud, entonces la parte interesada debe agotar los recursos legales y constitucionales respectivos, ello, sin perjuicio de recorder que en algunos casos y en algunos países, Estados Unidos tiene algunas formas especiales de proceder contra aquellas personas que han cometido esta clase de delitos”, indicó el profesional del derecho.
