La crisis de personal que desde hace años arrastra el sistema de justicia guatemalteco dejó de ser únicamente una estadística. Ahora aparece reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ). En una respuesta oficial dirigida a una jueza de Paz, la Secretaría del máximo tribunal admite que el Organismo Judicial ya no dispone de jueces suplentes para cubrir vacantes y atribuye esa situación, entre otros factores, a las 80 plazas ocupadas por aspirantes que actualmente participan en el Programa de Formación Inicial para Jueces de Primera Instancia.
La admisión quedó plasmada en una carta fechada el 17 de julio, firmada por el secretario de la Corte Suprema, Emanuel Molina Castañeda. El documento responde a los reclamos de la jueza Rosmery Janeth Rosil Santos, titular del Juzgado Séptimo de Paz Civil de Guatemala, quien cuestionó haber sido designada para atender simultáneamente otro juzgado desde hace varios meses.
Los documentos, obtenidos por La Hora, exponen un problema que hasta ahora solo había quedado reflejado en estadísticas y diagnósticos: la escasez de jueces comienza a comprometer el funcionamiento cotidiano de los tribunales. Mientras la Secretaría sostiene que las designaciones extraordinarias buscan impedir que el servicio de justicia se interrumpa, la jueza sostiene que esa solución vulnera derechos constitucionales, contradice normas internacionales y termina afectando tanto a los operadores judiciales como a los ciudadanos que acuden a los juzgados.
En su respuesta, Molina Castañeda explica que la designación obedeció «exclusivamente» a la necesidad de garantizar la continuidad de la administración de justicia. El funcionario asegura que la Corte ya no cuenta con jueces suplentes disponibles porque estos fueron distribuidos para cubrir distintas vacantes temporales, entre ellas las 80 generadas por el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia. Añade que, ante esa situación, la institución recurrió a medidas administrativas extraordinarias para evitar que los órganos jurisdiccionales dejaran de funcionar.
La explicación oficial, sin embargo, deja al descubierto una realidad que trasciende el caso particular de una jueza: la propia Corte reconoce que carece de personal suficiente para sustituir temporalmente a los titulares de los juzgados.
«MATERIALMENTE IMPOSIBLE»
Dos semanas después de recibir esa respuesta, el 31 de julio, la jueza Rosil Santos decidió exponer el asunto en específico ante la Cámara Civil, ante la negativa de la Corte Suprema, que dirige la magistrada Claudia Paredes.
En el escrito explica que desde el 8 de junio fue designada para cubrir la ausencia del titular del Juzgado Sexto de Paz Civil sin dejar de ejercer las funciones del Juzgado Séptimo. A su juicio, esa doble responsabilidad convierte una carga laboral ya elevada en una tarea imposible de cumplir.
La jueza sostiene que el volumen de trabajo en los juzgados de Paz Civil de la capital ya resulta excesivo para un solo despacho y que asumir simultáneamente dos tribunales pone en riesgo su condición física y profesional.
Añade que resulta «materialmente imposible» estar presente en ambos juzgados al mismo tiempo y que esa circunstancia termina perjudicando directamente a los usuarios del sistema de justicia, quienes encuentran mayores dificultades para que sus solicitudes sean atendidas oportunamente.
Rosil Santos reconoce que los jueces deben colaborar cuando existen suspensiones o períodos vacacionales. Sin embargo, considera que una designación que se prolonga durante casi tres meses —cuando la ausencia del juez titular se extenderá aproximadamente un año debido a su participación en el programa de formación— deja de ser una medida excepcional y se convierte en una decisión arbitraria.
Pero el planteamiento de la jueza va más allá de la carga laboral. En su escrito sostiene que la Corte Suprema tiene la obligación de nombrar jueces para cubrir las vacantes temporales y garantizar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Por ello, afirma que mantenerla al frente de dos juzgados constituye una designación que «viola derechos y garantías constitucionales que protegen los derechos laborales» y lamenta que la institución encargada de impartir justicia emita resoluciones que, a su juicio, son «contrarias a las normativas internacionales, constitucionales y normas ordinarias vigentes».
La respuesta del secretario no entra a valorar esos señalamientos. El documento se limita a justificar la decisión por razones de necesidad institucional y disponibilidad de personal.
UN PROBLEMA QUE LAS CIFRAS YA ANTICIPABAN
La falta de jueces ocurre en un contexto que La Hora documentó desde el año pasado.
Con información oficial obtenida mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, este diario estableció que Guatemala cuenta con apenas 7.7 jueces por cada 100 mil habitantes, menos de la mitad de los 17 jueces por cada 100 mil habitantes que suelen utilizarse como referencia internacional para garantizar un acceso adecuado a la justicia.
La desigualdad también se refleja territorialmente. Mientras el departamento de Guatemala concentra 16 jueces por cada 100 mil habitantes, Alta Verapaz apenas alcanza 3; Quiché, 3.43; y Chimaltenango, 4, evidenciando profundas diferencias en la capacidad institucional para atender la demanda de justicia.
Especialistas consultados entonces advertían que esa escasez inevitablemente terminaría traduciéndose en sobrecarga laboral, retrasos procesales y mayores obstáculos para acceder a la justicia. Los documentos ahora conocidos muestran cómo esa advertencia comienza a reflejarse dentro de los propios juzgados.
PARADOJA DE LOS NOMBRAMIENTOS
La admisión de la Secretaría coincide con un momento especialmente sensible para el Organismo Judicial.
En las próximas semanas, el pleno de la Corte Suprema deberá resolver 145 plazas vacantes —91 de jueces de Primera Instancia y 54 de jueces de Paz— distribuidas en distintos departamentos del país. De acuerdo con al menos cinco fuentes judiciales consultadas por La Hora, ese proceso ya comenzó a negociarse mediante una distribución de cuotas entre el bloque dominante de magistrados.
La coincidencia resulta llamativa. Mientras la institución reconoce oficialmente que no dispone de jueces suficientes para cubrir ausencias temporales, mantiene pendiente uno de los procesos de nombramientos más importantes de los últimos años.
No se trata únicamente de cargos administrativos. Esas plazas definirán quiénes conocerán capturas, primeras declaraciones, medidas cautelares y buena parte de los procesos civiles y penales que ingresarán al sistema judicial durante los próximos años.
LA CÁMARA QUE RECONOCERÁ EL RECLAMO
La inconformidad de la jueza fue planteada ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Teódulo Idelfonso Cifuentes Maldonado e integrada además por Flor de María García Villatoro, Flor de María Gálvez y Estuardo Cárdenas.
La integración de ese órgano cobra relevancia por el contexto institucional. Cifuentes y García Villatoro fueron denunciados meses atrás por presuntos nombramientos irregulares de magistrados de Sala, mientras que Gálvez y Cárdenas integran el bloque disidente de la Corte y anteriormente habían cuestionado varias de las decisiones impulsadas por el bloque dominante, al considerar que excedían las competencias constitucionales del pleno.
La Hora consultó a la Corte Suprema si reconoce que el Organismo Judicial enfrenta un déficit de jueces para cubrir las vacantes temporales y permanentes; si considera viable que un juez atienda simultáneamente dos órganos jurisdiccionales; cuál es su postura frente a los señalamientos de la jueza Rosil Santos sobre una posible vulneración de derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, al cierre de esta edición, la institución no había respondido a las consultas.
La decisión que adopte la Cámara o la Corte Suprema no solo determinará si la designación de la jueza se mantiene o se modifica. También pondrá a prueba la respuesta institucional frente a una realidad que la propia Corte Suprema terminó reconociendo en un documento oficial: la falta de jueces ya no constituye únicamente un problema estadístico, sino una limitación que comienza a condicionar el funcionamiento diario de los tribunales.
