La iniciativa de Ley de Aguas que el Organismo Ejecutivo trabajó durante más de un año llegó finalmente al Congreso de la República, pero lo hizo mediante una estrategia política distinta a la habitual: en lugar de ser presentada directamente por el Gobierno, fue impulsada por un grupo multipartidario de diputados para aumentar sus posibilidades de avanzar en el proceso legislativo y evitar que quede estancada, como ocurrió con decenas de propuestas anteriores.
Esto se da en el marco de un enfrentamiento entre el oficialismo y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuya última acción ha significado la interpelación de todos los ministros del Gobierno (excepto uno) y por ende, el arraigo de los mismos quienes no podrán abandonar el país mientras la medida se mantenga vigente.
También el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, según documentó la nota de La Hora, El IUSI y el pacto que lidera Sandra Torres, con fines políticos en contra de Bernardo Arévalo y Neto Bran, el impulso para aprobar la iniciativa también respondió a intereses políticos que buscan afectar y debilitar financieramente a municipalidades dirigidas por adversarios de la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, y de otros actores, como Felipe Alejos, de Todos, y Luis Aguirre, de Cabal.
EL APOYO MULTIPARTIDARIO
El proyecto, identificado con la iniciativa 6816, fue firmado por legisladores de distintas bancadas que integran la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, con el objetivo de construir un respaldo político desde el Legislativo antes de iniciar su discusión.
Los diputados firmantes del proyecto son el oficialista José Carlos Sanabria Arias, Juan Carlos Rivera Estevez, Randy Araely Coc Figueroa, Mirna Victoria Godoy Palala, César Augusto Fión Morales, Samuel Andrés Pérez Alvarez y Mercedes Rosario Monzón Escobedo, todos miembros de la citada comisión legislativa.
A pesar que en la comisión hay dos miembros de la UNE, ninguno firmó la iniciativa, según el mismo documento presentado.
El diputado José Carlos Sanabria, ponente de la iniciativa, explicó que la decisión de presentar el proyecto desde el Congreso respondió a una estrategia acordada entre los parlamentarios que participaron en su elaboración. Según indicó, se buscó que la propuesta naciera con un respaldo multipartidario para facilitar su trámite en la comisión y posteriormente en el pleno, en lugar de ingresar como una iniciativa exclusiva del Organismo Ejecutivo.
La iniciativa 6816 sobre la ley de aguas: un paso necesario hacia el consenso hídrico
La apuesta busca romper con un historial de más de siete décadas de intentos fallidos. En ese período, el Congreso ha conocido al menos 37 iniciativas relacionadas con la regulación del recurso hídrico, pero ninguna ha logrado convertirse en ley.
La necesidad de una normativa específica está prevista desde la Constitución de 1985. El artículo 127 establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y dispone que su aprovechamiento, uso y goce deben regularse mediante una ley conforme al interés social.
Sanabria afirmó que la iniciativa de ley 6816 es el trabajo que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, realizó en diferentes partes del Ejecutivo, como lo fue el diálogo y análisis con varios actores, el cual llevó varios meses.
El legislador agregó que se busca que avance la normativa para cuidar de mejor manera el recurso que es escaso, la producción, los territorios, y en concordancia con lo que ha venido trabajando el gobierno de Arévalo, es impulsar iniciativas de ley, que se debatan en el pleno Legislativo para que haya un beneficio al país.
«La dinámica de la comisión de Ambiente es que están conscientes de impulsar la discusión de la ley, conscientes de que el Congreso tiene la oportunidad de convertir esa iniciativa en historia, para crear una normativa del recurso y que haya una mejor administración del agua, pues no tiene color partidario y sostiene la vida del país, por lo que es un compromiso de los integrantes de esa comisión plasmar el apoyo a la iniciativa», agregó Sanabria.
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ORDENAMIENTO, COBRO Y USO
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fue el encargado de mesas con actores de la sociedad civil para elaborar dicho proyecto de ley, por lo que la titular de esa cartera, Patricia Orantes, afirmó que el mandatario Arévalo decidió no enviar la iniciativa de ley de aguas, sino que fue acogida por congresistas de varios bloques legislativos, entre ellos de la comisión de Ambiente.
«La propuesta no pertenece a un gobierno, a un ministerio, ni a un partido político ni bancada legislativa, sino que es una ley que necesita el país para asegurar el agua a la población, a la producción económica y a la naturaleza», resaltó Orantes.
A la vez, la funcionaria reconoció que la propuesta de ley no nació de cero, sino que se construyó de otros proyectos que se han presentado en el Congreso, pues se tuvo la responsabilidad de analizar todas las iniciativas.
Orantes enfatizó que la iniciativa de ley busca crear beneficios, pues en la actualidad no hay una normativa y no se puede hacer nada respecto al agua, porque nadie tiene el mandato de manejarla, por lo que la legislación específica permitiría construir infraestructura nacional para captar, almacenar y distribuir agua donde se necesita, y mencionó que en el país solo llueve seis meses y ahora la lluvia es menos, por lo que cobra importancia almacenar ese recurso.
Entre el contenido de la iniciativa de ley se establece crear un sistema de administración de derechos de uso, no de propiedad, porque la Constitución indica que el agua no es privatizable y le pertenece al pueblo por lo tanto, lo que se puede hacer es administrar derechos de aprovechamiento.
Asimismo, la ministra de Ambiente resaltó que la ley busca trazar una frontera entre el agua para el consumo humano, es decir para la gente y sus casas, para la agricultura familiar y la ganadería familiar, por lo que la normativa «no se mete con ellos», y podrían seguir usando los ríos, porque el derecho del agua es «sagrado».
Pero en la normativa se propone crear un sistema de derechos de aprovechamiento, licencias, cánones para las empresas que utilizan el agua, que es del pueblo, para sus procesos productivos, que generan rentabilidad y ventas, y es para eso que se fija un canon, el cual no es nada particular del país, pues funciona en otras naciones.
Orantes explicó que el cobro del canon será utilizado para recuperar bosques en la cuenca del río para que siga fluyendo el recurso hídrico. Además, los fondos deberán utilizarse para la descontaminación de las aguas.
En dicha propuesta de ley se busca modificar un artículo del Código de Salud, donde se indica que las municipalidades son las únicas que deben tratar las aguas negras, pero no lo están haciendo, y al menos del 10 por ciento del agua que se consume en las viviendas es tratada, por lo que la ley establece que los gobiernos municipales ya no lo harán, y la nueva autoridad del agua hará «grandes» inversiones para el tratamiento de aguas negras y no seguir contaminando otras aguas.
«La ley a lo que viene es a devolver la seguridad hídrica al país, porque hoy el país está transitando muy rápido de la abundancia a la escasez por la contaminación, deforestación, el cambio climático, y la sobreexplotación de las aguas subterráneas, así que necesitamos esa ley como de emergencia».
Por último, la ministra de Ambiente espera que tan pronto sea leída la iniciativa en el Pleno Legislativo para que se remita a la comisión. Según ella los integrantes están conscientes de lo que sucede en sus distritos, ya que en este año han muerto 250 cabezas de ganado solo en Jutiapa relacionado con la falta de agua, y la agricultura y ganadería se están quedando también sin agua.
Es por ello que se espera que los diputados, que tienen conocimiento de la iniciativa de ley desde hace semanas, logren el dictamen favorable.
