El cineasta productor de películas como Joker (Guasón) o The Ghostbusters Afterlife (Cazafantasmas: Más allá) es señalado de estafar a inversionistas por más de USD 100 millones, según una investigación federal de EE. UU.
Se trata de Jason Cloth, el fundador y director de Creative Wealth Media, un grupo de empresas financiadoras de cine y televisión.
Cloth ha sido productor ejecutivo de más de 70 largometrajes y, a la vez, ha proporcionado préstamos. Sin embargo, un gran jurado federal en Chicago, EE. UU., lo acusa de presuntamente estafar a sus clientes por más de USD 100 millones.
La acusación señala que Cloth solicitó a inversores que participaran en supuestos proyectos de cine y entretenimiento.
Jason Cloth, de 60 años y residente de Beverly Hills, California, está acusado de siete cargos de fraude electrónico. Fue arrestado esta semana en Los Ángeles, California, y ya compareció por primera vez.
Según la acusación, Cloth, a través de su empresa Creative Wealth Media Finance Corp., con sede en Canadá, captó a diversos clientes, incluido un asesor de inversiones en Illinois, para que invirtieran en supuestos proyectos de cine y entretenimiento o para financiar una plataforma de inversión en entretenimiento de juegos.
Esto habría ocurrido entre 2019 y 2026, y habría obtenido fraudulentamente más de USD 100 millones del asesor de inversiones de Illinois, sus clientes y otros inversores, basándose en declaraciones falsas sobre el rendimiento y el valor de sus inversiones, según la investigación.
ESQUEMA PONZI
El Departamento de Justicia explica que el mecanismo de fraude encaja en lo que se conoce como esquema Ponzi, donde se utilizan fondos de inversores para pagar a inversores anteriores.
Debido a los señalamientos, se solicitó la confiscación de los bienes de Cloth por un monto mínimo de USD 12.25 millones correspondientes a los proyectos identificados en la acusación.
El Departamento de Justicia detalla que cada cargo de fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión federal.
No obstante, la Justicia de EE. UU. hace la aclaración al público que «una acusación formal no constituye prueba de culpabilidad. El acusado se presume inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable», se lee en un comunicado oficial.
