Víctor Ferrigno F.
Con la elección de Dina Ochoa y Luis Rosales como Magistrados titular y suplente, respectivamente, para la Corte de Constitucionalidad (CC), el riosmontismo resucita, y dentro del Pacto de Corruptos hegemonizarán los masacradores impunes, que antes ensangrentaron al país con la estrategia de tierra arrasada, y ahora plagan los campos con cadáveres de niños que mueren de hambre.
Anoche, en el Congreso de la República eligieron a los operadores políticos que, además de garantizarle impunidad al Pacto de Corruptos, posibilitarán la candidatura de Zury Ríos Sosa, la hija del genocida. Los principales gestores de esta vergonzante elección fueron Álvaro Arzú, el hijo del Gran Capitán, y su empleado, Allan Rodríguez, actual Presidente del Parlamento. Así, los oligarcas de horca y cuchillo se alían con la estirpe militar que, ahora, lidera el narcotráfico y financia los aparatos electorales, que no partidos políticos.
Con 101 votos, Dina Ochoa Escribá fue electa para un segundo periodo como magistrada de la CC, ya que en 2015 fue designada para ese cargo por el Presidente Jimmy Morales, a quien Ochoa sirvió incondicionalmente, emitiendo resoluciones y sentencias para garantizarle apoyo e impunidad, servilismo que hoy le permite cobrar dividendos.
Además de emitir todas las resoluciones que pudo en contra de la CICIG, para proteger a mafiosos como Felipe Alejos, Ochoa fundamentó un voto disidente en contra de la resolución de la CC de impedir la participación electoral de Zury Ríos en 2019, porque la Carta Magna prohíbe la candidatura de parientes de golpistas, como su padre, Efraín Ríos Montt.
Luis Rosal, abogado de Zury Ríos y actual Vicepresidente del Congreso, fue electo con 89 votos, como Magistrado suplente de la CC. Rosal también formó parte del equipo de defensores del general genocida, en el juicio por el Genocidio Ixil, y compartió la directiva del Congreso, cuando el militar la presidió de 2000 a 2004.
Los otros candidatos riosmontistas a magistrados de la CC, que podrían ser electos por la Corte Suprema de Justicia, son Héctor Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, vice-presidenciable de Zury en su fallida candidatura en 2019. Ambos fueron magistrados de la CC en 2013, y participaron del fallo que invalidó la sentencia por genocidio en contra de Ríos Montt, ordenando que se repitiera el juicio, lo cual se hizo y se volvió a probar judicialmente el genocidio, pero esta nueva sentencia ya no alcanzó al general, pues murió antes de ser emitida.
La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) planteo una acción constitucional de amparo en contra del Congreso, pendiente de resolverse, puesto que consideran que el proceso para elegir al magistrado titular y suplente de la CC se realizó sin transparencia; así que la elección reseñada está en vilo.
Son innumerables las voces de ex magistrados de la CC, académicos, políticos probos, y ciudadanos notables que se han pronunciado en contra de esta cooptación de la CC por el Pacto de Corruptos. De igual manera se han manifestado funcionarios de gobierno y congresistas de EE. UU., pero hasta que no extraditen a alguno de estos cafres, no pararán en sus tropelías.
En el país hay hambre, mucha hambre, no hay vacunas ni suficientes servicios médicos, se lucra hasta con pruebas Covid falsas, y todas estas maniobras de cooptación de las Cortes pueden convertirse en detonadores del descontento social.
Vuelvo a advertir que, como un cáncer que pudre al cuerpo social y hace metástasis en las instituciones estatales, el Pacto de Corruptos echa leña al fuego, agudizando las contradicciones contra un pueblo que, más temprano que tarde, estallará por hambre, por pobreza, por exclusión o por pandemia.
