Víctor Ferrigno F.
En su primer artículo, nuestra Carta Magna establece que “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Este mandato constitucional no solo no se cumple, sino que su materialización se aleja, como lo refleja el Índice de Desarrollo Humano 2020 (IDH), presentado ayer, en el que se establece que este año Guatemala retrocedió de la posición 126 a la 127, entre 189 naciones analizadas. Somos pues, un Estado fallido en materia de progreso humano.
Desde hace 30 años, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) emite anualmente un informe que mide el nivel de desarrollo de cada país, atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Este índice busca dimensionar el nivel de vida que experimenta cada nación, para así poder enfocar futuros programas de ayuda internacional en diferentes ámbitos, como infraestructura, educación, salud y fortalecimiento institucional.
Este año, el IDH incluye un nuevo índice experimental sobre el progreso de la humanidad, en el que se integran las emisiones de dióxido de carbono y la huella material de los países, o sea, una medición de la extracción de materias primas en el mundo para cubrir la demanda de cada nación. Este nuevo índice experimental nos ofrece una novedosa visión del progreso humano, que combina el desafío de combatir la pobreza y la desigualdad con la necesidad de aliviar la presión que ejercemos los humanos sobre el planeta. Un IDH ajustado por presiones planetarias, o IDHP, que pinta una evaluación menos optimista pero más clara del progreso humano.
Achim Steiner, Administrador del PNUD sostiene que “El poder que ejercemos los humanos sobre el planeta no tiene precedentes. Frente a la COVID-19, temperaturas que rompen registros históricos, y una desigualdad que se reproduce, ha llegado la hora de utilizar ese poder para redefinir lo que entendemos como progreso, de manera que nuestras huellas de carbono y de consumo dejen de permanecer ocultas”.
El PNUD sostiene que las profundas fracturas sociales –exclusión, pobreza, hambre, analfabetismo, insalubridad- ponen a las personas y al planeta en riesgo de colisión. Afirma que ha llegado la hora de que todos los países, ricos y pobres, rediseñen sus trayectorias de progreso, asumiendo de manera plena el estrés que estamos ejerciendo sobre la Tierra, y desmantelando los enormes desequilibrios de poder y de oportunidades que impiden el cambio, para construir un orden planetario más justo, más humano y más equilibrado.
El Informe considera que las personas y el planeta estamos entrando en una era geológica completamente nueva, el Antropoceno, que se caracteriza por la creciente afectación del planeta por la acción humana. Este concepto, aún polémico, fue lanzado al ruedo por primera vez por el Premio Nobel de química Paul Crutzen, en el año 2000.
Según el Informe, la próxima frontera del desarrollo humano exigirá trabajar con —y no contra— la naturaleza, al mismo tiempo que transformamos las normas sociales, los valores y los incentivos gubernamentales y financieros. Se trata, pues, de lograr un desarrollo humano ambientalmente sostenible, y socialmente incluyente. Lamentablemente, en Guatemala el rumbo del régimen es contrario a esta concepción del progreso humano.
En el IDHP 2020, Guatemala muestra un retroceso general y una ínfima mejoría con relación al 2018, como esperanza de vida al nacer y años promedio de escolaridad, pero en otros tiene un retroceso significativo, como la cantidad de médicos y camas de hospital por cada 10 mil habitantes, un tema relevante ante la pandemia generada por el Covid-19. En materia educativa hay un lamentable estancamiento, pues el conocimiento es la base del desarrollo humano.
Si no frenamos el crecimiento ambientalmente depredador y revertimos la exclusión social, el mundo terminará dividido entre el enorme contingente de los que no comen, y la élite de los que no duermen, esperando que la justicia popular toque a degüello.
