Otrora, a los funcionarios públicos de alto rango solía llamárseles dignatarios. Un dignatario es una persona que ostenta un cargo de mucha autoridad, prestigio y honor. Desde la última década del siglo pasado hasta nuestros días, los puestos de mayor jerarquía en el gobierno han tenido una devaluación asombrosa.
En otras latitudes, los méritos de una persona son el factor principal para que la misma pueda ser nombrada para ejercer un cargo público o para optar a un cargo de elección popular. En Guatemala, los méritos no valen. Lo que aquí pesa realmente, es la cantidad de dinero que pueda aportar el o la aspirante para un pseudo-partido (más bien un vehículo electorero). Las maletas con los 122 millones de quetzales son el mejor ejemplo de lo que verdaderamente priorizan quienes detentan el poder, es el dinero que un financista les pueda proporcionar, sea quien sea.
Más alarmante aún es que entre los mismos funcionarios públicos se ha creado una cultura de ostentosidad que era inconcebible en las postrimerías del siglo pasado. Ministros y diputados, inclusive alcaldes, ahora, cuando viajan al interior o hacia la capital, en el caso de alcaldes, suelen rentar helicópteros, aviones privados y otros medios de transporte (con dinero del Erario, por supuesto), en vez de hacerlo en sus propios vehículos transitando las deterioradas calles y carreteras, confirmando así que ellos mismos son parte del problema, no de la solución. Es más, normalmente transitan las calles en caravanas con varias radiopatrullas, motos y escoltas, abriéndoles paso entre el tráfico y portando sirenas y luces, cual policía en persecución de un criminal, metiéndose incluso en contra de la vía para evitar tramos congestionados. Muchos diputados y alcaldes compran o alquilan empresas constructoras y farmacéuticas, esto con el fin de poder ser parte de las licitaciones que sin duda les serán otorgadas para proveer bienes y servicios con sobreprecios al Estado de Guatemala y sus dependencias.
Este deterioro de la vocación de servicio público ha sido sustituido por la avaricia, tanto de los funcionarios públicos como de quienes los financian. La ausencia de valores en el seno del hogar juega un papel fundamental y explica en gran medida el por qué hoy en día ocupar un cargo público, sea o no de elección popular, usualmente es una licencia para despilfarrar fondos del Estado en lujos innecesarios. La dignidad, y sobre todo la humildad, quedó en el olvido, dando paso a la ostentación y al abuso de poder.
