Trece días han transcurrido desde que fuera redactada la convocatoria a Elecciones Generales y en tan escaso tiempo, ya surgieron las primeras impugnaciones, conocidas también como Recursos de Nulidad. Esto evidencia el inicio de un tortuoso proceso judicial en torno a las candidaturas, ya que, sin importar lo que resuelva el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquier interesado puede impugnar la resolución del TSE ante instancias judiciales hasta finalmente acudir a la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por consiguiente, significa que no será la población la que decida quién participará en la elección o quién la ganará. Esa decisión la tendrán los tribunales, pues ellos resolverán quién quedará fuera del proceso, lo cual hace que el tema sea poco objetivo, demasiado subjetivo. El problema real es la interpretación de la ley, ya que dependerá de quién la interprete y de su conveniencia. Las impugnaciones contra la inscripción podrán plantearse dentro de los tres días siguientes a la publicación de la notificación, durante el periodo electoral, todos los días y a horas hábiles.
Como ciudadanos, podemos ejercer presión a favor o en contra de determinada resolución, dependiendo de esa conveniencia, y esa presión indudablemente se dará a través de las redes sociales. Sin embargo, lo más importante es lo que está en nuestras manos, ejercer presión para asegurar un proceso electoral puro y transparente, pero sobre todo que se respete el voto de quienes ejerceremos ese derecho.
De ahí, mi insistencia en participar, empadronarse, informarse y votar (como se llama una campaña juvenil que está circulando) a favor de quien creamos es la persona idónea para los cargos que se someterán al sufragio, siendo ésta la participación más sencilla. El ideal de nosotros como políticos es que los ciudadanos sean parte de un partido, parte del proceso a lo interno de ese partido, lo cual, reitero, es cada vez más difícil, aunque haya una treintena de estas agrupaciones legalmente inscritas. El sistema actual no inspira y no motiva a ser parte de ese monopolio.
La semana pasada comenté sobre la oportunidad de participar en una Junta Receptora de Votos (JRV), aunque también existe la posibilidad de ser fiscal del partido que creamos podría ser el ganador.
Cada partido tiene derecho a un fiscal por mesa con el fin de vigilar y asegurar el respeto al voto y que el proceso se desarrolle apegado a la ley, especialmente investido de ética y moral, tal como demanda un sistema democrático que prioriza a la persona.
Serán 20 mil mesas donde se votará, lo cual significa que cada partido debería de contar con 20 mil personas vigilando ese voto y el proceso. Lamentablemente, los fiscales no necesariamente deberán ser parte de los partidos, sino que en la mayoría son particulares que cobran, en promedio Q500 el día más la alimentación, lo cual impedirá que haya un cuido genuino y garante del proceso electoral. NO SE VALE que, además, debido al sistema y a la cantidad de partidos, habrá que llevarles hasta la silla en donde deberán sentarse estos fiscales. En mi próxima entrega hablaremos de cómo convertirse en fiscal de un partido.
“Mándenlo al carajo” “Que se vaya al carajo”. El dicho de hoy, proviene de la Edad Media, de las grandes expediciones marítimas cuando los marinos eran castigados con el aislamiento en la canasta ubicada en lo más alto del barco: el mástil, cuyo nombre real es carajo. Era un lugar expuesto al frío, al viento, a la lluvia. De esa manera, cuando querían deshacerse de alguien, ignorarlo o simplemente, castigarlo, solamente había que decir “¡Qué se vaya al carajo!”.
