Por Ana Lucía González
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La imagen de los cuerpos de decenas de niñas dispersas en medio de colchonetas quemadas dentro de una habitación todavía es un recuerdo traumático para quienes llegaron en las primeras horas de la mañana del 8 de marzo al Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Escenas dantescas y traumáticas donde el silencio, la conmoción y el dolor invadieron a los primeros testigos que acudieron a este centro estatal de protección para niños y adolescentes, ubicado en San José Pinula. Una tragedia que ocurrió durante el segundo año de gobierno de Jimmy Morales.
El 8 de marzo de 2017 fue un día fatal que no olvidarán las familias de las 41 niñas fallecidas, como también de las 15 sobrevivientes que quedaron con daños graves. A la fecha, una de ellas se encuentra desaparecida, según Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez.
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A pesar del dolor, la búsqueda de justicia para estas familias no llega. “Desde hace dos años el caso se ha movido a paso lento en los Tribunales de Justicia”, informa Esteban Celada, abogado de la organización Mujeres Transformando al Mundo (MTM) y querellante en el proceso.
Hoy organizaciones como Refugio de la Niñez, Unicef y MTM que llevarán a cabo una serie de actividades para conmemorar la tragedia. Se prepara, además, una campaña de sensibilización respecto a la violencia contra la niñez.
“Podemos reconocer avances, pero tristemente, los problemas estructurales que originaron esta tragedia siguen vigentes. Los cambios de fondo se relacionan modificando a las instituciones responsables de protección de la niñez”, afirma Dubón.
Justicia lenta
Pocos recordarán que ese día también había un grupo de 52 niños que se encontraban encerrados en la capilla del Hogar Seguro, como resultado de una fuga masiva que habían realizado la noche anterior. Ese día también, el hogar dejó de atender a las 640 personas que habitan en el lugar, algunos de ellos con discapacidad.
“Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Recuerdo escenas con claridad y las expresiones de dolor de los cuerpos de socorro. Empezamos a desalojar a los niños con discapacidad, no hubo comida. Una empresa de comida rápida llegó a donar hamburguesas. La desinformación fue la constante ese día y los días posteriores”, indica Dubón.
Las autoridades capturaron a los titulares de la Secretaría de Bienestar Social: el exsecretario Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del centro Santos Torres.
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Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal 7 de Sentencia Penal. Los delitos que se imputan a los acusados son: homicidio culposo, maltrato de personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y lesiones leves.
Celada, como litigante del caso, considera que este se encuentra detenido por falta de voluntad política para empezar el debate, el cual está listo desde 2017. “No se ha respetado el derecho de las víctimas. Se ha pedido a la jueza declaración en anticipo de prueba para algunas de las niñas que no han declarado y ella no ha accedido a esta petición”, manifestó Celada.
UNICEF PIDE FORTALECER SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
En el cuarto aniversario de esta tragedia, Unicef reiteró sus condolencias a las familias y amistades de las niñas que fallecieron y a las que sobrevivieron a esta fatalidad.
De acuerdo con la organización, esta tragedia evidenció que el Estado de Guatemala aún no cuente con un sistema de protección de la infancia suficientemente efectivo, articulado, coordinado y en el marco de respeto a los Derechos Humanos, todo esto bajo el amparo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia.
“Ya han pasado cuatro años de esta tragedia y sigue siendo urgente la construcción de un Sistema Nacional de Protección especial a la niñez que permita al Estado de Guatemala contar con servicios especializados que protejan a los niños, niñas y adolescentes, y programas que fortalezcan a la familia para prevenir cualquier tipo de violación a los derechos de la niñez, ayuden a mejorar los patrones de crianza y a evitar la institucionalización”, indica el comunicado.
Para concretar esta responsabilidad del Estado, Unicef considera urgente que el Congreso de la República retome la discusión de la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley 5285). Asimismo, que en el contexto actual de pandemia que expone a los niños a mayores riesgos, es importante que el Organismo Ejecutivo intensifique sus acciones para prevenir la violencia contra la niñez, expresó.
