El presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Foto la hora: Marco Ugarte/AP
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CIUDAD DE MÉXICO
Agencia (AP)

Grupos empresariales mexicanos señalaron que una nueva propuesta de ley para el suministro eléctrico perjudicaría a los inversionistas y obligaría a los mexicanos a adquirir electricidad a mayor precio de plantas obsoletas y contaminantes propiedad del gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto revertir gran parte del trabajo realizado en los últimos siete años para obtener energía de fuentes renovables a menor costo, principalmente mediante la apertura de plantas generadoras privadas y granjas solares y eólicas.

El proyecto de ley obligaría a dar prioridad al consumo de energía producida en las plantas del gobierno, muchas de las cuales operan a base de carbón y combustóleo. El gas natural de operadores privados y las energías renovables estarían al final de la lista.

López Obrador pretende que el Congreso apruebe la iniciativa en menos de 30 días. Su partido, Morena, señaló que el proyecto es necesario para proteger a la compañía eléctrica paraestatal, la cual —aseguran— está en desventaja en comparación con las empresas privadas.

Los grupos empresariales argumentan que la ley pondría en riesgo los compromisos internacionales de México para la reducción de emisiones contaminantes y perjudicaría a los inversionistas que, de acuerdo a las reglas existentes, realizaron fuertes inversiones en las plantas mexicanas.

Esto «abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado.

La Confederación de Cámaras Industriales señaló por su parte que la iniciativa «condena al país a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico».

El Instituto Mexicano para la Competitividad dijo que la propuesta «tampoco es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética».

López Obrador es un conocido promotor de la industria petrolera y las paraestatales, y ha tenido una complicada relación con el sector privado en sus primeros dos años de gobierno.

Las industrias mexicanas han resultado afectadas desde hace tiempo por el suministro eléctrico poco confiable y relativamente costoso en el país. Una reforma legal de 2013 abrió las puertas para que compañías privadas, la mayoría de ellas extranjeras, realizaran mayores inversiones en el sector.

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