Redacción LH Economía
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Derivado de la transcendencia de la invasión injustificada de Rusia a Ucrania y con el afán de poner sobre la mesa de discusión alternativas y propuestas, La Hora juntó a varios economistas para abordar la problemática, abordar el tema con integralidad y hacer algunas propuestas desde La Hora.
Es un hecho que la guerra entre Rusia y Ucrania, propiciada por el presidente ruso Vladimir Putin, hizo que la recuperación económica mundial retrocediera más de lo estimado para el 2022, teniendo en cuenta que el 2021 fue un año de alto crecimiento por el efecto rebote que provocó el año del confinamiento (2020).
Sin marcha atrás, lo que sucedió en el primer trimestre de 2022 repercutirá en al menos los próximos dos años.
De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que en abril rebajará su actual perspectiva de crecimiento global para este año (4.4%), ya que el conflicto está contribuyendo a aumentar todavía más la inflación y pone trabas al comercio mundial.
La calificadora Moody’s ha elaborado escenarios en donde estiman un crecimiento económico global del 3.4% menor al 4% del pasado febrero.
Es así como los países, además de promover el crecimiento económico que se vio estancado por la pandemia del COVID-19, se enfrentan a nuevas presiones provocadas por los daños colaterales de la guerra.
¿Qué medidas pueden implementar los países para mitigar los impactos? Recordemos que existen dos disciplinas de política económica: la política fiscal y la política monetaria.
En el caso de Guatemala, ninguna de las dos puede cambiar lo que sucede a nivel internacional, cuestión que sí hace la política económica de Estados Unidos, por ello, los estímulos fiscales estadounidenses aumentan el consumo en dicho país y con su efecto multiplicador estimulan las exportaciones guatemaltecas; asimismo, generan trabajo para los migrantes y por consiguiente dinamizan el envío de remesas.
La política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), establece los niveles de interés libres de riesgo para EE. UU. con lo que se convierte en un referente de los costos de los flujos financieros internacionales y provee liquidez a los mercados y economías.
La política económica para países pequeños como Guatemala, en la coyuntura actual, deben orientarse para actuar prudencialmente antes de que los efectos se sientan y a la vez, deben evitar actuar reactivamente como normalmente sucede.
En ambos casos, los efectos se sentirán en algún momento, pero con la primera opción se perciben en menor grado.
MEDIDAS DE POLÍTICA MONETARIA
Entre las medidas de política monetaria para afrontar la inflación internacional se podrían evaluar las siguientes:
Liberar el tipo de cambio y permitir la tendencia de apreciación cambiaria:
El quetzal se fortalece frente al dólar porque tiene una cuenta corriente positiva. Guatemala recibe más dólares de los que necesita para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Una baja o apreciación del tipo de cambio permitiría que la inflación internacional, que se transmite a la interna por medio de los productos importados, sea menor.
El aumento o decremento de la tasa de interés líder:
En teoría, si el banco central aumenta la tasa de interés se debería frenar el crecimiento de la inflación, ya que dicho aumento sube los costos financieros y las decisiones de inversión a nivel microeconómico. Lo anterior sucede en aquellas economías con mercados financieros desarrollados que permiten una transmisión de la política monetaria al sector real.
Sin embargo, en Guatemala esa transmisión no se da, o tiene un rezago muy fuerte de aproximadamente más de seis meses, por ello, al subir las tasas a un ritmo de 0.25 puntos porcentuales cada mes o cada trimestre, los efectos se darían en 2023 cuando posiblemente la guerra haya terminado. Cabe resaltar que subir la tasa de interés por arriba de 1 punto porcentual puede tener efectos más inmediatos, pero afectaría el crecimiento económico del país.
MEDIDAS DE POLÍTICA FISCAL
Por otra parte, las medidas de política fiscal conllevan grandes sumas de dinero, dirigidas a subsidios, reducción de impuestos o transferencias directas. Cualquiera de estas políticas trastorna el desfinanciado Presupuesto Nacional y deben readecuarse los recursos que se usen o se dejen de recibir a nivel de Estado, por lo que su financiamiento será obtenido por medio de deuda pública, la que para Guatemala a pesar de que es moderada, se ha acelerado en los últimos años.
Aunque la aplicación de dichas políticas puede socavar el riesgo económico para la población, no necesariamente figuran como una solución definitiva. En Latinoamérica es común que se utilicen como medidas “populistas”, aunado a la burocracia, esto hace que dichos beneficios no lleguen a toda la población y terminen en destinos diferentes como financiamiento para campañas políticas.
Lo más dañino es el aumento de la deuda pública que se filtra a destinos poco transparentes, además de deteriorar las finanzas públicas a largo plazo.
Con la reciente coyuntura del incremento del precio internacional del petróleo, los subsidios a los combustibles, el gas o la energía eléctrica serían más factibles de implementar. Aunque esto no evitará que los precios suban, suavizará el impacto para no afectar drásticamente el consumo de los hogares (la demanda interna).
Tal impacto dependerá del tiempo que dure la crisis, cuando el subsidio termine los efectos pueden sentirse.
Por otra parte, la reducción de impuestos como el IVA o el Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados es una medida que golpea directamente la recaudación tributaria, además de ampliar el déficit fiscal, así pues, se debe evaluar cuantitativamente qué efecto puede tener la reducción de impuestos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos y cómo se cubrirán esos fondos que ya no se percibirán.
El aumento significativo de los precios de algunos productos puede llevar a los gobiernos a establecer precios topes, lo que también es un escenario peligroso debido a que en mercados poco competitivos u oligopólicos pueden llevar a especulación, acaparamiento, mercado negro y desabastecimiento.
En respuesta, la vigilancia y controles de precios por arriba de los normales en el mercado es una medida sencilla para prevenir la especulación, pero en Guatemala las autoridades no tienen la capacidad sancionatoria para evitar tales prácticas.
En el país vecino, El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado recientemente una serie de subsidios que, aunque no dejan de ser populistas, es importante reconocer que es ejecutivo en sus decisiones, este tipo de ofrecimientos se concretan y logran ambos objetivos: solventar la situación y aumentar su popularidad.
Adicionalmente, Bukele sigue tomando este tipo de medidas, pero su presupuesto se está quedando limitado, el déficit fiscal es de aproximadamente 6% del PIB, la deuda pública representa el 90% del PIB.
Con dichas medidas Bukele está disminuyendo sus ingresos y aumentando los gastos, por lo que sus finanzas se ven perjudicadas. En estos aspectos e indicadores Guatemala tiene más espacio presupuestario para implementar un paquete de medidas, pero carece de la parte ejecutiva para implementarlas.
Pese a esas limitaciones, el Congreso de la República aprobó el pasado 15 de marzo una ampliación presupuestaria de Q745 millones al Ministerio de Energía y Minas, para hacer efectivo un subsidio durante dos meses para los consumidores de combustibles por Q5 el galón de diésel y Q2.50 por el galón de gasolina regular.
Por el momento, esperamos que los mecanismos de verificación establecidos por las autoridades logren garantizar que este tipo de apoyo llegue a todos los guatemaltecos.
