Por camilo villatoro
La tendencia políticamente correcta en estos momentos es emprender una cruzada contra los partidos políticos financiados por estructuras criminales. Esto es mucho más fácil que erradicar dichas estructuras. Por «erradicar» no debe entenderse una campaña militar contra el narco, como la pantomima del hermano Estado mexicano, que con todo el esfuerzo y las buenas intenciones captura importantes capos sólo para descubrir que sus cárceles de máxima seguridad son susceptibles a los efectos del realismo mágico. «Aventuras de Huckleberry Finn» debiera ser lectura obligatoria para los funcionarios del sistema penitenciario mexicano… por si las mentes maestras intentaran otro escape marca Chapo Guzmán: el Tom Sawyer de México.
Ironías internacionales aparte, al Ejército de Guatemala ya se le ha dado suficiente beneficio de la duda sobre sus “funciones dentro de una sociedad democrática”. Su gloria quedó en el pasado, cuando salvaron a la patria del comunismo, a veces vistos en el horror de arrasar poblados enteros. Mal menor: al parecer los comunistas eran en su mayoría pobres e indígenas. Ciudadanos de tercera categoría stricto sensu.
Por acción u omisión, el Ejército (y la PNC) es incapaz de darle mate a la narcoactividad, aquella que financia a los partidos políticos punteros. La selección nacional de fútbol tiene buenos referentes en eso del fracaso institucional. Ojalá la CICIG investigara las estructuras paralelas que devienen en la inutilidad de la institución castrense, con todo el ánimo con que ha esclarecido las redes ilícitas de financiamiento de los partidos políticos. La ineficiencia operativa y la omisión de funciones son, en el mejor de los casos, actos de impunidad.
Dado el contexto, una solución coherente y radical, sería que la sociedad guatemalteca exigiese la legalización de los narcóticos. A fin de cuentas las drogas legales como el alcohol y la televisión están siempre al alcance de nuestros niños. Una cerveza cuesta menos que una botella de agua. No es necesario que la juventud consuma estupefacientes ilegales: ¿qué nos vuelve más estúpidos, fumarnos un churro de mota o pasar una hora escuchando a la señorita Laura o atrofiando nuestra percepción de la realidad con La Rosa de Guadalupe?
Al legalizar las drogas correríamos con la ventaja de la regularización del consumo. La peor tragedia (y pasaría) sería que los señores de la droga, nuevos empresarios bondadosos, empezarían a evadir impuestos y a congregarse en la cámara de comercio para defender sus intereses, lo que suele hacer un empresaurio de la moderna era geológica.
Por sentido común, a la CICIG le correspondería entonces investigar las redes ilícitas de financiamiento a los partidos por parte de los especímenes empresariales, y preparar antejuicios contra ellos, ya que no existiría la excusa del capital ilícito, pues el capital legal y bonito, según su propio informe, financia directamente el 25% de la actividad electoral; porcentaje idéntico al de la financiación directa del capital ilícito: dinero del crimen organizado a secas.
La única propuesta decente de nuestro presidente en funciones, la legalización, era inviable para los intereses del capital nacional y transnacional. ¿Casualidad?
Mas yo no sé, perdonen… me gusta empecinarme en debates estériles. Así transcurro mis días frente al espejo de la intrascendencia: inofensivo molusco hipnotizado por la espiral de su caracola.
