Alfonso Mata
La acción pública en salud
Un problema como el Coronavirus, demanda de una acción pública de búsqueda de seguridad ante los problemas que se generan y de los riesgos y amenazas para la salud. Una atención adecuada de ello, debe tener como centro, la investigación científica.
Dentro de la vida cotidiana, la actividad humana y la necesidad de un desarrollo frenético económico y el consumo excesivo de los productos de la modernidad, hacen que la población se exponga paradójicamente a las personas y a su entorno natural, como amenazas a la salud. A nivel nacional, la seguridad sanitaria como objetivo es, por tanto, fundamental. El tema de la seguridad a través del prisma de la acción pública, tiene importancia política y en estos momentos más que ninguna, la política de salud.
Tratar de entender esto, significa en primer lugar, cuestionar la dimensión política de la responsabilidad de los agentes públicos a iniciativa de las políticas de salud pública, identificando posibles reglas de inferencia para obtener la seguridad sanitaria de los ciudadanos y los logros de esto. Pero por otro lado, el accionar del sistema de salud, sin abrir las puertas del ámbito cultural en que se mueven sus poblaciones (su imaginario colectivo, los comportamientos colectivos correlacionados con los problemas de salud pública en el seno de las organizaciones familiares y colectivas) en estos momentos no se puede hacer, ni permite conclusiones y mucho menos hacer recomendaciones adecuadas y atender, al respecto de riesgos y problemas de salud.
Lo que se hace no se hace bien
Con las nuevas disposiciones adoptadas por el Ejecutivo, la necesidad de un nuevo enfoque de la salud pública en relación al Coronavirus es más que evidente. Pero esa apertura de la vida nacional casi total, lo que permite ante la falta de una postura clara y completa de parte del Estado, son conclusiones parciales e incompletas, al carecerse de una idea exacta del nivel de seguridad sanitaria esperado para el estado sobre evolución y comportamiento de la COVID. El mensaje presidencial resulta entonces algo como decir: hay mire cada uno como sale y sobrevive.
Esta cuestión merece ser abordada con seriedad, para comprender los planes de acción, las capacidades de respuesta y las estrategias que a menudo definen los actores públicos ante los riesgos para la salud que continúan aumentando en la situación actual mundial. Pero sobre todo, conviene saber -para advertencia clara a ellos- quiénes serán realmente los paganos de la fiesta y las consecuencias de ello. En todo caso, los riesgos para la salud, deben ser considerados en su dimensión correcta: ¿qué sucederá cuáles son las estimaciones de daño en cada grupo de población? ¿Dónde está esa información, dónde está el énfasis en la interacción entre el hombre y su entorno social-económico, su estilo de vida y el impacto de la COVID-19, entre el individuo y la sociedad que la engloba?. Sobre esto, no existe en estos momentos ni evidencia ni aproximación alguna, dejando a la mano de Dios a los grupos de riesgo.
Lo que debe evitarse
La irresponsabilidad del Estado entonces es grave. En estos momentos, pareciera que el sistema de salud se ha olvidado de lo que dicta la conocida «Carta de Ottawa» propuesta por la OMS en 1986 y aprobada por los Estados Miembros y según la cual: «La salud requiere una serie de condiciones previas y recursos. En particular, el individuo debe poder encontrar vivienda, acceso a la educación, alimentación adecuada, tener ciertos ingresos, beneficiarse de un ecosistema estable, depender de un suministro sostenible de recursos y tener derecho a la justicia social y a un trato justo”. El gobierno lanzó como una bocanada de lava volcánica el decreto de apertura del distanciamiento social. Pero programas integrales para atender en lo que establece esa carta para las poblaciones de riesgo: incompletos y mal estructurados. Esos son los requisitos previos esenciales para cualquier mejora en la salud.
Para cualquier investigador, la conclusión en estos momentos resulta más que evidente ante la falta de visibilidad de los dispositivos de esa Carta. El decreto pone en mayor riesgo a las poblaciones que viven paupérrimamente o en su borde, y resalta la pregunta. ¿Dónde queda el cumplimiento de los postulados de Winslow? que definió en 1923 como obligación de los sistemas de salud: “La ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, promover la salud física y la vitalidad (eficiencia) mediante la organización de esfuerzos comunitarios para limpiar el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas, enseñar los principios de higiene personal, organizar los servicios médicos y asistenciales, diagnosticar a tiempo y prevenir enfermedades, y desarrollar una organización social capaz de asegurar que cada miembro de la comunidad tenga una forma de vida que le permita mantenerse en buena salud . » ¿Dónde está el programa del sistema de salud en estos aspectos en estos momentos que vivimos?. El campo mismo de la salud pública, como campo de acción colectiva, a diferencia del campo médico orientado hacia lo individual, lo particular, lo singular “a ver a quién salvamos en lugar de detener la contaminación” no goza del beneplácito y una acción serie de parte del Ejecutivo y la población.
No hace falta decir que los países en desarrollo como Guatemala, tienen diferentes capacidades de reacción a la de los desarrollados como Estados Unidos, incluso su vecino Costa Rica, cuando un fenómeno como el COVID-19 ocurre. Sin embargo, la gestión local ante este evento no está exenta de la inferencia en la salud del mundo. De ahí el interés de preguntarse: ¿cómo el Estado enfoca ante el mundo, su solicitud de ayuda y sus trámites en relación con las políticas de riesgo de salud pública que tiene? ¿cuál es el programa solicitado a la ayuda mundial?. En respuesta a ello parece que nuestro Ejecutivo opto por » A partir de ahora, el riesgo debe ser gerenciado y experimentado lejos del Estado. » Sobre esa base sede a las presiones de otros sectores con más capacidad de respuesta y favorecidos por el accionar estatal auto convenciéndose de que el Coronaviurs para su accionar:» Ya no está en el riesgo de proximidad institucional. » . Basta con decir que es el fin de los riesgos políticos y de estado para caer en la administración individual y local.
Acá cabe hacerle una recomendación al Estado. Su obligación es la seguridad de la ciudadanía, de todos. Para utilizar la definición del término seguridad en el sentido, estamos de acuerdo en que existe seguridad cuando una persona o cosa: «No está expuesta a ningún peligro, a ningún riesgo de agresión física o accidente., robo, deterioro”. La seguridad también se refiere al estado o situación de una persona que: «Se siente a salvo de daño», de todo riesgo. Y retomando los análisis de Robert CASTEL: “Siendo la inseguridad – dimensión consustancial a la convivencia de los individuos en una sociedad moderna, le corresponde al Estado jugar el papel de proveedor de protecciones”. De lo que se deduce el comentario de Olivier Borraz, según el cual la seguridad en salud es: “Todas las decisiones, programas y acciones dirigidas a proteger la población frente a todos los peligros y riesgos considerados ajenos al control de las personas y definidos como tales como la responsabilidad de los poderes públicos y su regulación”. Finalmente debe tenerse en cuenta la recomendación de Vicente Lemieux cuando dice que: » La política pública, ya sea en el sector de la salud o en otro sector, puede definirse como los intentos de regular situación con un tema de interés público, en comunidad o entre colectividades».
