Alfonso Mata
En nuestro medio, el Derecho Sanitario y su entramado normativo no es cosa fácil de entender. Para empezar, prevenir para luego no lamentar no se cumple desde los entarimados del entrenamiento en las carreras de salud; no existe un curso de “Prevención de errores médicos o profesionales de la salud y eventos adversos”. Cabe señalar que absurdamente esto se deja solo en manos de abogados.
Para hablar del tema, hay que empezar a partir del concepto “error”, no hay uno solo, hay varios, pero podríamos resumirlo así, el médico: “daño provocado al paciente, por acción o inacción del médico, en el ejercicio de la profesión y sin intención de cometerlo”. Eso implica al menos tres situaciones que se pueden dar en la relación entre el profesional de la salud y la persona consultante: error inevitable, impericia, imprudencia o negligencia.
Desde el plano jurídico ¿Qué debemos entonces tomar en consideración, cuando el profesional tiene enfrente a un paciente? El hecho de que no hay propiamente solo un derecho a la salud; este se debe acompañar de un derecho a la asistencia sanitaria suficiente y de calidad. Esas dos condicionantes hay que aunarlas al momento que se presta un servicio. Debemos tener claro que eso se aplica por igual, al sistema público y privado, ya que el paciente paga el servicio en ambos casos.
Y acá empieza un poco la debacle. Si como profesionales de la salud actuamos bajo la senda de la lex artis ad hoc, para valorar las actuaciones profesionales del médico, la enfermera, el químico biólogo, el odontólogo o psicólogo, debemos tener la plena seguridad que el acceso a recursos institucionales, sean públicos o privados, es el esperado. Si se da cualquier deterioro de relación profesional-paciente por cualquier anomalía en recursos disponibles o circunstancia, eso conlleva corresponsabilidad, pero no esgrime al profesional de un error práctico.
Pero hay algo que resalta: cuando el sistema público como el privado se masifica, de lugar a una mala práctica. Mala práctica es trabajar con el paciente en función de tiempos (usted tiene quince minutos para interrogar, explorar y terapiar) eso es totalmente incorrecto. Si usted no tiene el instrumento adecuado para un procedimiento adecuado, igual de incorrecto. Y así podríamos seguir hablando, pero lo que no podemos dejar de mencionar es que en ello, tanto los colegios profesionales como las instituciones tienen culpa. No hay protesta alguna profesional.
Y el público, la sociedad civil organizada carente de auditoría social, no hace ningún reclamo ante la evidencia que tiene enfrente. El comportamiento político y privado ante el coronavirus, hace ello evidente; no hay equidad e igualdad ni en vacunación, ni en pruebas, ni en acceso a servicios. En otras palabras, ante nuestras narices vivimos la mejor evidencia que no hay propiamente un derecho a la salud, sino más bien un derecho a la asistencia sanitaria sin igualdad ni equidad y sin control de calidad, y de que el concepto de salud entendida como estado de completo bienestar (físico, psíquico y social), según definición de la OMS, está sin cumplimiento alguno, pues si existe tal cantidad de enfermos dentro de una sociedad (casi todas las encuestas nacionales realizadas dan cuenta de que una de cada tres personas adultas no goza de salud o bienestar y uno de cada dos niños padece de desnutrición) pocos son los sanos; los sistemas nacionales de Salud no cumplen con el mandato constitucional. De tal forma que las interpretaciones de los errores y eventos adversos de las profesiones de la salud, no siempre habrán de ser vistos con la necesaria objetividad y con incumplimientos y errores circunstanciales. Un paciente en plena evolución de una enfermedad, luego de una primera consulta en que se le diagnostica y pone una terapia se le cita dentro de X tiempo sin evidencia científica en que basar esa cita y con alta probabilidad de que su enfermedad evolucione y todo por qué: falta de recursos. Eso es un delito.
Es ese pues el universo en que debemos colocar el mundo de los errores médicos, pero están ahí, son una realidad, y habrán de producirse aunque no queramos. En un plano realista e inmediato, lo importante es que los errores médicos sean los menos posibles, por lo que se hace necesaria su prevención.
Pero partamos de otra cosa: aun con todos los recursos adecuados y la organización y administración más eficiente en su totalidad, el error médico es algo inevitable bajo la condición humana e inadmisible desde la óptica profana, que no se dé un solo fallo. Aunque propiamente el error médico inevitable obedece a las circunstancias de tiempo y lugar, también lo es propiciado por el comportamiento humano mostrado por todos los involucrados y de toda una cultura ante la salud y la enfermedad, en que se ejerce la profesión.
Algo a considerar es que con el tiempo, el éxito de la medicina parece volverse contra los médicos, antaño semidioses y hoy simples mortales, aunque esto depende de aspectos culturales también. Los poderes comerciales “venden” los avances tecnológicos al servicio de la población, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y la rehabilitación, concediendo menos importancia a la prevención. La cultura dictamina parte del trabajo profesional también desde el cómo entender la salud hasta el manejo de las enfermedades. Todo ello asume la limitación de la infalibilidad de los profesionales, pero también le impone obligaciones y en general cada vez es más frecuente un ejercicio médico a la defensiva y con precauciones a tal punto que, en muchos casos, ello obliga a más pruebas y más gasto, sin mayor eficacia.
Lo ideal es aspirar a una medicina de calidad, en la que los procedimientos se apliquen atendiendo a criterios científicos y no condicionados por temores invencibles y limitaciones en recursos. Para ello hay que plantearse qué el sistema sanitario debe actuar desde los planes de estudio hasta patrones de organización y control de la práctica médica.
Judicializar la medicina sería tremendo error, pero a la vez no tener un Sistema de Salud óptimo es un delito. La confianza entre las partes, en este caso entre profesionales y pacientes, y entre estos y la administración sanitaria, es ineludible, pues esa relación debe llevar a la calidad a todos.
Es pues evidente que para prevenir errores médicos y eventos adversos se necesita unión profesional-paciente-institución y en esta interacción, deben darse tres condiciones: un comportamiento diligente de todos, el mantenimiento de la capacitación (formación continuada del profesional), divulgación y educación en salud de la población y mejoras organizativas. Esto último es especialmente importante en un sistema sanitario público y del IGSS, que ha de corregir fallos organizativos o ineficiencias en la prestación de servicios, y aspirar a la calidad en salud de cara a evitar litigios judiciales por errores de diagnóstico o de tratamiento. Es indudable que gran parte de los errores médicos son inducidos por la administración sanitaria al no atenerse a estas recomendaciones elementales y mantenerse indiferente ante el aumento de la presión asistencial. Pero también por el público que no se hace responsable de su salud. Toda atención médica tiene como finalidad el beneficio de los pacientes y esto solo se logra si todos ponen de su parte lo que les corresponde, para lo cual son precisos los comportamientos humanos y materiales necesarios y adecuados.
Actuar conforme a la lex artis ad hoc significa hacerlo conforme a las prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente, según los actuales conocimientos científicos. Pero debe existir en igual proporción, un lez artis institucional y del paciente y la población.
