Samuel Flores

Periodista, fotógrafo y catedrático universitario, interesado en la recuperación de la memoria histórica del periodismo en Guatemala. Comprometido con la formación académica de la juventud mediante la investigación, verdad y justicia. Opositor a la corrupción, despilfarro y excesos cometidos por los gobernantes y funcionarios que se han enriquecido a base de la pobreza extrema de la población principalmente en el área rural.

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Samuel Flores

Tras permanecer prófugo de la justica 39 años, el kaibil José Mardoqueo Ortiz Morales, enfrentará la justicia por su implicación en la masacre “Dos Erres”, La Libertad, Petén, ocurrida del 5 al 7 de diciembre 1982, donde fueron ejecutados unos 212 niños, mujeres, adultos mayores a manos de una patrulla militar que montó un operativo en búsqueda y recuperación de 22 fusiles robados por miembros de las FAR.

Ortiz Morales, de 59 años, tiene vigente una orden de aprehensión por asesinato y delitos contra acciones de lesa humanidad, y el MP lo señala de haber integrado la patrulla militar que ejecutó a más de 100 indígenas y campesinos en la comunidad “Dos Erres”. La masacre se registró durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt (1982-83).

Otros implicados en esa masacre –documentada en el informe interdiocesano –GUATEMALA: NUNCA MÁS– fueron sentenciados a condenas que van de 5 mil 150 años, a 6 mil 60 años. Entre los condenados figuran el cabo Gilberto Jordán, de 64 años; los ex kaibiles Pedro Pimentel Ríos, Manuel Pop Sun, Reyes Collín Gualip, Daniel Martínez Méndez, Santos López Alonzo, y el subteniente de reserva Carlos Antonio Carías López.

Los militares implicados en esta matanza provocaron terror, llanto, dolor, tristeza e incertidumbre a decenas de familias de la comunidad referida. Cumplían órdenes superiores, sin embargo, no existe justificación para asesinar a inocentes.

Pese a su participación en la masacre, hasta el 2010, varios de los enjuiciados y el oficial Carías López, estaban de alta en diferentes secciones y departamentos del Ejército, donde cobraban sus sueldos con diferentes rangos y actividades.

Este es uno de los capítulos sangrientos del Conflicto Armado Interno que dejó más de 200 mil víctimas, un millón de desplazados, violación a los derechos humanos. El artículo “Resistencia y Lucha por la Defensa y Recuperación del Territorio y el Acceso a la Tierra en Guatemala”, redactado por el defensor de los Derechos Humanos y campesino maya kaqchikel, Leocadio Juracán, afirma que durante la guerra interna se registraron más de 660 asesinatos colectivos en toda la República como una práctica represiva del Estado hacia los indígenas y campesinos que defendían sus derechos.

De acuerdo con la sentencia, más de 40 soldados y una patrulla kaibil, salió de la Base Aérea de Santa Elena, Petén, hacia el parcelamiento las “Dos Erres”. La madrugada del 7 de diciembre del 82, el grupo de asalto comandado por el subteniente Carías López, desalojó a los pobladores, utilizando violencia y malos tratos a fin de concentrar a los hombres y ancianos en la Escuela Rural Mixta local, y a las mujeres y niños pequeños en la Iglesia Evangélica.

Violaron a las mujeres –incluidas niñas, mujeres embarazadas y ancianas–. Algunos niños fueron asesinados a balazos. Tras un violento interrogatorio, hombres, mujeres y ancianos de diferentes edades, fueron ejecutados por golpes en la cabeza con almáganas, y para ocultar sus crímenes los cadáveres fueron arrojados al pozo, al cual también hicieron disparos de arma de fuego y lanzaron granadas de fragmentación. Al resto del grupo les dieron muerte a disparos rumbo a la montaña.

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