Walter Juárez Estrada
El presidente del Congreso, Allan Eduardo Rodríguez, ha sido un artífice de los actos corruptos, siendo una pieza clave del presidente Giammattei, contando con diputados que se han plegado a los designios del gobernante, que no ha cumplido las promesas de campaña, cuando aseguró que su prioridad en su mandato sería “combatir la corrupción”. En la práctica todo ha sido una farsa de un político cuya ambición es gobernar y desoír las exigencias de la población, especialmente en estos días donde la pandemia se ha disparado y la muerte de muchos guatemaltecos.
La Ley de Contrataciones del Estado es “un cheque en blanco” para que los alcaldes hagan negocios espurios. Rodríguez, luego que los diputados que secundan sus acciones, vociferó diciendo “que era un acto histórico”. Las corporaciones tienen vía libre para manejar su presupuesto, es decir que las compras de bajo costo podrán hacerse hasta por Q100 mil, las directas por Q200 mil y las cotizaciones un límite de Q2 millones. En la sesión histórica donde se aprobó ese absurdo estaban presentes alcaldes de varias regiones, quienes eufóricos aplaudieron tremenda torpeza.
Si bien es cierto que las corporaciones ediles gozan de plena autonomía han abusado de ese derecho, hacen chinche su presupuesto, recetándose salarios elevados, dietas y otras prebendas, poniéndose ejemplos los alcaldes de Antigua Guatemala, Mixco, Villa Canales y otros, esquilmando el presupuesto de sus municipios, que están en abandono.
El presidente Giammattei, debe vetar la ley y acceder a las peticiones de colectivos sociales y sectores que censuran la aprobación de Ley de Contrataciones que conlleva un acto absurdo y abusivo y puede considerarse que es una plataforma anticipada de las próximas elecciones, pues se ha sabido que la mayoría de alcaldes se reeligen con falsos ofrecimientos con el patrocinio de narcos que entregan fabulosas cantidades de dinero en las campañas políticas, para demandarles a los jefes edilicios con el aval de los comisarios policiacos para que puedan operar con libertad.
Si bien es cierto que los alcaldes tienen derecho discrecional para manejar su presupuesto, también es cierto que no pueden hacer negocios ilegales. Es recomendable que la Contraloría de Cuentas, ejerza función fiscalizadora. De no hacerlo, sería cómplice de los negocios de los alcaldes que de la noche a la mañana se hacen millonarios. De no vetar
Giammattei dicha ley, se tiene vía libre para impugnarla para que no cause efecto, pues se reitera que es una acción corrupta de los diputados oficialistas que se han plegado a los designios del gobierno, mediante ofrecimientos, pues avalaron la aprobación de la monstruosa ley para que los alcaldes hagan micos y pericos de su presupuesto en perjuicio de los vecinos que exigen se les otorguen beneficios públicos, como agua potable, mejora de las vías de comunicación y otros.
La actual Legislatura ha sido duramente censurada. Esta por concluir su período de sesiones y no ha elegido a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, pese a que el l3 de octubre del 2019, los togados cumplieron los 5 años que dice la Constitución.
