La participación ciudadana debería ser el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos; en este contexto la participación cívica y ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local, además promueve una democracia participativa a través de la integración de la comunidad en los diversos espacios de su entorno.
El sistema político debe ofrecer y facilitar procesos de interacción de la población con aquellas entidades que tienen dentro de sus funciones promover la participación de la sociedad civil, esforzando así todas las acciones que permitan que la población se sienta atraída, creando verdaderos esquemas de confianza institucional para el establecimiento de una cultura ciudadana que permanezca en los tiempos y espacios de la población en general.
Un verdadero sistema democrático en Guatemala va permanecer siempre y cuando existan verdaderos mecanismos e instrumentos de participación ciudadana: cuanto más alto es el nivel de participación de la sociedad en los procesos políticos, económicos y sociales, más democrático será este sistema.
El ejercicio de la democracia depende de los roles que desempeñan sus habitantes en la sociedad y las formas de ejercer el poder de las autoridades electas. Sin la participación ciudadana, la democracia se debilita; es decir, pierde su representatividad y legitimidad. La participación permite, además, ejercer la ciudadanía en diferentes espacios; por ello, es importante fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción del bien común
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Estos temas son de actualidad para Guatemala, donde hay varias instituciones públicas como el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, Consejo Nacional de Atención al Migrante y el Tribunal Supremo Electoral, entidades públicas que no han ejercido a cabalidad con su mandato constitucional, pero siempre se espera que lo hagan, dándoles el beneficio de la duda para que lo ejerzan tal y como lo dicen sus leyes específicas.
También es importante que nosotros como ciudadanos exijamos que se cumplan esos enunciados institucionales de estas dependencias, participando activamente, exigiendo cumplan con su deber, adaptando esas leyes a las circunstancias actuales, evaluando su funcionalidad y proponer cambios desde nuestras experiencias para que sean verdaderamente un apoyo a la consolidación de un verdadero y anhelado sistema democrático.
Desde el extranjero nosotros los migrantes enviamos un mensaje a las cúpulas de estas instancias a que nos tomen en cuenta y acepten las sugerencias de esta población que ha estado en el absoluto olvido.
Pregunta: ¿Tenemos esos espacios abiertos? O ese derecho solo es para los sectores tradicionales como el CACIF. ¡¡Urge hacer unos cambios constitucionales en estos temas!! Minchitoss.
