Durante 2019 hubo más de 250 mil guatemaltecas y guatemaltecos, más de 250 mil hondureñas y hondureños y casi 100 mil salvadoreñas y salvadoreños aprehendidos en la frontera sudoeste de los Estados Unidos. Estos son los resultados de problemas profundamente arraigados en la región como la inseguridad, la fragilidad de los sistemas político y judicial, los altos niveles de pobreza y el desempleo. Aunque la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con Alejandro Giammattei para conversar acerca de soluciones innovadoras que impacten en las condiciones de vida para las personas y, así, reduzcan la migración, el Gobierno de Guatemala no hace más que atender los síntomas.
Las caravanas de migrantes provenientes de Honduras han sido una constante desde la administración de Jimmy Morales, pero Alejandro Giammattei no hace más que decretar estados de excepción para atenderlas y eso no tiene nada de innovador. Con la transición del Presidente Biden, también cambió el enfoque en la política para Centroamérica. La construcción de muros fue sucedida por la generación de oportunidades y la promoción del desarrollo. Los Gobiernos, en particular el de Guatemala, deben cambiar su modo de actuar si pretenden aprovechar la ayuda económica que se va a desembolsar en la región.
En primer lugar, es necesario comprender que para el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris la cuestión de los derechos humanos es primordial en la situación migratoria de Centroamérica. En tanto no se satisfagan las necesidades básicas y no se garanticen las condiciones de vida digna a las ciudadanas y ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, no se detendrá el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y, las condiciones de vida digna y los derechos humanos sólo se pueden garantizar por medio de servicios y políticas públicas, que para su implementación requieren recursos. Para lograrlo, la Ley para el Mejoramiento del Compromiso Estados Unidos-Triángulo Norte contempla la implementación de reformas fiscales. La clave está en orientarlas hacia la informalidad, la evasión de impuestos y el fraude fiscal.
En segundo lugar, para el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris la transparencia es una cuestión fundamental en el fortalecimiento de las instituciones públicas y el establecimiento del Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador. Para lograrlo, será útil que se amplíe la implementación de la conectividad digital y el uso de la tecnología al sector gubernamental. De esa manera se cumpliría con la iniciativa de apoyo para el fortalecimiento del acceso a la información. Estados Unidos, a través de sus dependencias, ya lo ha hecho con la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Sin su ayuda será imposible la transformación digital.
En tercer lugar, para el Presidente Biden y la Vicepresidenta Harris el combate a la corrupción es un elemento esencial para la reconstrucción de la democracia en la región centroamericana. Para lograrlo se contempla el apoyo técnico a instituciones, fiscales y medios de comunicación. El periodismo de investigación y la persecución penal son esenciales para terminar con la impunidad. En la construcción de sus estrategias, este es un aspecto que no puede faltar.
Durante 2021 habrá muchos cambios. La cuenta regresiva de los 180 días para aplicarlos empezó a partir del 22 de diciembre de 2020. Ricardo Zúñiga, Enviado Especial del Presidente Biden para el Triángulo Norte; Juan González, Asesor del Presidente Biden para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional; y Kamala Harris, la Vicepresidenta de Estados Unidos, encargada de la crisis migratoria centroamericana; ya empezaron su trabajo. Pronto se verán los resultados.
