David Barrientos
La migración a los Estados Unidos de América no es algo nuevo, incluso los ahora americanos son producto de migraciones; sin embargo, en esta época la migración irregular de centroamericanos tiene implicaciones serias para la seguridad nacional de los Estados Unidos; además, la situación de los menores centroamericanos no acompañados en la frontera entre Estados Unidos y México es sin duda un tema de trascendencia social con implicaciones políticas y económicas en la región, un drama humano digno de atender.
La visita a México y Guatemala de los funcionarios designados por la administración Biden, los señores: Juan González y Ricardo Zúñiga, Asistente Especial del Consejo de Seguridad Nacional y Enviado Especial del Departamento de Estado, respectivamente; quienes han expuesto en recientes declaraciones la preocupación y atención que la administración del Presidente Biden le dará al manejo de la migración, siendo este el tema central de tal visita, aspecto que ha generado diversas expectativas, al extremo que se han sacado de contexto las declaraciones de los mencionados funcionarios, en el marco de la polarización ideológica y corporativa que vive el país, con justificados temores porque puede dejar fuera a algunos actores acostumbrados a vivir del señalamiento, el caos y la inestabilidad, en lugar de contribuir a reducir este fenómeno social de gran impacto negativo como consecuencia de años de descuido.
En consecuencia, el señor González refiere que la única forma de manejar el flujo migratorio es invirtiendo en seguridad y prosperidad en Centroamérica, diagnóstico por todos conocido y poco atendido, que al parecer cobra importancia en la actualidad, sobre todo en el marco de la anunciada visita, misma que supone una iniciativa con antecedentes en la administración Obama, que no se concretizó y ahí el detalle de la expectativa de su materialización. Sin embargo, en las declaraciones recientes se ha mencionado que los socios de tal plan de seguridad y prosperidad serán: los gobiernos locales, sociedad civil y el sector privado de los países en cuestión, con los cuales se combatirá la corrupción como eje central.
Un aspecto de relevancia en lo manifestado públicamente por los designados especiales es que el tema de apoyo por la sociedad civil no es un tema ideológico, haciendo énfasis que no importa si es izquierda, derecha o centro; si no una sociedad que demande transparencia y objetividad; aspecto complicado en una sociedad que vive en una confrontación ideológica que ha arrastrado a la institucionalidad misma. El manifiesto también incluye a los organismos nacionales de combate a la corrupción que existen o se han creado, corrigiendo los defectos atribuidos a los mismos y por los cuales se han debilitado o terminado.
Por último, el señor Zúñiga envía tres mensajes enfáticos; primero, que la frontera está cerrada para la migración irregular; segundo, que los Estados Unidos sigue siendo un país de asilo y refugio; y tercero, que hay que mejorar las condiciones de los centroamericanos; mensajes citados de menor a mayor complejidad, que genera muchas expectativas e inquietudes razonables fundamentadas en la experiencia recién pasada; ojalá pese la objetividad en los esfuerzos que se avecinan; de lo contrario solo esperemos más polarización y perversidad.
