Flaminio Bonilla Valdizón
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Ratifico como en anteriores ocasiones, que la posición de la autoridad debe ser drástica en la persecución de los delitos y en la correcta aplicación de las penas por parte de los juzgadores. Para nosotros no hay distingo en la clase del delincuente; quien transgrede antijurídicamente una norma, con dolo o culpa, debe ser objeto de una sanción impuesta por la sociedad a través de la autoridad judicial competente. El problema de fondo, la piedra de toque, estriba en la impunidad con que los delincuentes circulan y en la inacción de los TRES ORGANISMOS del Estado en la persecución de los delitos y de los delincuentes. No basta la aprehensión, juzgamiento y sanción del simple raterillo, del vulgar ratero que arrebata un celular, un bolso o un par de zapatos a un adolescente como él. Debe investigarse, aprehenderse, juzgarse y sancionarse al ladrón de cuello blanco como estos constructores con su corrupción. El Estado está podrido y con vienen grandes empresarios, una mafia criminal como: Álvaro Mayorga Girón, uno de los aliados del cártel del PP, Juan Luis Tejada Arqueta, José Luis Rodrigo Aguera Urruela, Rafal Ángel Díaz Fión, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga, Allen Robert Krebs Wickfors, Juan Arturo Jegerlernas Morales este es el abogado y concuño de Alejandro Sinibaldi Aparicio, y otros más como estos prófugos exministro de Comunicaciones, José Luis Benito y William (Billy) Balz Gallardo, otro prófugo Erick Estuardo Dehesa, sus sobornos y coimas; este corrupto Alejandro Matheu Escamilla, ahora la empresa –SCM- propiedad de este Matheu Escamilla por un monto de Q477 millones 947 mil 452.40, un Contrato de mejoramiento y dragado del rompeolas este y oeste del Puerto Quetzal, este Matheu también es socio de Benito; otros, Raúl Osoy Penados, Jaime Aparicio Mejía, Fredy Chojolán Duarte y otros más. Son estos delincuentes los que comúnmente logran la total impunidad, son estos los delincuentes que quedan sin castigo. Muchos tienen procesos penales, asociación ilícita y lavado de activos, cohecho pasivo, cohecho activo, financiamiento electoral ilícito y muchas más estos ladrones y/o testaferros.
Todos sabemos los motivos que llevan a la situación de la impunidad, lo ha señalado claramente el doctor Guillermo Cabanellas, cuando afirma: «… la causa más común de la impunidad, porque es la que más hiere la sensibilidad colectiva, está representada por aquellos casos en que, siendo conocidos los autores, no se les persigue por razones de orden político, siempre abusivas…» Esto es lo que sucede en nuestro país desde hace décadas. La impunidad está a la orden del día. La corrupción la iniciaron los gobiernos militares y civiles, la han continuado gobiernos civiles como Giammattei, está a la cabeza del gobierno corrupto y más impune y con los funcionarios perversos y depravados, los jueces y magistrados más venales, que ha sufrido esta desangrada tierra en toda su historia como República, ¿seguirán impunes estos funcionarios, ahora nuevos acaudalados? ¿Serán éstos ejemplo para una camada de ricos que deberemos soportar otros cuatro años? Giammattei “insiste en la pena de muerte en acto público”. El presidente es defensor de criminales, como dijo Óscar Clemente Marroquín, en La Hora el 13 de febrero. Giammattei es siempre estúpido y ruin, -la cortina de humo del “debate” sobre la pena de muerte puesto sobre la mesa por el presidente ha llegado al extremo de provocar otra polarización entre la sociedad y hay quienes repiten la patraña de que quienes no están a favor de la pena capital son defensores de los criminales, mientras que aquellos que la promueven, aunque están trabajando hasta horas extra para amañar la elección da las Cortes, son promotores de la “justicia”. El diputado de Semilla, Samuel Pérez Álvarez, en respuesta a Giammattei y Congreso, dijo: “Cortinaza” de humo pero no elegir Cortes y proteger a este miserable y despreciable Ministro Gendri Rocael Reyes Mazariegos, el culpable del aumento de violencia. Este Ministro siempre sabido que su jefe es totalmente prepotente, fariseos, soberbio y cínico; este presidente y su ministro son parte de los poderes fácticos. Porque Gendri Reyes no sabe qué hacer con las niñas asesinadas como que fueran perros, la prensa del domingo 14 de febrero de 2021 en “el Periódico”, Giammattei y los legisladores han desviado la polémica y controversia a la aplicación de la pena de muerte en el país para castigar a los femicidas en Guatemala, por las víctimas de la impunidad. Pero la realidad y verdad, que enfrentan los familiares de las víctimas es distinta. Su mayor temor es que el asesinato de hija, sobrino o prima no quede archivado y su mayor obstáculo es que el caso judicial llegue a una condena. Este Ministro de Gobernación “carece de planes y resultados sobre seguridad”, no sabe qué hacer con la sañas en los crímenes contra mujeres, “las extorsiones y los robos aumentan y su cartera carece de estrategia de prevención”, Reyes están reprochable, corrupto, inmoral, cretino, torpe o ciego, no quiso discutir por la falta de la violación contra ni niñas y mujeres e ignoró a la Comisión de la Mujer en el Congreso y se ha negado a asistir a citaciones.
La pena de muerte en la Convención América sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana; el Pacto de San José de Costa Rica, Guatemala ratificó la CADH el 22 de noviembre de 1969 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978. En Guatemala está en el Principio de unidad en el concepto del Ordenamiento Jurídico, según el jurista, filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, “la unidad en la Teoría General del Derecho, según Bobbio, es predicado tanto en relación a la derivación de todas las normas de una o varios ordenamientos de la misma norma fundamental, como haciendo referencia a la unidad de todas las normas entre sí, a través de la intérprete del Derecho, que ha de eliminar, a la hora de resolver un supuesto concreto, las posibles antinomias, así como ha de integrar las lagunas existentes con normas procedentes del mismo ordenamiento o de otros superiores o parciales. Sin embargo, este último factor de unidad no se consigue de forma plena o absoluta, pese a que la hermenéutica jurídica muestra el esfuerzo constante de la jurisprudencia para considerar al Derecho como un sistema coherente y pleno”. Por ello en el ordenamiento jurídico, la pena de muerte y retirar del orden jurídico guatemalteco.
